“No hay perdón para quienes atacan la democracia”: Lula lanza advertencia en primer aniversario de fallido golpe bolsonarista

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este lunes, durante un acto en el Congreso con autoridades de los tres poderes con motivo del primer aniversario de los actos golpistas protagonizados por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro en Brasilia, que todos los involucrados en esos incidentes deben ser castigados de manera ejemplar. En medio de la tensa y delicada relación de Lula con los militares, la prensa local destacó que los miembros de las Fuerzas Armadas siguen libres de responsabilidad a un año de los hechos del 8 de enero de 2023

“Todos aquellos que financiaron, planificaron y ejecutaron el intento de golpe deben ser castigados de manera ejemplar. No hay perdón para quien ataque la democracia, su país y su propio pueblo. El perdón sonaría como impunidad. Y la impunidad, como salvoconducto para nuevos actos terroristas”, afirmó Lula, según consigna el diario O Globo.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que la “valentía” de parlamentarios, gobernadores, ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y “militares legalistas” permitió que este lunes fuera posible celebrar “la victoria de la democracia sobre el autoritarismo”. El presidente también agradeció a los profesionales de las fuerzas de seguridad, especialmente en el Congreso, “que, incluso siendo minoría, se negaron a sumarse al golpe y arriesgaron sus vidas en el cumplimiento del deber”.

En su discurso, Lula citó directa e indirectamente al expresidente Jair Bolsonaro, a quien calificó de “golpista”, destacó el diario Folha de Sao Paulo. La primera mención se produjo en momentos en que el jefe del Ejecutivo narraba cómo sería el país si el intento de golpe, el pasado 8 de enero, hubiera tenido éxito. “Los opositores políticos y las autoridades establecidas podrían ser fusilados o ahorcados en una plaza pública, a juzgar por lo que el expresidente golpista predicó en la campaña y sus seguidores conspiraron en las redes sociales”, dijo.

Al respecto, Folha de Sao Paulo recordó que los altos mandos de la Policía Militar del Distrito Federal fueron denunciados y detenidos bajo cargos de connivencia con los atentados del 8 de enero. Al tiempo que casi 1.400 participantes directos e indirectos en las acciones de la Plaza de los Tres Poderes corrieron la misma suerte, mientras que quienes financiaron los incidentes comenzaron a ser responsabilizados y acusados, tanto por el Ministerio Público Federal como por la AGU (Procuraduría General de la Unión).

Sin embargo, agrega el periódico paulista, los altos mandos de las Fuerzas Armadas hasta ahora han quedado libres de responsabilidad, a pesar de que voces influyentes de los tres poderes consideraron que una parte de ellas fue al menos omisiva.

“Ciertamente hay autoridades (de las Fuerzas Armadas) que de alguna manera lo alentaron. Recuerdo una frase del general Braga (Netto) diciendo a esos manifestantes que tuvieran fe y prometiendo por tanto algún tipo de evolución, apenas unos días antes de estos acontecimientos”, dijo a Folha el ministro Gilmar Mendes, del Tribunal Supremo Federal.

Tanto Gilmar como su colega y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes consideran que hubo tolerancia indebida por parte de la dirección del Ejército en relación al campamento frente a la sede de la institución castrense, en Brasilia, lugar de donde salieron y regresaron los golpistas del 8 de enero.

Para Moraes, mantener los campamentos “fue un error muy grande”. En una entrevista con Folha, el magistrado afirmó que había dicho “varias veces” a las autoridades del gobierno anterior que los campamentos no representaban “libertad de expresión”, como defendieron los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas en una nota publicada en noviembre del año pasado, tras la victoria de Lula sobre Bolsonaro.

En su discurso de este lunes, Moraes defendió el castigo a quienes participaron en los actos golpistas del 8 de enero de 2023. Según el ministro, no se puede confundir “la paz y la unión con impunidad”, ni habrá “apaciguamiento”. A su juicio, “todos aquellos que cobardemente aceptaron la ruptura de la democracia y de un régimen de excepción serán debidamente investigados, procesados y responsabilizados en la medida de sus culpabilidades”.

En declaraciones a O Globo, el ministro de Defensa brasileño, José Múcio Monteiro, sostuvo que las Fuerzas Armadas “no querían el golpe” del 8 de enero de 2023, cuando partidarios radicales del expresidente Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema en Brasilia.

A pesar de algunos soldados “indisciplinados”, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no quisieron unirse a un movimiento golpista, dijo el ministro. “En ningún momento se mencionó la hipótesis. Hubo un gran sentimiento de cohesión. Todos los comandantes estaban allí esa noche (8 de enero)”, agregó Múcio.

Pero, las palabras de Múcio fueron criticadas por el diputado Lindbergh Farias, novio de la presidenta del Partido de los Trabajadores de Lula (PT), Gleisi Hoffmann. Según Farias, el discurso suena como la “defensa de una amnistía preventiva” para los militares y para Bolsonaro.

“Una de las líneas más importantes de la investigación llevada a cabo por el STF es sobre la autoría intelectual de este intento de golpe de Estado. El propio (teniente coronel) Mauro Cid (quien era secretario personal de Bolsonaro), en su acuerdo de culpabilidad, revela que fue el propio Bolsonaro quien aprobó un borrador del golpe que hablaba de anular las elecciones y arrestar al ministro Alexandre de Moraes. Este discurso es casi una defensa de una amnistía previa para los golpistas, para los militares involucrados en el complot y para el propio Jair Bolsonaro”, dijo Lindbergh.

En declaraciones al diario El País, Fabio Victor, autor del libro Poder camuflado. Os militares e a política, do fim da ditadura á alianza com Bolsonaro, aquel 8 de enero “la desconfianza de Lula hacia los militares aumentó exponencialmente”. El periodista pone dos ejemplos: el presidente decidió no decretar una operación de Garantía de la Ley y el Orden, que hubiera movilizado a los militares para poner orden en el caos, sino una intervención de la seguridad bajo control civil. Tres horas y más de un millar de detenciones después, el orden quedó restablecido.

Llegó entonces la segunda decisión. Destitución fulminante de decenas de militares que ejercían de ayudantes de órdenes en la Presidencia. Lula puso su seguridad en manos de la Policía Federal. “Después se echó atrás, pero la seguridad de la primera dama sigue en manos de la policía. Ella se fía de los militares menos todavía que el marido”, apunta Victor. Dos semanas después, Lula relevó al jefe del Ejército por falta de confianza.

Los uniformados castigados hasta ahora por el asalto golpista se cuentan con los dedos de una mano, asegura El País. Se desconoce cuántos entre los más de 1.000 detenidos aquel domingo 8 de enero y el lunes eran militares o policías. Los primeros 30 condenados, todos civiles, todos autores materiales, han recibido penas ejemplares, de hasta 17 años de cárcel. En cambio, el castigo a los militares ha sido, hasta ahora, puntual y leve, agrega.