Los cinco elegidos para el codiciado cargo de fiscal judicial de la Corte Suprema

Este miércoles el pleno de la Corte Suprema se pronunció respecto de los candidatos que postulan para suceder a Lya Cabello en el codiciado cargo de fiscal judicial del máximo tribunal, y conformó la quina entre la cual el Presidente Gabriel Boric deberá elegir un nombre para proponérselo al Senado.

Así, tras escuchar las exposiciones de los 12 aspirantes, los ministros seleccionaron a: Juan Manuel Muñoz Pardo, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y quien accede al listado por derecho propio; Jorge Sáez Martin, secretario de la Corte Suprema, que obtuvo 11 votos; Jacqueline Nash Álvarez, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y quien obtuvo 8 votos; Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que tuvo 6 votos, y Jorge Pizarro Astudillo, ministro y actual presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y que recibió 6 votos.

De esta forma, como detallaron desde la Suprema, los antecedentes serán enviados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “para continuar con el proceso de nombramiento”, pues el cargo, como establece el Código Orgánico de Tribunales, no puede permanecer vacante por más de cuatro meses.

Como estipula la normativa, la Fiscalía Judicial es una institución auxiliar de la administración de justicia, presidida por el o la fiscal judicial de la Corte Suprema, quien ejerce como jefe de servicio, y también integrada por otros 35 fiscales judiciales que se distribuyen en las 17 cortes de apelaciones del país. Tienen rango de ministros de Corte y gozan de la misma inamovilidad que los jueces

En términos generales, a los fiscales judiciales les corresponde actuar en los procesos en defensa del interés público y, además, emitir informes en todos aquellos casos en que la ley lo ordena. Entre sus tareas más importantes, por ejemplo, está la labor de investigar o instruir investigaciones disciplinarias al interior del Poder Judicial, ya que la ley les ordena vigilar la conducta funcionaria de los tribunales y de los empleados del orden judicial, exceptuados los miembros de la Corte Suprema.

Por lo mismo, les toca exponer ante eventuales juicios sobre responsabilidad civil de los jueces. También los tribunales podrán solicitarles emitir dictamen en todos los casos en que lo estimen conveniente, a excepción de la competencia en lo criminal.

Cuando ministros de Corte aborden materias civiles, como divorcios, adopciones o filiaciones, deberán escuchar la opinión del fiscal judicial que corresponda, así como también deberán ser oídos cuando dos tribunales se declaran incompetentes para conocer sobre un determinado asunto.

Entre sus labores más conocidas, además, está la de velar por la integridad de las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios, acción que se ha vuelto altamente significativa dada la alta ocupación que presentan los penales nacionales. Igualmente, emiten un pronunciamiento ante solicitudes de procesos de extradición.

Al fiscal judicial de la Corte Suprema, cabe mencionar, le corresponderá integrar el pleno cuando este deba definir ternas para la provisión de cargos de fiscales de Corte de Apelaciones.