Presidente de Ecuador expone a cinco jueces por liberar narcotraficantes, asesinos y violadores

Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Foto: Europa Press/Archivo

El mandatario ecuatoriano sindicó a los magistrados como responsables de dejar en libertad a decenas de delincuentes, así como de ser integrantes del crimen organizado.


El Presidente Guillermo Lasso expuso públicamente el martes los nombres de cinco jueces, a los que dijo que denunciará ante los órganos competentes para que sean sancionados por haber liberado dolosamente a narcotraficantes, homicidas y violadores.

En cadena de radio y televisión, el mandatario aseguró que su gobierno estará vigilante para que los magistrados cumplan con su deber a fin de garantizar la paz y la justicia del país. “La justicia y las fuerzas del orden están para proteger a los ecuatorianos de bien”, aseveró.

De inmediato dio los nombres de cinco jueces, de los que afirmó que “defienden a los delincuentes”: Ángel Lindao, Juan Carlos Terán, Mary Quintero, José Alarcón y Emerson Curipallo. Los señaló como responsables de liberar a decenas de narcotraficantes, homicidas y violadores, así como de ser integrantes del crimen organizado.

“Han sido testigos ustedes cómo algunos malos jueces liberan a esos delincuentes”, pronunció el Presidente en su mensaje. “Imagino su indignación y comparto su preocupación”, añadió.

Añadió que presentará una queja por el desempeño de esos magistrados ante el Consejo de la Judicatura, organismo administrador de la función judicial y que presentará sendas denuncias ante la Fiscalía. “La justicia justa es una necesidad para los ecuatorianos”, argumentó.

De Lindao dijo que había tramitado una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante y que dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido “solo dos años de los 24 años de pena impuesta”.

Al juez Terán le tachó de firmar más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos y de revocar la prisión preventiva a cinco detenidos “con armas y drogas”.

A Mary Quintero y José Alarcón los señaló por ratificar la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, “terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de un año”, en un caso que, según Lasso, fue incluso “coordinado con la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos”.

Por último, citó a Emerson Curipallo por firmar 15 boletas de excarcelación “abusando de la acción de protección” y favoreció a un “asesino sentenciado a 22 años de prisión, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión”.

Jueces sin sanción

Ha sido una constante en los últimos años que el sistema judicial adopte polémicos fallos, siempre favorables a personas vinculadas al crimen organizado y la corrupción, causando el repudio generalizado. Aunque la prensa ha denunciado esas acciones, el Consejo de la Judicatura se ha tardado o simplemente no ha sancionado a quienes han sido señalados por esa inconductas.

Cada uno de ellos, sentenció Lasso, representa la “injusticia” y son una “amenaza para la justicia y la paz”. Apeló por último al sistema de control para ver si esos “malos jueces” son apartados de su cargo “o no” y si son sancionados “o no”.

En uno de los últimos y más escandalosos casos, un fiscal no acusó y una jueza ordenó liberar de inmediato a uno de los presos más peligrosos del país, Junior Roldán, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, a pesar de que tenía varias sentencias, entre ellas una de 27 años de cárcel por asesinato, además de procesos judiciales por tráfico de armas, entre otros.

El ejecutivo se negó a cumplir esa orden judicial, pero cuando la policía buscó a la jueza y al fiscal de la causa, estos habían desaparecido.

Como muestra de preocupación por el tema, el gobierno planteó en una consulta popular realizada el domingo tres de ocho preguntas relacionadas con la seguridad, entre ellas la aprobación para la extradición de narcotraficantes y otros criminales. Todas las cuestiones fueron rechazadas por una mayoría de votantes ecuatorianos.

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