Panamá al borde del estallido social: asociaciones ciudadanas rechazan diálogo convocado por gobierno en medio de protestas

Las protestas y cierres de carreteras continuaban el jueves en Panamá, mientras crecía la expectativa por la suerte de un diálogo convocado por el gobierno para buscar una salida a los reclamos por el alto costo de los combustibles y los alimentos.

Durante la jornada, los bloqueos comenzaron a afectar el transporte de mercaderías y combustible y se reportaba desabastecimiento en algunas partes del país.

Desde temprano, las enfermeras, que la víspera anunciaron que solidarizaban con las protestas, marcharon por calles de la contigua provincia de Panamá Oeste, mientras que tramos de la carretera en esa localidad fueron bloqueados. En la capital, docentes y otros trabajadores marchaban nuevamente hacia la Asamblea Nacional.

La policía despejó una concurrida avenida en el populoso sector de San Miguelito, lo que causó la reacción de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que argumentaron que no había necesidad de la acción policial y que habían llegado a un acuerdo con los manifestantes para abrir voluntariamente esa vía.

En la occidental provincia de Chiriquí -fronteriza con Costa Rica-, indígenas que mantuvieron bloqueada la carretera interamericana la reabrieron luego de 24 horas, pero no descartaron volver a cerrarla.

Las protestas -que comenzaron con demandas de los educadores en la central provincia de Veraguas- fueron sumando a otros gremios, movimientos y organizaciones obreras y sociales que juntos llevan a cabo las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años en Panamá.

La víspera, el gobierno convocó a un diálogo para frenar las protestas, que no se aplacaron pese a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar los aumentos como el control de precios de 10 productos de la canasta básica de alimentos y medidas de austeridad en el Estado, que se sumaron a un congelamiento temporal de los precios de los combustibles.

La Asamblea Nacional de Panamá anunció el miércoles un plan de austeridad de nueve puntos, que contempla la suspensión de viajes y desplazamientos -tanto fuera como dentro de Panamá- de los miembros del gobierno y de otros altos funcionarios.

Otras de las medidas son la congelación de aumentos salariales y nuevos nombramientos, de jornadas de capacitación, servicios de publicidad, así como de la compra de equipos y material para las instituciones.

Pero asociaciones ciudadanas, integradas por representantes de distintos sectores sociales de Panamá, rechazaron este jueves sentarse a la mesa con el gobierno en medio de las protestas en el país por el mal uso de las finanzas públicas y el alto costo de vida.

La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados (Anadepo) y la Alianza del Pueblo Unido por la Vida señalaron este jueves que no acudirán a la mesa de diálogo convocada por el gobierno panameño en la Ciudad del Saber, barrio de negocios ubicado en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, la convocatoria de la administración que dirige el Presidente panameño, Laurentino Cortizo, no es sincera y no quieren precondiciones ni mediación de la Iglesia Católica, que se ha ofrecido como puente para encontrar una solución a la crisis, según ha recogido el diario La Prensa.

“Exhortamos a la cordura para no afectar el diario convivir y evitar los daños a terceros, a la paz social y al proceso de recuperación económica. Este gobierno ha optado siempre por el diálogo honesto y la tolerancia”, señaló la Iglesia Católica en un comunicado recogido por Radio Panamá.

En tanto, la policía liberó a 17 personas que fueron aprehendidas la víspera en una protesta en una plaza cerca de la Asamblea Nacional, donde se han juntado casi a diario los manifestantes.