AMLO inaugura el primer tramo del Tren Maya en medio de críticas ambientalistas y dudas indígenas

A pesar de juicios, manifestaciones populares, preocupaciones ambientales y señalamientos internacionales, Andrés Manuel López Obrador inauguró este 15 de diciembre el Tren Maya. Acompañado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y altos mandos del Ejército, el presidente mexicano anunció la apertura de las primeras seis estaciones del ambicioso megaproyecto ferroviario.

“Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo y se logró también en tiempo récord, estas obras por lo general trascienden gobiernos”, celebró López Obrador, que también adelantó que el próximo tramo a inaugurarse será el que conecte a Palenque, en Chiapas, el próximo 30 de diciembre, aunque el trazado completo se estaría finalizando hasta febrero del 2024, según estimaciones del Gobierno.

El tren viajará a una velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora, conectando Campeche con Cancún en seis horas, según comentó el general Óscar David Lozano, director del proyecto.

Además, el costo de los boletos varía entre los 70 hasta los 100 dólares por viaje, un poco menos de lo que cuesta el transporte en autobús del mismo trayecto, según presumió López Obrador.

Además, se anunció el despliegue de más de 2.800 activos de la Guardia Nacional mexicana para patrullar las inmediaciones de las vías, apoyados por “drones, cámaras, radios, radio patrullas y helicópteros” que tienen por objetivo salvaguardar la infraestructura del Tren Maya.

El Tren Maya es uno de los proyectos públicos más polémicos en la historia contemporánea de México, siendo objeto de más de 20 amparos legales activos y múltiples juicios en proceso, basados en denuncias sobre violaciones a las leyes ambientales del país y a los derechos de las comunidades indígenas del sureste mexicano.

Ante ello, López Obrador le ha restado importancia a las críticas, calificando las acciones como “politiquería” de “pseudodefensores del medio ambiente”, afirmando que las sentencias legales que le tendrían que haber impedido seguir con ciertos tramos del tren se tratan de “problemas menores” que finalmente no detuvieron el ambicioso proyecto desarrollista.

“Que querían pararnos, que no se hiciera la obra, pero como hay el apoyo y el respaldo de todo un pueblo, por eso pudimos terminar”, sentenció el mandatario, que ha defendido el Tren Maya alegando que traerá un beneficio económico para la península mexicana, favoreciendo al desarrollo de alrededor de 397.000 personas que habitan las localidades por las que pasará el tren.

Con cinco tramos en construcción y un costo aproximado de 28.000 millones de dólares, el emblemático proyecto de López Obrador buscará conectar cinco de los estados más turísticos de la península sur del país - Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco -, aunque para ello se tuvieran que erradicar miles de kilómetros de biodiversidad en uno de los pulmones de América Latina.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Tren Maya afectará alrededor de 23 áreas naturales protegidas en la zona, además de deforestar más de 2.500 hectáreas de la selva en la península de Yucatán, una de las más importantes para la regulación ambiental, no solo del sureste, sino de todo el país.

Además, el trazado del proyecto ha sido cambiado en múltiples ocasiones debido a la complejidad del territorio selvático en el que se encuentra un sistema de lagunas subterráneas conocidas como cenotes, mismos que, además de ser un tesoro natural del país, son responsables de abastecer de agua limpia a las comunidades aledañas.

Los críticos exponen que el Tren Maya amenaza el acceso al agua en la región.

“No tenemos ni idea de lo que va a pasar con nuestra agua, deberíamos haberlo hecho de un modo sostenible que también garantizara la resistencia estructural, y no lo estamos haciendo”, lamentó la activista ambiental Cristina Nolasco.

Sobre la cuestión indígena, grupos originarios de la región han denunciado que el Gobierno mexicano ha sido negligente ante el derecho a la autonomía y libre determinación de las comunidades, violentando además su entorno ambiental del que son dependientes para subsistir.

En 2019, el Gobierno de López Obrador impulsó un proceso de consulta popular para los pueblos originarios de la región, implementando tantos sesiones informativas como deliberativas, que finalmente fue “ratificado” por las comunidades consultadas en un peculiar cierre, donde el presidente le pidió permiso a la “Madre Tierra” para iniciar con la construcción del demoledor megaproyecto.

Sin embargo, las denuncias de otras comunidades no se hicieron esperar, mismas que fueron respaldadas por el ojo internacional, ya que el proceso fue cuestionado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, argumentando que “no se cumplieron los estándares internacionales” en las consultas, señalando la falta de información sobre impactos negativos en las sesiones del Gobierno con las comunidades indígenas.

Insertado en la lógica desarrollista, el Tren Maya ya se encontrará funcionando el 16 de diciembre. Un proceso que localmente se entiende como imparable y que, con la justificación del beneficio económico futuro, tendrá efectos irreversibles en la biodiversidad mexicana y su relación histórica con las comunidades en la región.