Una guía sobre los peligros legales que complican a Donald Trump

El histórico enjuiciamiento penal en Manhattan es solo uno de varios procesos civiles y penales en ebullición para Donald Trump. He aquí un vistazo al estado de las investigaciones y demandas más destacadas que involucran al expresidente y candidato presidencial declarado.

Caso penal de Manhattan sobre Stormy Daniels

Trump fue acusado el martes 4 de abril de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para ocultar el dinero pagado para silenciar las acusaciones sexuales potencialmente dañinas durante su campaña presidencial de 2016. Se declaró inocente. El caso, que se centra en el supuesto papel de Trump en los pagos a la estrella porno Stormy Daniels, marca la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos penales.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, aseguró la acusación a través de un gran jurado que comenzó a escuchar a los testigos involucrados en el pago y sus consecuencias a fines de enero. Los cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado son delitos graves de Clase E, el nivel más bajo, y conllevan una sentencia máxima de cuatro años de cárcel, aunque los infractores por primera vez generalmente reciben un castigo mucho más leve. La próxima audiencia del caso está fijada para diciembre.

Nueva York: tasación falsa de activos inmobiliarios

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda en septiembre pasado contra Trump, tres de sus hijos adultos y su compañía, alegando que se involucraron en un esquema de una década para valorar falsamente sus activos y generar US$ 250 millones en ganancias mal habidas. La demanda alega que los estados financieros de Trump, que se entregaron a aseguradoras y prestamistas, incluían valoraciones falsas y engañosas, lo que le permitió obtener términos favorables y otros beneficios.

James le está pidiendo a la corte recursos que paralizarían efectivamente la capacidad de los Trump para hacer negocios en Nueva York. Trump ha negado haber actuado mal y dijo que la demanda de James, una demócrata, tiene motivaciones políticas. Un juicio está fijado para octubre.

Supuesta intromisión electoral en Georgia

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha estado investigando los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones presidenciales de Georgia de 2020 y ha dicho que está a punto de tomar decisiones sobre los cargos.

Willis, una demócrata en Atlanta, comenzó inicialmente la investigación sobre la base de una llamada telefónica grabada el 2 de enero de 2021 en la que el entonces Presidente Trump instó al republicano Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del Estado, a encontrar suficientes votos para revocar la elección. Trump niega haber actuado mal y ha dicho que la llamada fue “perfecta”.

Un gran jurado especial convocado por Willis escuchó a 75 testigos, escribió un informe que resume sus hallazgos y recomendó cargos penales contra varias personas cuyas identidades no se han hecho públicas. El gran jurado especial, disuelto en enero, carecía de la autoridad para emitir acusaciones, que Willis ahora puede solicitar presentando pruebas ante un gran jurado tradicional. Trump le pidió a un tribunal estatal el 20 de marzo que desechara la investigación, alegando que había sido “contaminada por influencias indebidas”.

Documentos clasificados en Mar-a-Lago

Un abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, está supervisando una investigación criminal sobre el manejo de documentos clasificados en el resort Mar-a-Lago de Trump en el sur de Florida. La investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), iniciada el 9 de febrero de 2022, se ha ampliado para incluir una investigación criminal sobre una posible obstrucción, entre otros delitos potenciales.

Los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia intentaron durante meses recuperar los documentos confidenciales y clasificados del gobierno en posesión de Trump, incluso a través de un registro extraordinario en agosto de su propiedad por parte de agentes federales. Los fiscales han dicho que descubrieron evidencia de que los representantes de Trump afirmaron falsamente que todo el material en cuestión había sido devuelto. Trump y sus representantes niegan haber actuado mal.

Los fiscales han interrogado a varios testigos, incluidos varios de los abogados de Trump.

Esfuerzos para anular elecciones de 2020

Smith también está realizando una investigación por separado sobre los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. El trabajo del fiscal especial se produce cuando los fiscales en Washington presentaron cargos contra más de 1.000 personas en relación con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU. que buscaba evitar que el Congreso certificara la victoria del Presidente Joe Biden.

El equipo de Smith se está enfocando en los esfuerzos de Trump para permanecer en el poder, incluidos los intentos de los aliados pro-Trump de crear listas alternativas de electores en los estados indecisos que ganó Biden.

Una ráfaga de pasos agresivos en marzo sugirió que la investigación de Smith estaba avanzando. Los fiscales citaron a varias personas en la órbita de Trump, incluido el exvicepresidente Mike Pence y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, preparando el escenario para peleas judiciales que podrían tardar meses en resolverse. Trump ha hecho valer el privilegio ejecutivo en un esfuerzo por evitar que Pence, Meadows y otros testifiquen.

En marzo, un juez dictaminó que Pence debe testificar ante un gran jurado en Washington sobre las conversaciones que tuvo con Trump antes del 6 de enero de 2021, pero puede negarse a responder algunas preguntas relacionadas con su papel como presidente del Senado ese día. Pence no ha dicho si apelará el fallo.

Hasta ahora, los jueces han rechazado los argumentos de Trump en una serie de fallos sellados, incluido uno emitido el día en que fue procesado en Nueva York, en contra de los intentos de impedir que altos funcionarios de su gobierno testifiquen.

Demandas civiles por el ataque al Capitolio

Varios legisladores demócratas y agentes de la policía del Capitolio buscan responsabilizar a Trump por la violencia del 6 de enero de 2021, en una serie de demandas civiles.

Un juez federal en Washington rechazó los reclamos de inmunidad de Trump y permitió que las demandas continuaran el año pasado, lo que llevó al expresidente a impugnar el fallo ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de D.C. Un panel de tres jueces escuchó argumentos en diciembre sobre si Trump es responsable del daño mental y físico causado por el asalto al Capitolio.

Invitado a opinar sobre la inmunidad de Trump frente a las demandas, el Departamento de Justicia dijo que no era inmune y que puede ser demandado en relación con el 6 de enero de 2021, cuando le dijo a una multitud de simpatizantes que “lucharan como locos” para evitar que el Congreso certificara su derrota ante Joe Biden. El panel de la corte de apelaciones aún no se ha pronunciado sobre el asunto.

Caso de difamación civil de E. Jean Carroll

E. Jean Carroll, una escritora y periodista de Nueva York, demandó a Trump en un tribunal del estado de Nueva York a fines de 2019, diciendo que el presidente mintió y la difamó cuando negó haberla violado en el vestidor de una tienda por departamentos en la década de 1990. A fines de 2020, el Departamento de Justicia se hizo cargo de la defensa del caso de los abogados privados de Trump, alegando que Trump estaba actuando dentro del alcance de su empleo cuando respondió como presidente a las afirmaciones de Carroll.

La administración Biden ha mantenido ese enfoque. Una corte federal de apelaciones en Washington está revisando si sus acciones se llevaron a cabo en el marco de su trabajo como presidente.

Carroll presentó una demanda de seguimiento el año pasado, invocando una ley de Nueva York que abrió una ventana de un año en la que las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente cuando eran adultas pueden demandar a sus presuntos abusadores, sin importar hace cuánto tiempo ocurrió la conducta. Está previsto que vaya a juicio en abril.