Peñaloza dice que valora nuevas medidas de Fiscalía tras levantamiento de su secreto bancario y espera que estos hechos “no se transformen en acciones políticas”
Alcaldesa de Las Condes se refirió al alzamiento de su información bancaria y las de otras siete personas en el marco de las indagatorias por la compra de una propiedad para construir un Cesfam. Dijo que ya solicitó su información para ponerla a disposición de la Fiscalía e indicó que espera que "el resto de los funcionarios haga lo mismo con el objeto de acelerar la investigación”.
La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), se refirió esta tarde al alzamiento del secreto bancario suyo y de otras siete personas que concretó la Fiscalía Oriente.
Esto, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción en la venta de una serie de propiedades para la construcción de un tercer Cesfam en la comuna.
“Me parece muy bien que se tomen nuevas medidas para investigar más profundamente la situación. Cuando conocí de esta diligencia, personalmente pedí toda mi información bancaria para ponerla a disposición de la Fiscalía, y espero que el resto de los funcionarios haga lo mismo con el objeto de acelerar la investigación”, afirmó Peñaloza en una declaración pública.
La alcaldesa además indicó que “siempre he señalado que soy la principal interesada en que se conozca a fondo todo lo sucedido”, y agregó que “también creo importante señalar que estos hechos no pueden transformarse en acciones políticas porque estamos en un año electoral”.
La solicitud realizada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago da cuenta de que el Ministerio Público indagará las cuentas de la alcaldesa UDI; de su administrador municipal, Juan Manuel Masferrer; de Alejandro Contreras, exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan); Ricardo Gutiérrez, exfuncionario de la Corporación de Educación y Salud; Nicolás Lucero, jefe jurídico de Las Condes, y del exdirector de la misma repartición Patricio Navarrete. A los que se suman los propietarios de la empresa Vulcon, el extenista nacional Paul Capdeville y Nelo Travesany.
Todo lo anterior, para conocer si existieron delitos en la compra de parte del municipio dirigido por la militante de la UDI a la empresa Vulcon, especialmente en la adquisición de la “casa 10″, la que se habría comprado con sobreprecio, según la denuncia de los concejales Catalina San Martín (ind. ex-Evo), Patricio Bopp (ind. ex-UDI), Leonardo Prat (ind. Rep.) y Sergio Melnick (Rep.) -representados por el penalista Davor Harasic- ante la Fiscalía.
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