Informe UC cuestiona agenda legislativa de seguridad del gobierno y Congreso

“Seguridad”. Esa es la palabra que más se ha repetido durante el último año en la discusión política y social, debido al alza en delitos violentos como los homicidios, así como también la aparición de otros fenómenos delictivos como el secuestro. Hechos que han gatillado una importante agenda de seguridad y una amplia batería de proyectos que buscan hacer frente a la denominada crisis de seguridad.

Es precisamente esa agenda de seguridad, impulsada tanto por el Ejecutivo como por el Congreso, la que analizó el Centro de Estudios Justicia & Sociedad (CJS) de la Universidad Católica (UC), el que a comienzos del 2023 convocó a un Consejo Transversal para la Política de Seguridad y Justicia, instancia que ya entregó sus resultados, cuestionando en gran medida esas iniciativas.

El informe recogió la reflexión de 16 consejeros, entre los que se encuentra el profesor de la Escuela de Gobierno UC, Juan Pablo Luna; el exministro de Justicia Felipe Bulnes; la exdirectora de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional Marta Herrera; Mauricio Duce, académico de la UDP, y Catalina Droppelmann, directora del CJS, y permitió distinguir la serie de falencias y valoraciones de proyectos legislativos, entre los que se encuentran los proyectos del denominado “fast trak” por la seguridad.

A grandes rasgos, el texto del CJS determinó que las respuestas legislativas tienden a enfatizar el control del delito por sobre la prevención. “Si bien hay proyectos de ley que prometen avances y mejoras, la gran mayoría no aporta estrategias innovadoras e incluso algunas propuestas pueden llegar a ser contraproducentes en el manejo de la seguridad de nuestro país”, expone, entregando una serie de recomendaciones.

A juicio del académico de la UDP y consejero del informe, Mauricio Duce, pese a que hay una agenda compleja, “esa no necesariamente apunta a todas las cuestiones que son más centrales (...) presenta algunos avances, pero en general tiene vacíos importantes y por así decirlo invisibiliza áreas de trabajo que debiéramos abordar como política de Estado si es que queremos avanzar”.

Para llevar adelante sus observaciones, los 16 consejeros analizaron las iniciativas legales de cuatro ámbitos de seguridad: políticas policiales, persecución penal, institucionalidad y crimen organizado. Exponiendo que, en términos generales, son proyectos que no permiten demostrar posibles cambios positivos profundos.

En el caso de las políticas policiales, se revisaron proyectos como el de modernización de Carabineros y la PDI, así como también el de obligación de utilizar cámaras corporales o incluso el de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Se concluye que todas las iniciativas tienen un enfoque “puramente normativo y enfocado en una discusión legislativa es insuficiente porque no considera el contexto de la práctica policial”.

Sosteniendo, además, que existen elementos más profundos en el funcionamiento de las policías que no se han abordado, como el debate de la formación militar o de escalafones únicos. A lo que suman, también, que en toda esta discusión se deja fuera cambios a instituciones como Gendarmería o el Servicio Nacional de Aduanas. Por lo cual propone, entre otras cosas, avanzar en las definiciones de la “reforma a las policías”.

Reparos que también se plantean respecto al crimen organizado, ya que, si bien se resalta que exista una política pública respecto a esta, se advierte que aún hay una ausencia de un “diagnóstico sólido”. Lo que resumen como “más bien una lista de medidas y actividades, asemejándose más a un plan que a una política, como coordinación de elementos mínimos en vez de una política pública integral”.

Otro de las áreas analizadas por el informe del Centro de Estudios Justicia & Sociedad de la UC, es respecto a la persecución penal. En este se revisaron proyectos relacionados a la migración irregular, aquellos que buscan mejorar la capacidad de persecución, así como también los que amplían las facultades legales durante el proceso penal, los del aumento en las penas o también los que limitan las salidas alternativas en las causas judiciales.

En ese sentido, los consejeros sostienen que existen algunos mecanismos planteados que son acertados para el control del delito, como aquellos que “contribuyen a disminuir la impunidad, incrementando la probabilidad de captura y de que los casos penales sean resueltos”. Pese a eso, se exponen que hay otros que buscan promover el uso de las cárceles y limitar las opciones para las salidas tempranas de un juicio oral. Aquellos son considerados como contraproducentes, ya que “no tienen efectos disuasivos ni producen un impacto relevante en el control de la criminalidad”. Para lo cual proponen eliminar los proyectos que buscan a través del aumento de penas, disuadir el delito.

Duce explica que respecto a la persecución penal “el foco está puesto excesivamente en reformas legales, algunas de ellas nosotros las evaluamos positivamente porque tienden a potenciar o crear facultades que antes no eran claras, que ahora son indispensables para el combate -por ejemplo- del crimen organizado, pero en poner un excesivo foco en lo legal se está poniendo una mirada muy fuerte simplemente en la cuestión más básica y obvia que es el aumento de penas o restricciones para la obtención de libertad y eso tiene muy poca eficacia, o mejor dicho su rendimiento ya está muy acotado”.

Finalmente, también se analizó la institucionalidad en materia de seguridad, estudiando proyectos como el que crea el Ministerio de Seguridad Pública o aquel que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para mejorar el combate de la delincuencia desde los gobiernos locales.

En este apartado se valora la creación de estas regulaciones, aunque el informe concluye que estas “no soluciona por sí misma las problemáticas de seguridad, y de hecho puede implicar mayor burocracia”. Así como también afirma que “avanzan sin que se resuelva el modelo de descentralización que el país necesita para dar una respuesta eficaz en esta materia”. Ante lo cual recomiendan que ambas iniciativas incluyan una perspectiva preventiva.