Hasta 200 funcionarios menos en un hospital: el impacto del fin de los “honorarios Covid” en los centros asistenciales

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El término de los contratos de más de 6.300 funcionarios anunciado por el Ministerio de Salud, tras el cese de la alerta sanitaria, levanta críticas y conlleva movilizaciones de los afectados. Desde el Congreso llaman al gobierno a revertir la situación, pues tendrá efecto directo "en las listas de espera y en la atención al público".


La Confederación Fenats Nacional, gremio que agrupa a los trabajadores de la salud pública, y la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) decidieron movilizarse este 12 y 13 de septiembre y además de paralizar sus actividades -establecieron turnos éticos-, marchar hasta el Ministerio de Salud y el de Hacienda en la capital y hasta el Congreso Nacional en la Región de Valparaíso. ¿La razón? El despido de trabajadores que fueron contratados a honorarios debido a la pandemia del Covid-19.

A finales de agosto, para el término de la alerta sanitaria, desde el Ministerio de Salud comunicaron que de las 12.417 personas que estaban contratadas bajo el concepto de honorarios Covid, solo permanecerán 6.070, pues de acuerdo a las autoridades ministeriales, están cumpliendo funciones que no pueden ser suspendidas, ya que implicaría dejar de realizar acciones que se consideran imprescindibles.

Así, los 6.347 trabajadores restantes son un motivo de preocupación para el resto del mundo sanitario, pues advierten que su desvinculación tiene un impacto negativo en el sistema de salud. De hecho, la misma ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó la semana pasada que la situación “era un momento complejo” y que “tenemos que enfrentar”, ya que el fin de la alerta implica que se tienen menos recursos económicos.

En el mundo sanitario concuerdan que el cese de los contratos de estos trabajadores impactará en la atención de los pacientes. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, afirmó que “le hacemos una exigencia al gobierno, especialmente a través del ministro de Hacienda, pero en general al gobierno que cambie la conducta y revierta estas medidas, dado que esto no solo significa un desmedro laboral, sino que un impacto directo en las listas esperas, en la atención del público y en el cierre de camas que se notará en el país desde fines de septiembre”.

El número de funcionarios a los que no se les renovará el contrato aún no es definitivo, pues desde el Minsal cuentan que siguen en conversaciones con Hacienda y otras autoridades. Por lo tanto, la cifra podría disminuir o aumentar.

Desde el Hospital Sótero del Río cuentan a La Tercera que más de 200 personas dejarían de trabajar entre octubre y los primeros días de noviembre. El recinto, ubicado en la Av. Concha y Toro, paradero 30 de Vicuña Mackenna, en Puente Alto, es el principal centro hospitalario del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y beneficia a 1,7 millones de personas, lo que equivale a casi el 25% de la población de la Región Metropolitana. Desde el Hospital El Carmen de Maipú sostienen que la cifra de despedidos sería similar.

En Valparaíso, en el Hospital Carlos van Buren estiman que alrededor de 130 funcionarios se irán durante los próximos meses. Mientras que fuentes del Hospital Dr. Gustavo Fricke afirman que hasta el 30 de septiembre se mantienen los 128 que hay, pero el servicio propuso reducirlos a 45 desde octubre. Igual, desde el recinto solicitaron mantener a al menos 103 profesionales para cubrir la brecha que hay.

Y es que el personal extra que llegó a través de la alerta sanitaria ha sido fundamental para reducir las brechas, pues una vez que el Covid-19 bajó su intensidad, los funcionarios se dedicaron a atender otras necesidades. El senador Castro hace eco de lo anterior y agrega que “en todos los recintos va a haber disminución de camas o retardo en las listas de espera”.

Asimismo, la presidente del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, sostiene que “hay centros de la Región Metropolitana donde tenemos certezas que van a desvincular a más de 100 trabajadores y eso les complica para mantener el estándar de atención”.

En tanto, la diputada Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, señaló que “si esta situación que está afectando a tantas y tantos trabajadores, principalmente mujeres, no se reconsidera y se frena en este minuto, considerando el impacto que esta situación va a tener para los usuarios y usuarias, nosotros no estamos disponibles para aprobar el presupuesto”. Y añadió: “Estamos en sintonía con lo que los trabajadores y trabajadoras están planteando, hemos sido muy firmes, muy categóricos”.

Desde Fenpruss señalaron a La Tercera que a lo largo del país este martes se movilizaron entre 5.000 y 7.000 trabajadores de la salud, aunque señalaron que las actividades se concentraron en grandes ciudades como Santiago, Concepción y Valparaíso. Por otro lado, la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) también definió movilizarse el 27, 28 y 29 de septiembre: “Aumentar el número de trabajadoras y trabajadores de salud debe ser una prioridad para este gobierno, considerando la significativa presión asistencial post Covid-19 y la migración de cotizantes de isapres a Fonasa”, señalan como argumento para adherir a las movilizaciones.

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