Universidades al pizarrón: investigan tres casos graves de crisis financieras

La Superintendencia de Educación Superior (SES) tiene a algunas instituciones en la mira por su déficit financiero. En concreto, dentro de otros casos pesquisados, destacan tres procesos formales de investigación abiertos en las situaciones más graves de las universidades Austral, de Aysén y Bolivariana.

La SES, dice el superintendente José Miguel Salazar, ha comprobado que, en general, el sistema goza de “buena salud”, pero advierte que han detectado “casos puntuales” que están siendo abordados “para evitar cualquier riesgo que amenace el derecho a la educación de los estudiantes”.

Y aunque hay casos menores de estrés financiero, el fenómeno más grave, acorde a la autoridad, tiende a acotarse a un grupo de instituciones que “presentan una gestión estratégica deficiente que se refleja especialmente en que su capacidad para hacer un uso eficiente y bien planificado de sus recursos financieros debe mejorar considerablemente”.

Pero, ¿cuál es el detalle de los casos más complejos?

Los problemas de la U. Austral -privada, miembro de la Red G9 y con cerca de 17 mil alumnos- son conocidos y dan cuenta de un complejo escenario producto de su endeudamiento y de resultados financieros negativos hace algunos años. Sólo en 2022, pesquisan en la SES, acumuló pérdidas por $17 mil millones, lo que ha llevado a que en 2023 casi 160 personas dejaron de trabajar ahí.

Fruto de esta crisis a inicios de julio renunció el prorrector Juan Andrés Varas, quien dijo en su carta de despedida que “la gravedad de la situación financiera de la corporación es bastante mayor que la tenida en vista cuando se formuló el presupuesto 2023″. Dos semanas después asumió José Dörner, quien reconoció que este era “probablemente el mayor desafío que he tenido en mi carrera académica, particularmente por la situación en la que se encuentra la universidad”, además de señalar que sus principales tareas serían “preocuparse respecto a la respuesta formal de la SES y analizar bien el plan de recuperación que se tiene que acordar con los reguladores”.

Aparejado a los líos económicos por los que la SES pidió antecedentes a la universidad, la misma superintendencia realizó una formalización de cargos a la casa de estudios por no informar oportunamente el incumplimiento de compromisos financieros.

Con todo, desde la UAustral dicen que están definiendo un plan estratégico de gestión y control de gastos “para contener las pérdidas y poder sumar nuevos recursos” y que esperan las propuestas de la SES “para avanzar en una agenda que asegure salir de la situación en que se encuentra”.

En tal sentido, el rector Hans Richter precisa que hasta aquí su institución “no ha recibido sanciones de ningún tipo” y que las razones para haber llegado a esta crisis son “principalmente a causa de la alta inflación y de aspectos estructurales que se arrastran por alrededor de una década”.

La estatal U. de Aysén es un proyecto institucional “en proceso de maduración”, según señalan en la SES, aunque eso está en serio riesgo. Y es que a la superintendencia le preocupa que sus estados financieros den cuenta de un déficit de $415 millones a diciembre 2021, lo que, dicen, ha generado problemas para financiar la operación en el corto plazo. Lo anterior, de hecho, ha llevado a que rectoría barajara como solución traspasar $1.500 millones de proyectos puntuales para pagar remuneraciones, lo que no prosperó. Producto de esta situación, la SES les requirió información financiera para una “profunda auditoría” orientada a conocer la dimensión del problema y proponer medidas.

La crisis llevó a que los cinco parlamentarios de la región se reunieran con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, para solicitarle que intervengan la universidad. Incluso fueron más allá y pidieron que se investiguen eventuales irregularidades administrativas y financieras luego de que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) sólo le diera tres años de acreditación, señalando en su informe que la institución tiene, entre otras cosas, sobredotación, infraestructura insuficiente, elevadas pérdidas operacionales, patrimonio decreciente y un “escaso desarrollo en investigación”.

Sobre la situación financiera de la universidad, la rectora Natacha Pino dice que tras la notificación de la SES están “absolutamente disponibles para colaborar con todo lo que se requiera” y que este proceso ayudará “a comprender el quehacer de una universidad en una zona extrema como lo es Aysén, que tiene complejidades adicionales”.

En paralelo a esta crisis, el Ministerio Público inició una investigación por posibles vínculos del plantel -incluida la rectora- con Democracia Viva, que hizo una escuela de verano para estudiantes, y, además, porque Pino fue invitada a ser parte del consejo asesor de la organización.

Esta institución privada con casi 700 estudiantes, según la SES, ha sufrido una “importante” caída financiera los últimos tres años, con una pérdida neta de $254 millones a junio de 2022.

Tal resultado, señalan desde el ente fiscalizador, se vincula a la caída de 73% de su matrícula entre 2017 y 2022. Los problemas de plata han llevado a algunos paros de funcionarios y el año pasado la universidad cambió a su controlador. Desde ahí ha registrado a cuatro rectores diferentes.

En la SES, además, consignan que en 2022 la CNA definió que no cumplía los criterios para la acreditación obligatoria, por lo que quedó sujeta a la supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED), que determinó no autorizarla para matricular nuevos estudiantes este año.

Así, en mayo la SES instruyó un proceso de investigación, pudiendo constatar en las fiscalizaciones incumplimientos laborales y falencias en materia de infraestructura.

Por escrito, la junta directiva de la U. Bolivariana reconoce que su institución está pasando por un estrés financiero -con un déficit global de casi $ 850 millones- debido a diversos factores, uno de los cuales atribuyen a la “debacle económica” producida por el Covid, lo que ha llevado a una mora “bastante alta” de sus alumnos.

Asimismo, respecto de la no autorización de nuevas matrículas, reseñan que presentaron un plan de mejora al CNED, el que aseguran ha sido observado, pero no rechazado. Todo esto, finalizan, lo han informado al gobierno “con el objeto de invitarlos a colaborar”, incluso pidiendo ayuda con un crédito, pero “hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de ayuda y, muy por el contrario, se nos ha ignorado completamente”.