Fiscalía responde a recurso presentado por Sergio Moya: "Asesoró a los imputados del caso Huracán"

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En siete páginas el fiscal regional de Aysén Carlos Palma le dice a la Corte de Apelaciones de Rancagua que no hubo ilegalidad en el allanamiento al suspendido fiscal de la VI Región y se adjuntaron actas en que se confirma la incautación de un "lente espía".


Once imputados tiene la causa por obstrucción a la investigación y falsificación de pruebas realizadas presuntamente por personal de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de La Araucanía de Carabineros y que se conoce bajo el nombre de "Operación Huracán". Este montaje policial, para incriminar falsamente a personeros mapuches de actos terroristas en esa zona, cuenta además con cuatro personas sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva, entre ellos el ex jefe de Inteligencia de la policía uniformada, el general (R) Gonzalo Blu Rodríguez.

Son once imputados, pero esa cifra podría aumentar a doce. La razón es que cada vez está más cerca la eventual imputación de cargos al suspendido fiscal jefe de Alta Complejidad de O'Higgins, Sergio Moya, quien tiene calidad de imputado en el caso luego que el 7 de mayo se revelara la existencia de un correo electrónico en el que se desprenden maniobras de asesoramiento a los carabineros que hoy son blanco de la investigación por fabricación de pruebas. Así queda establecido en la respuesta que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, entregó a la Corte de Apelaciones de Rancagua lugar hasta el que acudió Moya con un recurso de protección -presentado el 25 de mayo- que busca anular y que le sean devueltas las especies incautadas en su casa en un allanamiento el 8 de mayo pasado.

Moya alegó ante la Corte irregularidades en la entrada y registro a su hogar. Todo es descartado por el fiscal Palma quien expone ante el tribunal de alzada de la Región de O'Higgins que se contaba con orden judicial de la jueza de Temuco Viviana García, quien visó la medida intrusiva luego que se entregara al tribunal el aludido correo electrónico dirigido de Moya al mayor (R) Patricio Marín. "Dicho correo revelaría que el fiscal Moya Domke tenía conocimientos de las actividades ilícitas desarrolladas por los imputados de esta investigación, punto sobre el cual éste había declarado en dos ocasiones sin señalar en ninguna de éstas tal comunicación, ni asesoramiento jurídico a los imputados, obstruyendo con esto gravemente la investigación", dice el informe de Palma.

En efecto, en el correo -que fue entregado por la abogada Marisa Navarrete y por su pareja el fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias- Moya le instruye a Marín elaborar un informe de liberación de inteligencia que en esa época la (UIOE) confeccionaba en base al uso de un supuesto software creado por el civil Álex Smith que "interceptaba" conversaciones de Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería.

El informe de inteligencia aludido en ese correo es el número 202 y daba cuenta de que una abogada de la Fiscalía Regional de La Araucanía estaba entregando información a miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y que de ésto tenía conocimiento su jefe, el entonces fiscal de Alta Complejidad de esa zona.  El correo finaliza cuando Moya le escribe al oficial de Inteligencia que "los soportes informáticos de los chats tienen que ser entregados con cadena de custodia. Quien lo firme seguramente declarará en las investigaciones. Lo más probable es que lo pericien, por lo que hay que sugerir que se pericien por el Labocar para no revelar la técnica investigativa, pues si se revisan por PDI se entregará a Cibercrimen, los que informarán que no es posible pinchar whatsapp, y así se termina la investigación".

Llamado a jueza

Palma informó a la Corte, tal como el tribunal de alzada pidió, que el día en que se ingresó al domicilio del fiscal Moya "en todo momento él y su hija, como su cónyuge, se manifestaron llanos y cordiales al momento de la entrega de los dispositivos, no efectuando reclamo alguno en la relación a la diligencia".

El fiscal regional de Aysén, además, revela una situación que hasta el momento era desconocida y de la cual Moya tampoco dio cuenta en su recurso de protección: mientras se estaba desarrollando la incautación de computadores, celulares, discos duros y pendrives encontrados en su casa el fiscal de Rancagua -a eso del mediodía- salió de su hogar argumentando que debía comprar celular y chips para su familia, pero hizo un importante llamado.

"Durante el transcurso de la diligencia, se ausentó de su domicilio oportunidad en que se comunicó telefónicamente con la magistrado Viviana García (la misma que autorizó el allanamiento) a quien le representó su decisión de autorizar la diligencia de entrada y registro. Ante ello la jueza García informó de dicha llamada y de su contenido al pleno de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco para los fines que dicho tribunal de alzada estimara pertinentes", explicó Palma en el escrito.

Palma también negó haber avisado avisado a la prensa sobre el allanamiento, como acusa Moya en su recurso de protección, e incluso sostiene que se tomaron todos los resguardos de parte del equipo policial que no llevó ni en sus vehículos ni vestimentas prendas institucionales ni logo de la ODI. "Con el fin de no alterar a personas ajenas al procedimiento", explicó Palma.

Es más, otro de los fiscales del equipo -Ricardo Soto- y quien acudió junto a la policía a registrar la casa de Moya aseguró que éste pidió, antes de dejarlos entrar (y pese a que contaban con orden) si podía antes explicarle a su esposa e hijo el procedimiento, ante lo cual no hubo reparo y el investigador pudo advertir a su familia de lo ocurrido. "La única solicitud del señor Moya due que se le permitiera informarle a su familia, esposa e hijo, de la diligencia que se estaba efectuando, antes del ingreso de los funcionarios policiales, lo que se efectuó sin ninguna resistencia de parte del suscrito o de los oficiales, esperando pacientemente el regreso del imputado quien, luego de informar a su familia, abrió el portón de su casa para permitir nuestro ingreso".

La actitud de Moya, dicen los informes, cambió cuando -luego de salir por un rato de su casa- vuelve y dice que no firmará las actas de incautación por consejo de su abogado.

En el recurso se adjuntaron las actas de la PDI en que se detallan todos los dispositivos electrónicos que fueron incautados. Entre ellos se puede leer "un dispositivo eléctrico con forma de lentes ópticos con conexión USB". Dicho artefacto es el lente espía revelado la semana pasada por Reportajes de La Tercera.

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