Policía de Brasil registra la casa de un hijo de Bolsonaro por un caso de espionaje durante su mandato

La Policía Federal de Brasil ha requisado este lunes un computador de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) que estaba en posesión del concejal Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una operación sobre las escuchas ilegales que este organismo realizó durante el mandato de su padre.

Carlos Bolsonaro es sospechoso de haber sido uno de los destinatarios a los que se envió la información recabada ilegalmente por aquellas escuchas. Un segundo computador fue requisado en casa de uno de los asesores del hijo del expresidente, que está vinculado a una funcionaria de la agencia de Inteligencia.

La casa y la oficina de Carlos Bolsonaro en Río de Janeiro han formado parte este lunes de una operación que se ha desarrollado también en varios inmuebles de otros sospechosos en Bahía y Brasilia, y que la semana pasada tuvo como principal objetivo al antiguo jefe de la Abin, Alexandre Ramagen.

Carlos ya fue señalado por el exasesor de su padre, el ahora caído en desgracia coronel Mauro Cid, de ser el principal responsable del conocido como gabinete de odio, una estructura paralela con el visto bueno de Bolsonaro para atacar a rivales políticos e incluso a organismos como el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Bautizada como “Vigilancia Aproximada”, esta operación forma parte de un operativo que se puso en marcha en octubre de 2023 llamado “Primera Milla”, que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo FirstMile.

De acuerdo con la investigación, durante su mandato, Bolsonaro se habría servido de la Abin para espiar ilegalmente a rivales políticos, periodistas, aliados y jueces del Tribunal Supremo, entre ellos Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes.

Ante el descrédito de la Abin durante los últimos años, una de las primeras decisiones que adoptó el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue apartar a los militares de la agencia y hacerla dependiente del Gabinete de la Presidencia.

La decisión, si bien planteada durante el periodo de transición -debido a la impronta bolsonarista de muchos de sus miembros- acabó por acelerarse tras los ataques del 8 de enero a las instituciones, en medio de sospechas y acusaciones de connivencia por parte de los militares.