Las denuncias detrás de la toma feminista que paraliza a toda la UDP

El pasado 20 de agosto, un grupo de estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales comenzó una toma feminista que sólo resultó ser la primera pieza de un interminable dominó que ahora tiene en jaque a la administración de la casa de estudios por su rápida expansión. El detonante: la violencia de género al interior de todo el organismo.

Las mujeres de la Asamblea Feminista decidieron hablar con La Tercera luego de que este miércoles un comunicado de la rectoría señalara que "las tomas -que lesionan bienes muy importantes de la universidad, en especial su quehacer intelectual- se encuentran sancionadas en las reglas que a todos nos obligan".

Según explica una de las integrantes de la Asamblea, sólo aceptan hablar con reserva de identidad porque, entre las sanciones asociadas a las tomas, están aquellas que se concretan "en amonestaciones orales o escritas, lo cual nos quitaría la opción de participar como ayudantes o adquirir cargos representativos al interior de la universidad; sumarios; suspensiones semestrales y, en el peor de los casos, pueden alcanzar la expulsión de la carrera".

Por eso prefieren el anonimato.

Desde la noche del pasado jueves, las 11 facultades que incorporan el plantel se encuentran en toma.

De acuerdo a las dirigentes del movimiento, los motivos de la paralización son varios, pero el eje central radica en lo que denuncian como "diversas formas de violencia de género que existen en la universidad", considerando no sólo temas de violencia sexual o acoso, sino que aspectos como abuso o violencia verbal en la sala de clases. 

Los mismos relatos apuntan a que la situación explotó por la manera de reaccionar del equipo administrativo ante acusaciones de acoso contra un profesor, ya que no habrían respetado la confidencialidad de la víctima, lo que quebranta la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual, según un comunicado de la Asamblea Feminista de la facultad de Derecho.

De hecho, en el mismo comunicado, el grupo apunta a la directora de carrera de Derecho como quien habría divulgado entre sus pares el caso, que luego habría sido difundido por el jefe del Departamento de Derecho Público. Además, las dirigentes critican lo que apuntan como un desempeño inadecuado de la persona encargada de recibir las denuncias, un abogado de la Dirección Jurídica.

"Él cuestiona todo y el proceso es violento para quienes han sido víctimas. Al entrevistar a las compañeras las dañan aún más porque no es un especialista y se cae en la revictimización. Los administrativos no cuentan con perspectivas de género ni preparación psicológica para atendernos", asegura una de las líderes de la movilización.

Ante este punto, según un comunicado de la Secretaría General de la universidad, existe un protocolo que da cuenta del paso a paso que deben seguir quienes reciben estas denuncias.

"Las reglas procuran perseguir cualquier forma de abuso o violencia sexual o en razón del género con pleno respeto a los derechos y la integridad de todos", dice el comunicado que a su vez asegura que "esas reglas disponen un estricto deber de confidencialidad cuyo cumplimiento requiere el máximo estándar de cuidado. En el caso de infringirse ese estándar, es deber de la unidad respectiva solicitar explicaciones y hacer valer la responsabilidad".

En este último punto, también se menciona que "el reglamento prevé que esas denuncias sean conocidas por pares designados", apegándose a la normativa a favor de la seguridad de la víctima.

Otra crítica es a la levedad de las sanciones, donde señalan casos donde, incluso comprobándose la presencia de actitudes que calzan con actos de violencia de género de parte de docentes, sólo se habría aplicado una amonestación verbal.

La Asamblea Feminista ha apuntado a algunos comportamientos inadecuados, como el caso de un funcionario al que se le habría sorprendido con contenido pornográfico en uno de los computadores de la universidad.

"Encontramos el historial del computador que tenía pornografía. Era alusivo a menores de edad, sobre todo mujeres. Estaba lleno de fetiches que tienen que ver con la familia, como ' sobrina-tío', 'madrastra-hijo', 'violaciones' y 'adolescentes'. Cosas muy raras", comenta una alumna.

"Todo este historial se visitó durante las vacaciones y fue imposible que fuera un estudiante quien lo hiciera porque no estábamos. El registro se cortó justo el primer día de clases, el 11 de marzo. Ese mismo día acusamos la situación y una semana después el funcionario desapareció. Pensamos al principio que lo habían echado, pero después volvió. La escuela nunca nos confirmó si tomó medidas en contra de esta persona, nunca nos dijo si hubo sanción", apunta.

El historial de navegación estaba asociado a la cuenta de correo personal del funcionario. Las estudiantes denunciaron la situación con su secretaria de estudios y ella les pidió, según relatan, dejar el equipo en esa oficina.

Relatan que diez días después, el 21 de marzo, que recibieron un correo enviado por el Director Jurídico de la universidad, comunicando que la casa de estudios "tomará las medidas que el caso amerita conforme a la reglamentación interna".

Consultados por este punto, la Universidad Diego Portales señala que sí se había sancionado a la persona, pues se hizo una denuncia en la Escuela de Comunicación y Letras, se investigó y al pedir el computador para constatar la acusación, quienes investigaron el caso se dieron cuenta de que el equipo llegó "limpio", por lo que la sanción aplicada al trabajador se relacionó con hacer uso de este computador fuera de la universidad.

La Tercera tuvo acceso a las imágenes que vinculan la dirección de correo electrónico del trabajador con su historial de navegacion. Estas fotografías fueron enviadas a la UDP, quienes dicen no haber estado al tanto de esas imágenes, aunque los estudiantes afirman que la universidad sí fue informada.

El plantel aseguró a este medio que iniciará una nueva investigación para evaluar el comportamiento del aludido funcionario, luego de tomar conocimiento del tipo de contenido gráfico que visitaba.

Lo que hoy tiene inquietas a las integrantes de la Asamblea Feminista es la posibilidad de que se apliquen las sanciones aquí expuestas por la paralización.

"Esta universidad históricamente ha tenido políticas de amedrentamiento contra quienes buscan que se les respete a través de una movilización. Ahora nos están amenazando con bajar la toma o aplicar las sanciones que explicamos", interpreta una estudiante.

La universidad, a través de su rector, Carlos Peña, ofreció dialogar una vez que retomen las clases, pero quienes participan de las tomas coinciden en que la situación debe ser al revés, por lo que no detendrán sus medidas hasta que consigan el respaldo a los puntos mínimos del petitorio que se aprontan a revelar.