José Antonio Gómez, exministro de Defensa: “Una bala de guerra disparada en una zona urbana puede tener consecuencias gravísimas”

José Antonio Gómez (PR) sigue con preocupación, desde su oficina de abogado, el debate en torno al posible despliegue militar en la Región Metropolitana. Para el exministro de Defensa (2015-2018) es una señal “preocupante” y “cortoplacista” por parte de las autoridades, pues asegura que se requieren medidas concretas para enfrentar la actual crisis de seguridad.

Gómez, quien dice que estamos en un proceso crítico, advierte que se necesita actuar ahora y crear un comité especial de seguridad, encabezado por el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, donde se tomen decisiones operativas para atacar al crimen organizado.

“Sacar a las FF.AA. a la calle no es una solución en seguridad, sino que es una medida popular que puede tener efectos en el corto plazo, pero es insostenible en el tiempo. No existe posibilidad de que sea efectiva en el largo plazo, y respondería, más bien, a una idea desesperada”, reconoce a La Tercera.

¿Pero cree que pueda ser efectiva esta medida?

Es que las FF.AA. no tiene el expertise, ni capacitación para estas labores. Su entrenamiento es para la guerra, sus instrucciones no les permiten intervenir en zonas urbanas, portan elementos que no son el adecuado para estas labores, porque una bala de guerra disparada en una zona urbana puede tener un efecto destructivo y de consecuencias gravísimas para la población civil. Por eso creo que, si bien hay una presión pública de los alcaldes, la autoridad política tiene la obligación de ponderar los problemas que esto tiene. Y en ese sentido, no lo veo como buena posibilidad, aunque si se pensara a largo plazo sí podría aplicarse de otras formas.

¿Por ejemplo?

Hay soldados profesionales que están cinco años en la institución y después se van, tal vez, a esa gente se puede capacitar, y reforzar en conocimientos de orden público. Pero tiene que pensarse, si es que se quiere hablar en serio de esto, a largo plazo, no como una medida para el momento actual.

¿Cómo ve la gestión de las autoridades políticas en este tema?

Yo creo que la forma en que la autoridad ha abordado este tema es con bastante descoordinación, sin una proyección de mediano y largo plazo. No veo un plan de desarrollo, donde ponen mucho centro en la promulgación de leyes, destacando la aprobación de 23 proyectos de ley en materia de seguridad, pero la situación sigue igual o peor, entonces el problema no está ahí, sino que en la operatividad que hay que darles a las instituciones para poder combatir la delincuencia. Y es ahí donde hay fórmulas que pueden hacer que las FF.AA., a través de sus diversos organismos, puedan participar de este proceso de seguridad.

¿Como cuáles?

Yo creo que el Presidente de la República, que tiene un mandato constitucional para el desarrollo del país, tiene que hacerse cargo él directamente sobre el proceso de organización y desarrollo de esta actividad. ¿Cómo? Creando un comité de seguridad de emergencia, el cual esté presidido por el Presidente y que tenga como parte integrante de esa institucionalidad al Ministerio del Interior, con la Subsecretaría, al general director de Carabineros, la PDI, al director de Migraciones, que es fundamental para el análisis de los problemas migratorios; al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefes de las FF.AA.; el Ministerio Público. A su vez, el Ministerio de Justicia tiene que ingresar con Gendarmería y el Registro Civil, porque Gendarmería es fundamental, es ahí donde está a mayor parte de información respecto de los hechos delictuales que hay que atacar.

¿Y dónde entra el rol de la Inteligencia ahí?

También debe integrarlo, a través de la Inteligencia de Carabineros, de la PDI, la de Gendarmería, y también las de las FF.AA. Toda esta institucionalidad debe trabajar en el análisis para apoyar la persecución criminal y así desbaratar este tipo de bandas.

¿Cuál sería la diferencia entre estas instancias y lo que ocurre hoy con las mesas de trabajo que se han impulsado?

Es que al revés de esas mesas, esto es más bien un trabajo operativo inmediato. Por ejemplo, cuando el alcalde Tomás Vodanovic (RD) pide la custodia de zonas críticas, bueno, a través de estos medios se podría establecer que Carabineros pueda custodiarlos, establecer criterios de persecución, análisis. No es necesario poner militares, porque también se pueden elaborar planes de allanamientos, procedimientos. En fin, existen posibilidades reales de trabajar en la toma de decisiones.

¿Y cree usted que Carabineros tiene el personal suficiente para implementar estos operativos?

El gobierno estableció un plan de ingreso de 800 carabineros a la institución en cuatro años. Entonces, cuando uno dice que quiere liberar a los policías de sus labores para ser apoyados ahí por militares, resulta absurdo porque cuando lo que hay que apostar es por la inyección de recursos para reintegrar a todos aquellos uniformados que estén en condiciones de volver al servicio. No sirven 800 carabineros en cuatro años, no cumple con la exigencia que se necesita hoy día.