Radiografía de las bandas criminales de Rosario: la amenaza de un consorcio narco contra medidas de Milei

Manifestantes durante una protesta en demanda de justicia por la muerte de Máximo Jerez, un niño de 11 años que fue asesinado en Rosario, provincia de Santa Fe, en marzo de 2023. Foto: Reuters

Una serie de asesinatos causaron conmoción en una ciudad lamentablemente acostumbrada a la violencia, y especialmente a la relacionada con el narco. Además de matar, dejaron mensajes. Ahora, las autoridades están preocupadas por la posibilidad de que un consorcio entre distintas bandas haya surgido con un único motivo: responder a las medidas del gobierno argentino.


A cerca de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el centro neurálgico de Argentina, se encuentra Rosario, lugar que, a su vez, posiblemente es la zona más peligroso de la nación. Así lo demuestran las cifras, donde, para 2022, cuadruplicaba el número de muertos a nivel nacional por cada 100.000 habitantes. Es allí donde, durante los últimos días, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, celebró un dato interesante: durante los dos primeros meses de 2024 se había registrado un descenso en la cifra, lo que atribuyó a la consecuencia del llamado operativo Bandera, una iniciativa contra las bandas narco lanzada en diciembre por Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Sin embargo, investigadores judiciales ven otra explicación como la razón más probable en la baja. Posiblemente, se generó un acuerdo entre los grupos criminales que por ya una década han atormentado a los rosarinos.

Según consignó el periódico La Nación, el cambio en las condiciones carcelarias llevadas adelante por el gobierno provincial junto con el nacional habrían provocado que las principales bandas dejaran de enfrentarse para dirigirse a un enemigo común: el Estado.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, saluda a miembros de la Prefectura Naval tras anunciar el envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario para hacer frente a las bandas de narcotraficantes, en Rosario. Foto: Reuters

Tanto las cifras como los mensajes encontrados en lugares en que se cometieron delitos sustentan la teoría. En febrero, el mes del mayor contraste, se vio que para la misma fecha, pero de 2023, ya se habían cometido 33 homicidios. En cambio, este 2024 solo se contabilizaron 7. Lo mismo ocurrió con enero, pasando de 26 a 16 asesinatos.

A modo de contextualización, vale recordar que, según datos del Ministerio de Seguridad de Rosario, del Ministerio Público de la Acusación, de la Fiscalía General y del Ministerio de Seguridad de la Nación, ya para 2014, la situación era preocupante. En dicho año, Rosario acumulaba 20,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Argentina en general era de 7,6. Pero mientras a nivel nacional la tendencia solo bajó, llegando a los 4,2 para 2022, en la urbe ubicada en el centro del país hizo lo contrario. Si bien en 2017 y 2019 hubo un descenso en el promedio, para 2022 creció hasta superar el previo peak de 2014, con 22,31 homicidios. De ellos, la abrumadora mayoría -sobre el 70% de los casos- fue efectuado con armas de fuego.

La hipótesis se nutre por un antecedente previo. Obviando la baja de 2017, una disminución de este tipo no se ve en Rosario desde la guerra narco de 2013, instancia en que empezó a crecer sin control el reguero de sangre -fueron 263 asesinatos ese año- para nunca más bajar.

La otra línea que sustenta el supuesto consorcio narco son los dos mensajes que aparecieron el sábado, uno en un puente de avenida Circunvalación y Ovidio Lagos, cerca de la autopista Rosario - Buenos Aires, y el otro en una escena del crimen, detalló la prensa transandina.

En esta última, se dio con una frialdad inusitada y con, aparentemente, el único objetivo de causar terror. Se trata del homicidio de Bruno Bussanich, un joven de 25 años que trabajaba como empleado de una estación de servicio (playero, como le dicen en Argentina), quien fue asesinado a sangre fría, sin mediación previa y con tres disparos a quemarropa por una persona aparentemente aún menor, según se ve en los registros audiovisuales del hecho.

Las cartas encontradas en ambos lugares utilizan la palabra “unidos”. “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y (Pablo) Cococcioni (ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe)”. También agrega: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”. La conexión entre ambos mensajes se debe a la letra y estilo similar, por lo que los investigadores creen que se trata o de la misma persona, o de la misma organización criminal.

Durante la madrugada de este martes, las autoridades encontraron más amenazas contra el gobernador. “Hasta que Pullaro no pare, vamos a matar. Zona norte sur oeste. El que avisa no traiciona”, dice el mensaje encontrado frente a la casa de una mujer que entregó el papel a la policía, consignó Infobae.

Vecinos discuten con la policía detrás de una barricada improvisada durante los enfrentamientos tras el entierro de Máximo Jerez, un niño de 11 años muerto en el fuego cruzado entre bandas de narcotraficantes rivales en el barrio de Los Pumitas de Rosario, el 6 de marzo de 2023. Foto: Archivo

Otro elemento que aporta a la teoría es que, si bien no se ha logrado conectar la autoría de los principales hechos delictuales de los últimos días -los crímenes de dos taxistas, un ataque a una comisaría y el asesinato del bombero-, sí se determinó que en los tres primeros se usó la misma pistola calibre 9 mm, así como munición que tiene el mismo sello de la Policía de Santa Fe, detalló La Nación.

La escalada de violencia creció luego de las medidas de la provincia en las cárceles santafesinas, como la puesta en escena de una redada al interior de un recinto penitenciario similar a la estética utilizada por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.

“Si antes no reaccionaron cuando se los detuvo, cuando sacamos sus bienes, cuando se les dieron condenas ejemplares, ahora sí reaccionaron porque se les estaba terminando su negocio, el que conducían o conducen desde las unidades penales de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal”, declaró a la prensa el gobernador Pullaro.

El temor de las autoridades frente a la conformación de un consorcio narco nacido en las cárceles argentinas es que se genere algo similar a lo ocurrido con el Primer Comando Capital (PCC), en Brasil, el que surgió como una “hermandad criminal” que buscaba exigir mejoras en las condiciones de detención, y terminó convirtiéndose en una megabanda que ya habría cruzado fronteras al aliarse con el Tren de Aragua, de Venezuela, según consignó el medio especializado InSight Crime.

Las bandas de Rosario

El problema rosarino tiene varias aristas, pero antes de detallarlas, es necesario relatar quiénes se encuentran detrás de gran parte de la violencia. Se trata de numerosas bandas que tienen como su principal exponente a Los Monos, dirigida por la familia Cantero.

Esta suerte de “emprendimiento familiar” lleva un cuarto de siglo actuando de forma ininterrumpida en Rosario, pese a que gran parte de sus miembros y líderes hayan estado o estén en la cárcel -otro de los grandes problemas de Santa Fe-. Allí, crecieron pasando desde el robo de automóviles, hasta basar su economía en el narcomenudeo (el microtráfico de drogas), las extorsiones, el asesinato, la trata y el lavado de activos.

Su nivel de influencia es tal que, según La Nación, el líder de la agrupación, Ariel “Guille” Cantero, controla tanto las calles como las cárceles, pese a estar dentro de una de ellas. Para ello, requiere de grandes sumas de dinero, así como funcionarios cómplices y corruptos, como el director de Análisis Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Horacio Lucchini, quien le habría cobrado US$ 150.000 en diciembre, a cambio de beneficios dentro de las rejas. No ha sido detenido ni imputado.

La reagrupación de los presos de alto perfil, tanto de la banda de Los Monos como de otros grupos por parte de Pullaro, en diciembre pasado, generó como respuesta la implantación del pánico. Son estos grupos narcotraficantes quienes imparten la muerte en la provincia, lo que se evidencia con que, para 2021, el 76% de los asesinatos ocurridos en Rosario estaban vinculados a las drogas.

Los Monos no son los únicos que operan, pero son los más poderosos. En un cañaveral, enterrado hasta el cuello y atado de pies y manos, con solo su cabeza sobresaliendo de la tierra, fue encontrado Fernando Corso. Se trataba de “el Gordo Pel”, miembro de la banda Los Garompas, rivales de Los Monos. O al menos lo era hasta antes de ser torturado y, finalmente, asesinado. Aquello ocurrió 18 años atrás, y desencadenó toda una guerra luego de que la principal agrupación delictiva sufriera el robo de tres “raviolis” de cocaína. “Esa primera guerra dejó más de 60 muertos, pero teníamos un código que se respetaba y que hoy ya no existe: no se podía lastimar a los chicos, ni meterse con las familias”, dijo un exmiembro de Los Garompas a La Nación, que hoy trabaja en una empresa de limpieza.

De aquel código, ya no queda nada. Los Monos se encuentran actualmente atomizados en cuatro partes desiguales, luego de que murieran o fueran detenidos los miembros más veteranos de la banda, los que fueron reemplazados por gente más joven. Y más violenta.

Para diciembre de 2022, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, elaboró un mapa provisorio de la presencia de bandas narcodelictivas en Santa Fe. En él, se señalaba la presencia de hasta 90 bandas identificadas, de las cuales 34 operaban en Rosario. Ocho años antes, en 2016, el mismo político había asegurado que la urbe estaba dominada por cuatro grandes agrupaciones: Los Monos y los Alvarado, en el centro; Luis Medina, en el oeste; y en el norte Los Pillines.

Una investigación periodística de La Nación recabó que, entre las principales razones que explican el establecimiento del narco en Rosario, destacan su geografía, junto a la Hidrovía e importantes rutas automovilísticas claves en la conectividad del Cono Sur; el anticuado sistema institucional de Santa Fe, con la Constitución provincial más antigua del país y un deficiente sistema de elección de jueces, fiscales y organismos de control; el abandono estatal, que dejó de proveer seguridad y contención social -donde clanes delictivos organizan comedores comunitarios y talleres de oficios, e incluso entregan seguridad mientras, al mismo tiempo, organizan secuestros y sicariatos-; una ciudad que mueve millones -US$ 9 millones al mes en la provincia y genera ganancias por US$ 5 millones cada 30 días, según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) citadas por el medio-, el que luego es lavado por financieras, inmobiliarias y constructoras; y la seguridad, donde hay muchos ejemplos de policías y penitenciarios que trabajan para los narcos, políticos protegiendo a agentes corruptos o planificaciones desde dentro de las cárceles, aseguró La Nación.

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