Los casos que abrieron el debate para alterar la ley de aborto por primera vez en 56 años en Reino Unido

Hasta ahora, el aborto es legal en Reino Unido al menos hasta las primeras 24 semanas de embarazo. La ley instaura ciertos motivos que permiten su interrupción, además de la necesidad de que dos doctores certifiquen el procedimiento. Sin embargo, en dos casos que han aparecido a la luz este último mes, hay mujeres que arriesgan incluso la cadena perpetua, luego de haberse administrado drogas para interrumpir un embarazo.

Desde que se aprobara en 1967 la actual ley de aborto, hasta 2022 fueron condenadas tres mujeres por abortar fuera de los marcos establecidos en la ley, en Inglaterra y en Gales. Pero solo en los últimos 18 meses, ya van seis mujeres procesadas por presuntos delitos de aborto. Esto, porque el procedimiento no ha sido despenalizado en Reino Unido.

Los casos de Carla Forster y Sophie Harvey, en particular, han tocado a la opinión pública británica, y desde el Parlamento se está discutiendo si despenalizar o no el aborto.

Madre de tres hijos, Carla Forster fue encarcelada y condenada a dos años y cuatro meses de prisión, por haber tomado ilegalmente pastillas para interrumpir un cuarto embarazo. Aún si el procedimiento es legal en Reino Unido hasta las 24 semanas, Forster admitió al jurado el haber obtenido los comprimidos por correo, desde el Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), alegando un embarazo de siete semanas. Sin embargo, estaba embarazada de 32 a 34 semanas.

Todo esto había ocurrido en medio de la pandemia. Luego de tomar las pastillas, Forster ingresó inmediatamente en trabajo de parto, y el bebé nació sin respirar, siendo declarado muerto 45 minutos después. Forster fue acusada por los fiscales de “destrucción infantil”, haciendo referencia a una ley del siglo XIX, donde se habla del crimen de matar un feto viable.

Durante los 35 días en que se puso a Forster en prisión preventiva, ella no pudo ver a sus hijos, aún siendo uno de ellos autista. Al final, una corte de apelaciones terminó reduciendo la sentencia, de 28 a 14 meses, suspendiendo así la cárcel.

El caso Forster, que ya tiene 45 años, así como el aumento sin precedentes del número de mujeres investigadas y arrestadas por abortos ilegales en los últimos años (60 desde 2018, con cuatro mujeres presas), llevó al Parlamento británico a abrir debates para cambiar la legislación británica sobre el aborto por primera vez desde 1967.

En ese mismo cuadro, el caso de Sophie Harvey es ligeramente distinto. En 2018, Harvey obtuvo las pastillas para abortar cuando llevaba seis meses de embarazo, siendo aún entonces una adolescente. Con 19 años, tanto Harvey como su novio Elliot Benham buscaron de manera online métodos para interrumpir el embarazo de ella, y compraron pastillas.

En una audiencia, el jurado del Tribunal de Gloucester supo que Harvey y Benham estaban en una relación en 2018, cuando descubrieron que ella estaba embarazada. No querían al bebé, así que pidieron a los médicos un aborto, pero descubrieron que el feto tenía más de 28 semanas.

El tribunal escuchó que después de dar a luz en el baño de su casa, Harvey envolvió al bebé en una toalla y lo arrojó a la basura. Anna Vigars, la fiscal, aseguró en una audiencia: “Estos dos jóvenes se encontraron en una situación muy difícil y tuvieron que tomar decisiones difíciles, una situación que ellos mismos crearon. En el verano de 2018, ambos tenían 19 años y estaban en una relación desde hacía aproximadamente un año”.

Una ley de 1861, la Ley de Delitos contra las Personas, señala que es ilegal que una mujer se procure un aborto propio, o facilite los medios para que otra mujer lo haga. Esta ley está en vigor tanto en Inglaterra como en Gales.

Si algún aborto es legal hoy en Reino Unido, es gracias a la Ley del Aborto, que fue aprobada en 1967, que permite a los médicos practicar abortos y a las mujeres acceder a ellos, solo si cuentan con la autorización de dos médicos colegiados y reúnen al menos una de una serie de circunstancias específicas. En 1980 se añadió el plazo de 24 semanas.

Especialista en derechos reproductivos, la politóloga Mariana Prandini, PhD de la New School for Social Research (EE.UU.), dijo a O Globo que la eliminación de las sanciones legales a las mujeres que practican abortos ilegales en Inglaterra y Gales sería un avance histórico.

“La criminalización no es una medida eficaz, ya que sólo mantiene a las personas alejadas del sistema sanitario. La ley no impide que las personas aborten, sino que las coloca en una situación de clandestinidad”, señaló.