Columna de Pablo Carvacho y David Jara: Los problemas de la seguridad como emergencia

Seguridad comunal en La Reina


Por Pablo Carvacho y David Jara, Centro Justicia y Sociedad UC

El decreto de emergencia comunal anunciado por algunos alcaldes debe alertarnos. Con estos decretos se espera instalar vigilantes civiles, contratar ex uniformados, fortalecer el control mediante drones y acelerar procesos de contratación directa.

La medida es riesgosa, porque transfiere la función de seguridad a personas comunes y corrientes. Los objetivos institucionales de las policías se encuentran plasmados en leyes. En cambio, los ciudadanos tienen motivos y miedos específicos tras la búsqueda de seguridad. Cuando hay vigilantes ciudadanos crece el riesgo de que estas iniciativas se enfoquen excesivamente en migrantes y grupos minoritarios. Además, las policías han sido entrenadas en el uso de la fuerza y se encuentran sujetas a restricciones que derivan en garantías para las personas. Nada de esto existe en “batallones” de vecinos no profesionales.

Estas medidas son además ineficaces. Los diagnósticos muestran que el delito ha transitado a un escenario de bandas más organizadas, con mayor poder de fuego y violencia. Resulta dudoso que ciudadanos amateurs logren prevenir y controlar los delitos que generan más temor. Si tomamos en cuenta el dinamismo propio del delito, resulta poco convincente que medidas altamente localizadas resuelvan un problema que echa sus raíces mucho más al fondo de la superficie comunal.

Asimismo, son contraproducentes, en tanto su instalación no hace más que amplificar y profundizar un estado de inseguridad en la ciudadanía- y distractivas -pues desvían el foco de la reforma de nuestros mecanismos de persecución policial y penal.

Finalmente, los decretos de emergencia comunal suelen derivarse de decretos nacionales. Sin ellos, su fundamento parece desvanecerse en la conveniencia y discrecionalidad de los tratos directos y reasignación de presupuestos que autorizan. Así, estas iniciativas pueden ser ilegales en la medida que ocupan instrumentos con fines transitorios -emergencias- para enfrentar un problema permanente: la seguridad.

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