Ministro Cordero respalda tesis de Tohá por campamentos en ley de usurpaciones: “No pueden ser detenidas, pero pueden ser condenadas penalmente”

Ministro de Justicia, Luis Cordero Foto: Juan Farías / La Tercera.

"La regla como quedó exime en el caso de los campamentos no la pena, sino que la detención, entonces esas personas cometen igualmente el delito. No pueden ser detenidas, pero igualmente pueden ser condenadas penalmente", argumentó el titular de Justicia.


El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, entró este viernes al debate por el veto aplicado por el gobierno a ley de usurpaciones y se refirió al artículo que podría afectar a los campamentos o tomas de terrenos no violentas, punto que ha tensionado las discusiones entre el Ejecutivo y los legisladores de Chile Vamos.

En medio de la tramitación del veto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió a los parlamentarios de oposición que el proyecto tal y como fue despachado por ambas cámaras -el pasado 30 de agosto- “puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos”.

La advertencia no cayó bien en la oposición, quienes entregaron una carta a la ministra en la comisión de Seguridad del Senado -presidida por Felipe Kast (Evópoli)- que fue citada para analizar las observaciones del gobierno, donde la emplazaron a retractarse de sus dichos porque -a juicio de ellos- incurría en “noticias falsas” sobre la normativa.

Sin embargo, lejos de retractarse, Tohá explicó que la norma transitoria, que se aprobó en el Congreso y que establece ciertas excepciones para no implementar medidas represivas a campamentos catastrados, sólo se aplicaba para las detenciones (acciones de orden temporal) y para los desalojos. “Nada más”, insistió Tohá, quien precisó que ese artículo no anula eventuales juicios ni posibles condenas que decida un juez.

Argumento que este viernes fue respaldado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que el artículo transitorio incluido por los parlamentarios “excluye la detención, pero no lo aplicación de la pena o la comisión del delito”.

“La regla como quedó exime en el caso de los campamentos no la pena, sino que la detención, entonces esas personas cometen igualmente el delito. No pueden ser detenidas, pero igualmente pueden ser condenadas penalmente”, adujo Cordero en conversación con Radio Pauta.

“Recuerde que la ley de usurpaciones el propósito que tiene es aumentar las penas para quienes cometen ese tipo de delitos -en determinadas circunstancias- vayan a la cárcel, además de eso tiene reglas como la legítima defensa y aquella que está vinculada a la usurpación como una flagrancia permanente, lo que permite la detención no solo por la fuerza pública, sino que también por parte de privados”, explicó.

En ese sentido, según expuso Cordero, la norma transitoria evitaría la aplicación de esa detención, pero no una eventual sanción penal en el marco de un proceso judicial, punto en el que insistió Tohá ante los senadores durante la tramitación del veto.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, llega al Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Cordero por hallazgo de osamentas en dependencias del Ministerio de Justicia: “Es difícil que sea alguien de la oficina”

El ministro Cordero, además, se refirió al hallazgo de osamentas dentro de un contenedor de alimentos en las dependencias de una oficina del Programa de Derechos Humanos.

El hallazgo se produjo a eso de las 20.00 de este miércoles, cuando una funcionaria que realizaba labores de aseo en las dependencias ubicadas en Agustinas 1235 encontrara en un pote de mantequilla con restos dentales y una mandíbula en su interior.

El secretario de Estado explicó que el pote en el que se encontraron los restos humanos “había estado algunos días ahí, hasta que las trabajadoras del aseo tomaron la decisión de tomarlo y se dieron cuenta al abrirlo que existían osamentas”. También señaló que “es difícil que sea alguien de la oficina”.

Sobre los restos óseos encontrados en el entretecho de una casa ubicada en calle Eduardo Castillo Velasco en la comuna de Ñuñoa, que fueron periciados por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, el ministro aseguró no tener antecedentes sobre ese caso.

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