Imágenes dan cuenta de problemas en la reconstrucción de la Ciudad de México tras fuerte sismo

La demolición de cientos de estructuras inestables se ha visto demorada por obstáculos legales y fí­sicos, mientras que algunos propietarios realizaron renovaciones cosméticas que hace que los inmuebles queden a merced del próximo terremoto que sacuda la Ciudad de México y sus inmediaciones.

Pero la lentitud de los derribos y de la reconstrucción frustra tanto a quienes perdieron sus casas como a quienes viven entre inmuebles destrozados que parece que vayan a colapsar en cualquier momento sobre las aceras y calles que siguen acordonadas desde el temblor del 19 de septiembre de 2017.

De los casi 411 edificios señalados para ser demolidos, solo fueron derribados 62, y casi 1.000 más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.

La destrucción causada por el terremoto y la lentitud en las labores de reconstrucción pusieron en duda la confianza de la ciudad en el autocontrol -los constructores contratan a expertos en regulación para certificar la seguridad de los inmuebles que levantan- y en su capacidad para sancionar a los responsables.

Nadie ha sido procesado con éxito por el derrumbe de edificios pese a que los expertos hallaron evidencias de construcciones deficientes en varios casos en los que los constructores presentaron documentación falsa, emplearon materiales baratos o simplemente construyeron sobre estructuras antiguas e inestables. Por el momento no se ha reconstruido ni un solo edificio de viviendas.

Los pequeños progresos se deben a trabajadores de demoliciones que tiran los pisos superiores de los edificios altos a donde no llega la maquinaria pesada y a las ví­ctimas del sismo que han dormido a la intemperie, manifestándose y bloqueando calles para presionar al gobierno.

Los afectados se quejan de que las autoridades han levantado una abrumadora pirámide burocrática de papeleo para que las ví­ctimas consigan que sus edificios sean evaluados, reparados, derribados o reemplazados. Casi la mitad de los residentes en la Ciudad de México no tienen pruebas o tí­tulos de propiedad de sus casas, lo que obstaculiza el camino para obtener compensaciones.