Monsalve afirma que combate contra el crimen organizado “requiere de política de Estado”

Primer Día Nacional contra el Contrabando y Comercio Ilegal. Así se llamó el seminario de seguridad realizado hoy en el Hotel Intercontinental que fue organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh) y que contó con diversas autoridades del mundo político y empresarial.

Los ejes del simposio transcurrieron entre la prevención y el combate contra el contrabando, el comercio ilegal y el crimen organizado en Chile. Así las cosas, entre sus expositores estuvieron el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el presidente de la CPC, Ricardo Mewes; el experto UC Flavio Cortés, el economista Sebastián Edwards, varios alcaldes, entre otros.

El primero en realizar una alocución fue el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien también es presidente de la AMUCh. Alessandri recordó lo que fue el asalto a su casa inicios de julio de 2023.

Ese día, un grupo de sujetos ingresó a su residencia, lo golpeó a él y a su esposa y se llevaron diversas especies. Los sujetos, en meses posteriores, fueron detenidos. “Estoy convencido que más de alguno le ha tocado o conoce a alguien que le ha tocado”, comenzó diciendo. “Los seis delincuentes que entraron (a su casa), todos con antecedentes penales”.

Siguió en las exposiciones el presidente de la CPC, quien apuntó contra el comercio ilegal y el contrabando. Según dijo, sus efectos “son tremendamente nocivos y Chile debe mirarlos atentamente para poner freno con máxima decisión”. “El comercio ilegal y la piratería privan al Estado de recibir ingresos a través de recaudación tributaria que podrían ser destinados a políticas sociales”.

“El comercio ilegal y el contrabando constituyen una amenaza al orden público y la paz social pues están frecuentemente asociados con actividades criminales organizadas, como el narcotráfico y el lavado de dinero”, aseguró Mewes.

Por su parte, el experto UC mostró un estudio realizado por el Centro de Medición MIDE UC donde se señala que 1 de cada 2 cajetillas de cigarros que se consumen en Chile con de contrabando. Esto significa un aumento de 12 puntos porcentuales con respecto al año anterior, dice el trabajo.

La investigación también revela que el 55% de los fumadores de la Macrozona Norte consume cigarrillos ilegales, donde la ciudad de Arica presenta la cifra más alta, llegando a un 90,6% de fumadores que realizan dicha acción. Además, el 57,1% de estos cigarrillos tiene un precio igual o menor a $1.000 pesos, lo que se atribuye a la falta de pago de impuestos.

Tomando ese punto, Edwards dijo que si se pagaran los impuestos de los cigarros que se venden de manera ilegal en Chile se cubriría “una de las cinco necesidades que tiene que cubrir la reforma tributaria, que es la protección social”.

A su turno, el subsecretario Monsalve dijo que el combate contra la delincuencia debiese ser una cuestión de Estado, más allá de los gobierno de turno.

“Ustedes colocan aquí el comercio ilegal, eso es un mercado del crimen organizado. Hay otros mercados, como el narcotráfico o como el secuestro o como el lavado de activos. Pero combatir una amenaza de esta naturaleza requiere política de Estado. Requiere necesariamente ponerse de acuerdo. La principal amenaza que nosotros tenemos para derrotarlo es que sucumbamos a este problema histórico de la humanidad, que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y tal vez ese es nuestro principal desafío.

La autoridad hizo un repaso de la gestión del gobierno en torno a la seguridad y enumeró los principales ejes del Ejecutivo para hacer frente a la delincuencia, como fortalecer las instituciones e intervenir los territorios.

En ese sentido, destacó la creación del grupo Ecoh de la fiscalía, para combatir el crimen organizado, así como también los planes en la frontera norte, en la macrozona sur y en las zonas urbanas de la Región Metropolitana.

Con todo, señaló que en 2023 hubo 946 expulsiones de ciudadanos extranjeros por situaciones de delitos o de irregularidad: 339 por la vía administrativo y 607 por la vía judicial.

Esto, dijo, responde a un aumento desde 2018. Así las cosas, hasta el 18 de marzo de este año, se han ejecutado 200 expulsiones.

Por último, abordó el debate que surgió durante las últimas semanas sobre la presencia de militares en las calles para controlar la delincuencia. “Lo que necesitamos son más policías y más eficacia policial”, cerró.