PDI allana varias oficinas públicas en Magallanes en el marco de investigaciones por convenios

Varios allanamientos a oficinas públicas en Magallanes realizó este miércoles la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Aysén en el marco de las indagatorias que se están llevando adelante por convenios, presuntamente fraudulentos, entre organismos del Estado con la fundación ProCultura.

El equipo investigativo que viajó hasta la zona austral del país está conformado por funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Aysén, una Fuerza de Tarea con dedicación exclusiva de la Brigada Investigadora Anticorrupción y la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana y el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y Coyhaique, entre otros.

Las diligencias se realizaron en el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, Ministerio de Vivienda, Serviu y la Municipalidad de Porvenir, y estuvieron dirigidas por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien fue asignado en diciembre por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para dirigir esta investigación en todo el país.

“Hemos realizado, en virtud de órdenes judiciales, medidas intrusivas en distintas localidades que dicen relación con la investigación que el Fiscal Nacional me asignó en el marco de ProCultura, caso fundaciones”, explicó en Punta Arenas el fiscal regional, Carlos Palma.

Y añadió: “Creemos que estos lugares pueden existir antecedentes importantes en relación con la prueba de los delitos que estamos investigando. Estamos trabajando con mucha tranquilidad, con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones, también con el Laboratorio, con Cibercrimen en las distintas localidades, grupos distintos a cargo de fiscales que pertenecen a mi grupo de Alta Complejidad”.

Palma explicó que buscan determinar qué es lo que ocurrió, “por eso estamos levantando, en los distintos lugares, medios de prueba para poder esclarecer lo que efectivamente sucedió en este caso. Estamos trabajando en levantar computadores, antecedentes financieros y otra documentación”.

Respecto de si se han tomado declaraciones a personas en calidad de imputados, el fiscal manifestó que “todavía no, en el marco de las diligencias que estoy dirigiendo, no le he tomado declaración a ningún imputado aún; estamos estableciendo primeramente los hechos, levantando la documentación necesaria y posteriormente tomaremos decisiones”.

El persecutor regional prosiguió y aclaró que se están investigando los eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias.

“La investigación por supuesto que es secreta, por lo tanto las conclusiones a las que yo arribe en el marco de la misma se sabrán en su momento por medio de tribunales”, cerró.

La fundación ProCultura nació en 2009, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín y la gestora cultural Ilonka Csillag. Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 se dedicaron a restaurar edificios patrimoniales destruidos en las regiones del Maule y del Biobío. Contaban con sedes en diversas regiones. Cerraron sus puertas a fines del año pasado. En Antofagasta tenían convenios con el Serviu por $ 460 millones.

En febrero de este año el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez Cruz, en calidad de autora del delito consumado de apropiación indebida.