PDI registra aumento de 50% en ingreso de haitianos respecto de 2017

Luego de que la aerolínea Latin American Wings (LAW) anunciara la suspensión de sus vuelos desde Haití hacia Chile por 15 días, apuntando a un alza en el número de haitianos declarados inadmisibles por nuestro país, la PDI informó a La Tercera que entre el 1 de enero y el 4 de marzo de 2018 han sido impedidos de ingresar al país 919 extranjeros de esa nacionalidad a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De ese total, más de 230 ciudadanos no fueron autorizados para ingresar por la misma vía entre el viernes y la madrugada del lunes. De esta forma, se da cuenta de que en cuatro días se impidió el paso de cerca de un 25% del total de haitianos rechazados por la PDI.

De ellos, el viernes fueron reembarcadas 69 personas de nacionalidad haitiana retenidas en el aeropuerto y el martes otras 167. Los dos ciudadanos que aún no son embarcados viajarán a Haití en el próximo vuelo disponible.

La masiva prohibición de acceso a Chile de haitianos coincide con la sostenida alza de los migrantes de esta nacionalidad que llegan a nuestro país.

Según registros de la PDI, durante lo que va de este año han ingresado por el aeropuerto internacional de Santiago 28.038 extranjeros de esa nacionalidad en calidad de turistas. Es decir, en promedio han entrado 14 mil al mes.

Durante 2017, la PDI registró el ingreso de 111.746 migrantes de ese país, lo que promedió 9.312 entradas de haitianos al mes en ese período. Así, se registraría en 2018 un incremento de cerca de un 50% al mes respecto del año pasado.

La interrogante que queda es respecto de la razón de los masivos rechazos de ingreso. Indicaron desde la PDI que "se pudo comprobar que las reservas hoteleras que los ciudadanos haitianos presentaron al momento de realizar el control migratorio eran fraudulentas o estaban adulteradas, correspondiendo todas a un mismo hotel".

Desde la institución explicaron que comprueban la veracidad de éstas a través de oficiales policiales, quienes preguntan al hotel de la reserva. Así, dijeron desde la PDI, son los propios gerentes o encargados del recinto quienes señalan que se trata de reservas falsas y manifiestan su molestia, aludiendo a que es una práctica reiterativa e impiden que verdaderos turistas puedan usar sus dependencias.

En otros casos, se indicó, se puede constatar su falsedad con la misma documentación que presentan los extranjeros, al ver que no coinciden las fechas de llegada al país con la reserva de hotel.

"Las personas y sus familias con las que tuvimos contacto nos señalan, con documentos en mano, que tenían el pasaporte, la documentación y muestra de sustento económico. Sin embargo, la PDI señala que ellos no entregaron información fidedigna sobre dónde iban a permanecer en este tiempo de turismo. Ese requisito no está en la ley, tampoco en el reglamento. Es un requisito totalmente discrecional que aplicó la policía de fronteras". Así cuestionó el accionar de la PDI Pablo Valenzuela, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, institución que atiende a más de 5.000 extranjeros en Chile, un 50% de los cuales son haitianos.

Valenzuela dijo que "nos preocupa el trato inhumano al que fueron sometidos ellos en esta estadía en el aeropuerto", denunciando que "no estaban en un lugar adecuado, sin acceso a un sitio donde dormir, ni siquiera dónde asearse, y sin alimentación, sin personas que sirvieran de intérpretes".

Al respecto, la PDI dijo que los extranjeros fueron dejados en el sector de pasajeros en tránsito y que la misma institución policial se preocupó de entregarles servicios básicos.

Carl Abilhomme, portavoz de la comunidad haitiana en Chile, criticó la situación. "Chile no define bien las condiciones para que alguien pueda entrar o no. Cuando se trata de un negro o de un haitiano, el trato es diferente", indicó.

Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sostuvo que "nos parece que es altamente preocupante y puede constituir una arbitrariedad el exigir ciertos requisitos que no están contemplados en la ley, como, por ejemplo, pedirles el lugar de alojamiento".

Contó que fueron cuatro profesionales del INDH al aeropuerto y pudieron constatar cómo estaban estas personas. "Estaban preocupadas, asustadas y en muy malas condiciones. Prácticamente fueron cinco días los que pasaron en el aeropuerto, sin dinero, sin maletas", dijo.

Agregó que "estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso de amparo frente a esta situación, ya que nos parece grave que se empiece a repetir la prohibición de ingreso de un flujo tan grande de personas".

En la misma línea, la especialista en migración y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Daisy Margarit, dijo que la PDI está aplicando facultades discrecionales para regular el acceso. "Cuando las deportaciones están dirigidas solo hacia personas de una nacionalidad constituyen un claro caso de discriminación", afirmó. Como ejemplo, detalló que "no se registran casos de venezolanos a los que se les apliquen los mismos procedimientos, y eso que sabemos que los representantes de dicha nacionalidad ingresan en un volumen mayor".