El diseño del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos entra en su recta final

Tras el término de la dictadura cívico militar, el país avanzó en comisiones de verdad respecto de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen y también en procesos judiciales. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el Estado no ha dado cuenta de cómo se ejecutó o se hizo desaparecer sistemáticamente a más de 1.400 compatriotas.

Esa es una de las ideas fuerza que han instalado las autoridades de gobierno respecto del Plan Nacional de Búsqueda, política pública que durante esta semana entró en su fase final y que prontamente será presentada por el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Luis Cordero, como la herramienta que tiene por fin “fortalecer y elaborar medidas que aporten al esclarecimiento de las circunstancias de desaparición, la posibilidad de determinación de los lugares donde se encuentren víctimas, identificarlas y restituirlas a las y los familiares”.

Y es que tras encuentros de cierre celebrados con los familiares de los desaparecidos, este viernes 28 de julio el Comité Interministerial de Derechos Humanos discutirá la propuesta final del plan, lo que constituye la última etapa de su diseño. Tras ser visado, éste será enviado al Mandatario, quien lo dará a conocer en una ceremonia programada para el 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Pero a pesar de que esta política fue anunciada formalmente en el marco de la primera cuenta pública de Boric, en junio de 2022, como un instrumento para dar con el paradero de víctimas no encontradas y generar nuevos hallazgos, el objetivo principal dio un giro. Luego de la realización de 67 encuentros con agrupaciones -que incluyeron a más de 775 familiares-, se definió que el foco principal estará en “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente”.

Aquello implica, como detallan personeros de gobierno, que se digitalizará toda la información que hoy está en manos del Poder Judicial producto de causas tramitadas y abiertas, y se cruzará con otras fuentes, como documentos de la Vicaría de la Solidaridad, del INDH, de las comisiones de verdad y antecedentes levantados por distintas organizaciones. La idea, de esta forma, es lograr reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, desde la detención y secuestro, hasta su paradero.

Para aquello, el Ministerio de Justicia está licitando un anteproyecto de plataforma, por un valor referencial de $ 110.000.000, que sea capaz de albergar todos esos antecedentes, que permita la visualización de datos con el recorrido de las víctimas, que sea de acceso público y que dé cuenta de los avances de la búsqueda en tiempo real.

Esto irá de la mano, igualmente, con la continuidad de los procesos judiciales con miras a establecer las responsabilidades criminales en torno a la comisión de los crímenes, y también con la posibilidad de ubicar, recuperar, identificar y restituir a las personas víctimas de desaparición forzada, pues ya están comprometidos $ 14 mil millones para fortalecer el trabajo del Servicio Médico Legal (SML).

En ese sentido, se mantiene el compromiso de revisar, en primera instancia, las 89 cajas con osamentas que fueron enviadas desde el SML a la Universidad de Chile el 18 de junio de 2001 y que aún no han sido periciadas. De acuerdo con el reporte expuesto por el SML el 13 de junio de este año, recién en mayo se logró el ingreso de la totalidad de las cajas y actualmente trabajan en establecer la data de los elementos para determinar “si corresponden al período de interés”.

Asimismo, el plan tiene como metas promover la participación informada en los procesos de búsqueda a través de mecanismos efectivos y también avanzar en la rendición de cuentas a la sociedad sobre los procesos en curso.

Adicionalmente, se plantea como objetivo promover la memoria “en torno a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y las respuestas sociales a ellas”, por lo que también está contemplado aumentar la formación en ese sentido. Además, se buscará brindar atención integral a los familiares en los procesos que están atravesando.

Respecto de todo este diseño, el ministro Cordero resaltó que fue un proceso participativo, donde inicialmente se presentaron lineamientos y tras recibir una serie de observaciones y propuestas, se llegó a la estructura que hoy han establecido.

“Se construyó un instrumento que considera mecanismos de política pública. Tiene un diagnóstico, un propósito, objetivos y metas. Eso nos ha permitido el desarrollo de la estructura de presupuesto, pero sobre todo que sea explícito en cuál es la ruta que permite el desarrollo de este plan y que luego, los familiares y la sociedad en su conjunto, podrán tener el escrutinio para el avance del mismo”, comentó el secretario de Estado.

Insistió, en ese línea, en que será la primera vez que el Estado de Chile “asume como responsabilidad propia la búsqueda de las personas que han sufrido desaparición forzada (...) Hasta ahora la responsabilidad de la búsqueda ha recaído sobre los hombros de los familiares y a nosotros nos parece que es una obligación ética y esencial que si fue el Estado el que cometió esos horrores, sea el Estado el responsable de la reparación. Una manera es el Plan Nacional de Búsqueda”.

Producto de ese planteamiento, como expone Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), es que justamente los familiares se sumaron en el diseño y agradecen el esfuerzo. “Nadie se había ocupado de los detenidos desaparecidos y creemos que este es el único gobierno que ha tenido la fuerza para hacerlo”, sostiene.

Eso sí, Rivera es clara en sostener que aguardan el resultado final para definir si levantarán este Plan Nacional de Búsqueda como propio. Esto, porque en primera etapa, cuando Marcela Ríos estaba a la cabeza del Ministerio de Justica, se les planteó una propuesta que sentían incluía lineamientos que ellos ya habían aplicado. “Por eso cuando llegó el ministro Cordero le planteamos nuestros puntos, porque a pesar de que todos hayan tenido la voluntad de avanzar, somos nosotros los que sabemos cómo debe ser esto”, acota.

“Por eso planteamos nuestra propuesta y pensamos que hay preguntas clave: cómo, quiénes, por qué, dónde. Eso es fundamental, pero somos conscientes de que no vamos a encontrar a la mayoría de los compañeros, porque esta dictadura fue tan cruel que efectivamente los hizo desaparecer. No va a ser fácil, no sabemos si vamos a encontrar, por lo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas que les estamos generando a las personas, porque no queremos que nuestras familias vuelvan a pasar por lo mismo, porque la tortura permanente es eso, tener una posibilidad de algo y que luego se venga abajo”, comenta Rivera.

Si bien desde un inicio el Plan de Búsqueda se planteó respecto de víctimas de desaparición forzada, quienes sobrevivieron a la prisión política han insistido en que deben ser considerados. Sin embargo, como han cuestionado a lo largo del proceso, se les excluyó.

Por lo mismo, recientemente el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares envió nuevamente una carta al Presidente Boric demandando ser tomados en cuenta.

“Las y los sobrevivientes de prisión política y sus familiares, al parecer somos invisibles para su gobierno. Una y otra vez somos marginados de toda actividad oficial vinculada a temas de justicia, verdad, reparación, memoria y garantías de no repetición. Eso ocurre desde 1990, y usted luego del fracaso de la Mesa de Alto Nivel (2015) presidida por el Obispo Goic, siendo diputado, nos manifestó su convicción de que esto no podía seguir pasando. Ya elegido como Presidente, en reuniones sostenidas en La Moneda Chica, se comprometió a terminar con esta invisibilización y considerarnos en sus propuestas y en sus políticas. Usted y los miles de exprisioneras y exprisioneros políticos, sabemos que no ha estado a la altura de sus palabras”, le expresaron.

Así, estimando que han recibido reparación “a cuentagotas”, subrayaron: “Si su gobierno no es capaz de cerrar las heridas que vienen del pasado dictatorial, las amenazas que persisten desde ese pasado continuarán vigentes. La impunidad de que han gozado asesinos y torturadores y las instituciones que los cobijan, sumados a la reparación “austera y simbólica” y la imposición de cincuenta años de silencio a nuestros testimonios a las que nos condenó el gobierno de Lagos, se reflejan en la impunidad que implica las décadas que demora la justicia en los casos de derechos humanos y en el cómo atentan contra las garantías de no repetición, tal y como lo vimos descarnadamente expresado en la represión desatada desde 2019 por el gobierno de Piñera”.