Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la UDP detecta “falencias estructurales” y acusa “vacíos” en la agenda de seguridad

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Centro de Derechos Humanos de la casa de estudios presentará este martes la edición 2023 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile.

La nueva versión de esta investigación anual, de más dos décadas de existencia, tiene como editores generales a los doctores en derecho y académicos en la Facultad de Derecho UDP Judith Schönsteiner y Cristóbal Carmona.

El reporte evalúa el cumplimiento de las obligaciones del Estado en distintas áreas y en su versión 2023 incorpora un análisis de la agenda legislativa en materia de seguridad. Medidas estatales en materia de Seguridad es el nombre del capítulo de 29 páginas desarrollado por Víctor Beltrán Román, Angélica Torres Figueroa y Judith Schönsteiner.

En sus conclusiones, el texto señala que “a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fue posible identificar algunas falencias estructurales que caracterizan la agenda de seguridad”.

“Nos parece que existen diversos vacíos en la agenda de seguridad. Primero, se extraña una revisión de la política de drogas que ofreciera una perspectiva más actualizada, en particular, abordando el tema desde la salud pública. Segundo, si bien se ha avanzado en la coordinación y cooperación institucional, creemos que deben fortalecerse las medidas tendientes a una cooperación internacional más eficaz, especialmente en la detección temprana y persecución del crimen organizado transnacional. Tercero, al no abordar de manera contundente las medidas contra la corrupción de funcionarios policiales, judiciales y de aduanas, se debilita la integridad y credibilidad del sistema de justicia. Por último, debiera avanzarse hacia un enfoque que promueva la participación e involucramiento de la sociedad civil en la agenda de seguridad pública, pues su ausencia limita el fortalecimiento de la confianza en las instituciones”, sostiene el informe.

En el texto se indica que las principales medidas tienen que ver con la tipificación de nuevas figuras delictivas, la ampliación de tipos penales y el aumento de sanciones en caso de homicidio o lesiones respecto de funcionarios policiales y de FF.AA., y en el caso de la usurpación.

“Abordar el complejo fenómeno de la criminalidad simplemente a través de la tipificación de nuevos delitos o de la ampliación de figuras ya existentes, no garantiza ni mejora las capacidades de detección e investigación de las agencias estatales encomendadas a dicha tarea. Por otro lado, el aumento de penas no tendría el efecto de desincentivo que se espera, y de la mano con las fuertes limitaciones para acceder a beneficios respecto a la libertad condicional y penas sustitutivas, estas medidas podrían contrarrestar los esfuerzos de una efectiva reinserción y resocialización de las personas condenadas, además de contribuir a la saturación de la ya preocupante situación carcelaria de nuestro país”, advierten los investigadores.

Asimismo, apuntan que “llama la atención que las políticas que buscarían fortalecer la persecución penal en aquellos delitos de mayor connotación social, no estén en realidad orientadas directamente a mejorar la capacidad investigativa de las policías y el Ministerio Público, pues no hay ninguna medida que busque directamente este objetivo”.

“Esto nos parece preocupante desde el punto de vista de la idoneidad de las medidas, pero también desde la mirada del uso de recursos de parte del Ministerio Público. En efecto, los fiscales se verán limitados en sus posibilidades de dejar de perseguir ciertos casos, lo que no solo aumentaría su carga de trabajo, sino que también impediría enfocar sus esfuerzos a los casos que más preocupan, casos más graves o investigaciones más complejas”, sostienen.

El miércoles 8 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó, con algunos descuelgues oficialistas, el veto del gobierno de Gabriel Boric al proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, respaldando el texto con las observaciones planteadas por el Ejecutivo para suprimir la legítima defensa privilegiada y la pena de presidio ante la usurpación sin violencia en las personas.

El texto hace alusión a esta norma, indicando que “en las medidas analizadas se aprecia una ausencia de protección a la ciudadanía que pertenece a grupos en situación de vulnerabilidad. Por el contrario, se vislumbran medidas que podrían incrementar esa situación de precariedad, e incentivar el uso de violencia privada para la resolución de determinados conflictos”.

“Así, existiría la posibilidad de actuar en legítima defensa privilegiada respecto de personas que han ocupado un inmueble o predio por necesidad, sin que se observe la creación de una política habitacional que se haga cargo de resolver la situación de fondo que origina las tomas o campamentos”, sostiene el informe.

Entre los puntos que se resaltan positivamente figuran “las propuestas de innovación en los sistemas de inteligencia, en la medida que fortalecen la coordinación interinstitucional” y “la creación de algunas instituciones vinculadas a seguridad pública”.

“En lo relativo a la protección a funcionarios policiales, se aprecia un avance en torno a agentes reveladores y encubiertos, a pesar de que, por otro lado, se menoscabaría fuertemente el acceso a materiales de la investigación a imputados y sus defensas, cuestión que genera inquietudes desde una perspectiva de derechos humanos. Junto a ello, preocupa que, al alero de una supuesta protección al ejercicio de la función policial, se hayan modificado algunas normas que permiten el uso de la fuerza, incluso letal, que podrían interpretarse de forma laxa, en contra de lo establecido por los estándares internacionales en esta temática”, dice el reporte.

Al cerrar el capítulo, se especifican siete recomendaciones:

1. Mejorar las capacidades de investigación sobre las estructuras del crimen organizado, garantizando el financiamiento, la capacitación de los agentes encargados de la investigación y persecución penal, el acceso a tecnologías y a la cooperación internacional.

2. Asegurar la protección eficaz de los actores del sistema de persecución penal involucrados en causas de crimen organizado −en particular, el narcotráfico−, incluyendo testigos, informantes, y quienes colaboran a través de la delación.

3. Promover un enfoque integral en materia de seguridad que vaya más allá de la mera represión del delito mediante tipificación o aumento de penas, abordando las causas subyacentes a la criminalidad.

4. Desarrollar y aplicar políticas públicas en materia de seguridad basadas en datos y evidencia.

5. Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones vinculadas a la seguridad pública y a la justicia penal, garantizando mecanismos administrativos imparciales y el resguardo eficaz de la evidencia.

6. Garantizar −y no sólo sugerir− la capacitación continua y adecuada de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de los operadores del sistema de justicia criminal.

7. Establecer instancias que involucren activamente a la sociedad civil y a las comunidades en la formulación, implementación y evaluación de políticas en materia de seguridad, incluyendo las políticas de salud pública, vivienda, educacional y de deporte.