“Avance positivo”: Aunque ve progresos, Consejo de Evaluación de la desmunicipalización educacional recomienda seguir ajustando el proceso

La Ley 21.040 que crea el sistema de Nueva Educación Pública (NEP) -o desmunicipalización educacional- contempla la existencia de un Consejo de Evaluación del proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para asesorar al Presidente de la República y que ya ha entregado cinco informes.

Hace algunos días, y justo en medio de los cambios a la ley que pretende el Ministerio de Educación, emanó el informe anual 2022 que redactaron los seis miembros que actualmente lo componen, quienes recomiendan, entre otras cosas, flexibilizar recursos, ajustar cuerpos legales, ampliar personal en los territorios y realizar campañas informativas nacionales.

El informe de 39 páginas comienza con una contextualización del sistema, los 11 SLEP en régimen y los 59 que restan. El proceso de traspaso de estos casi 60 últimos, de hecho, ha sufrido recalendarizaciones, cambios que el consejo decidió apoyar unánimemente. “Esta decisión se fundamentó en que la propuesta del Mineduc no solo consistía en una ampliación de plazos, sino que proponía abordar de forma integral otros ámbitos críticos ya levantados por el consejo”, se lee.

Para hacer el seguimiento a la implementación de la ley, el consejo definió siete dimensiones.

La primera es el diseño de la política, de la que el informe señala, entre otras cosas, que los actores invitados a participar en las sesiones del consejo dieron cuenta “de la continuidad de problemáticas que ya habían sido evidenciadas en informes anteriores, en específico aquellas relacionadas con las reglas presupuestarias”. Ahí, nuevamente se menciona la brecha que existe entre el periodo de ejecución de gasto que establece la ley de presupuesto (12 meses) y la mayor temporalidad del sector educativo.

Asimismo, se mencionan ambigüedades normativas respecto a los roles y funciones de los equipos SLEP y los ministeriales; que si bien se han fortalecido las relaciones entre SLEP y otras instituciones, “en ocasiones pareciera no existir un alineamiento entre las instituciones estatales y las demandas de información que estas solicitan a los SLEP”; que la evaluación respecto al número, tamaño y distribución de los SLEP tiene opiniones divididas en los entrevistados; que estos mismos actores expresaron problemas en el traspaso y regularización de bienes inmuebles por parte de municipios, lo que constata “que este factor sigue entorpeciendo el funcionamiento inicial de los SLEP”; que hay aspectos positivos, como haber mejorado la elaboración de los perfiles de cargos.

Sobre la segunda dimensión, la de gestión pedagógica, se detalla que se observó de parte de los SLEP “una búsqueda de instaurar un sello particular acorde a las necesidades y particularidades de los territorios”; que el acceso a la información de los establecimientos sigue siendo una dificultad; o que la magnitud de indicadores en los instrumentos de gestión “genera sobrecarga laboral y en ocasiones distrae del foco educativo”.

En la dimensión de la gestión de infraestructura y equipamiento, estudiantes y apoderados “evidencian restricciones importantes en términos de equipamiento”. Algunos alumnos, de hecho, comentan que sus escuelas y liceos “no siempre cuentan con el equipamiento necesario para realizar determinadas clases o en ocasiones contarían con este, pero en mal estado. Esto terminaría siendo resuelto por las familias, quienes se harían cargo de comprar los materiales”.

Pero, además, hay establecimientos de ciertos SLEP a los que por sus características no se puede acceder en transporte público y que la cantidad de vehículos SLEP “no dan abasto para dar cumplimiento a las metas asignadas”, así como que hay experiencias positivas y negativas en mejoras y mantenimiento de infraestructura de establecimientos. “Continúa siendo un tema que requiere ser atendido y al que se le debe dar prioridad en los próximos años”, dice el informe. Igualmente, algunos de los aspectos positivos identificados son, por ejemplo, contar año a año con presupuesto para mejoramiento de infraestructura.

En cuanto a la dimensión de gestión de recursos financieros, las entrevistas dan cuenta de otras debilidades de años anteriores que siguen presentes, “como son la sobredotación, la burocracia y la poca flexibilidad en el uso de recursos”. Estas problemáticas, asegura el informe, impiden que los recursos sean utilizados por completo, “lo que tiene importantes repercusiones en el ámbito pedagógico”. El problema de la sobredotación heredada de administraciones municipales es mencionado recurrentemente, así como la falta de flexibilidad en el uso de recursos.

Sobre la dimensión de gestión de personas, el reporte dice que, en general, los directores ejecutivos demuestran sentirse conformes con los procesos de selección de personal. Respecto de si la dotación de los profesionales de los SLEP es adecuada, continúan existiendo las problemáticas anteriores: los entrevistados dan cuenta de que la cantidad de funcionarios no es suficiente. Y dentro de los aspectos destacados sobre contratación “se evidencia una conformidad (...), a diferencia de la gestión municipal, donde muchos cargos eran llenados por afinidades políticas o cercanías con los alcaldes de turno”, se lee.

Más adelante y en la dimensión de la participación y vinculación con comunidades y territorios, se reporta una evaluación positiva de las instancias promovidas por la NEP. Aunque la forma y la frecuencia de las instancias de participación varía entre SLEP, apoderados y estudiantes comparten que en la administración municipal no existían este tipo de instancias, aunque también dan cuenta de que continúan existiendo dificultades para informar a toda la comunidad sobre los cambios del nuevo sistema educativo, así como que les faltan atribuciones a los organismos participativos para incidir realmente en decisiones mayores.

Finalmente, sobre la dimensión de liderazgo se menciona que continúa existiendo “una positiva evaluación” de parte de todos los actores entrevistados de los SLEP por sobre las administraciones municipales. “Ahora bien, se evidencia que algunos SLEP enfrentaron dificultades durante el traspaso de servicios, lo que generó que se entablaran relaciones negativas con los municipios”, se señala, aunque también se aclara que esa relación ha ido mejorando.

“El consejo quisiera volver a destacar el alto grado de compromiso que ha observado en todos los actores con que interactuó en relación con la implementación de una política de alta complejidad y envergadura”, se lee hacia la parte final del informe, que además destaca “la percepción transversal que se observó en el proceso de entrevistas (...) como un avance positivo respecto de la administración municipal”.

En este sentido, añade el texto, “es fundamental asegurar en los próximos procesos de discusión con respecto a esta ley que se comprenda la necesidad de traspasar la totalidad de los establecimientos públicos a este nuevo sistema”.

Con todo, el consejo recomienda, tal como en informes anteriores, “la necesidad de revisión de la normativa referida a la gestión presupuestaria de los SLEP, buscando mecanismos que faciliten el uso más flexible de los recursos”.

Así, también, reitera la necesidad de realizar a ajustes “a los cuerpos legales que definen roles que actualmente implicarían una superposición en el rol de apoyo técnico-pedagógico que en el nuevo modelo deben asumir los SLEP”. Pero, además, recomienda revisar la posibilidad de una participación más incidente de los organismos locales, así como flexibilizar la gestión presupuestaria para aspectos de mantención urgentes y también para recursos pedagógicos.

Finalmente, sugiere evaluar la necesidad de contar con una cantidad de personal adecuada a cada territorio, especialmente “a actores que deben trabajar en terreno de manera permanente”, además de recomendar reestudiar, “en base a evidencia rigurosa, los criterios con los cuales se establece la dotación de los SLEP, con miras a un eventual aumento de esta dotación” y la necesidad de generar una campaña informativa nacional para dar mayor visibilidad a la NEP.

Gonzalo Muñoz, académico de la U. Diego Portales, exjefe de la División de Educación General del Mineduc y hoy consejero del Consejo de Evaluación, señala que el informe, así como los anteriores, “son muy explícitos respecto a que la NEP requiere más apoyo y recursos para que este cambio se traduzca en una mejor experiencia educativa donde se va poniendo en marcha. El gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que avanza en la dirección correcta al mejorar algunas de las debilidades específicas que tenía el diseño de esta reforma”.

Así, añade que en un escenario “donde seguramente habrá que priorizar algunas agendas claves para el sector, la NEP debería ser, por varias razones, una de esas prioridades. Esta reforma es crítica para el futuro del sistema escolar en su conjunto, sabemos lo que hay que mejorar en su implementación y, además, es posible generar en torno a ella acuerdos transversales y de largo plazo”.

Mientras, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, exasesor de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc y también consejero, señala que este informe es fundamentalmente de continuidad. “Se mantienen las observaciones y recomendaciones de informes pasados, en particular los referidos al diseño de la ley y a las dificultades del traspaso, sin por eso dejar de destacar los elementos positivos y avances que los mismos actores del proceso mostraron”. Y agrega: ”Dadas las sucesivas suspensiones del Simce por la pandemia, no contamos con información de resultados sobre la cual cotejar los hallazgos del informe”, lo que, asegura, debiera cambiar a partir de este año. Del informe, además, destaca “el compromiso por llevar a adelante esta reforma, a pesar de sus dificultades”.