Columna de Nicolás Zevallos: El reflejo peruano de la inseguridad regional

Migrantes indocumentados, la mayor parte procedentes de Venezuela, Colombia y Haití, se enfrentan a la policía peruana, en la frontera con Chile, en abril pasado. Foto: Reuters


Por Nicolás Zevallos Trigoso, Fundador del Instituto de Criminología (Perú)

Perú enfrenta una importante transformación de su escenario delictivo, influido por la convergencia de dos factores recientes: la pandemia y la crisis migratoria. Esta situación se agrava debido al aumento en la demanda global de commodities ilegales, como cocaína, madera y oro, distribuidos a través de cadenas de suministro ilícitas. Así, en medio de una precarización económica y de los servicios públicos, el país experimenta la expansión de nuevas estructuras criminales, donde destacan las bandas criminales y las organizaciones transnacionales.

Las bandas criminales han fragmentado el delito predatorio, afectando a pequeños y medianos emprendedores con asaltos, secuestros y extorsiones. La informalidad de su crecimiento ofrece una oportunidad: el dinero no bancarizado y de origen incierto y el poco acceso a los servicios de seguridad, resulta atractivo para estas redes. Como consecuencia, los pequeños empresarios destinan hasta el 10% de sus ganancias para protegerse de la delincuencia, además de pagar impuestos destinados a este fin. Por otro lado, las organizaciones transnacionales encuentran en Perú un terreno propicio. Los operadores de las principales organizaciones criminales de la región actúan con facilidad en el país, aprovechando fronteras poco controladas, especialmente en la Amazonía, para el tráfico de cocaína, madera ilegal y oro ilegal.

La expansión de estas estructuras criminales amenaza no solo la seguridad, sino también el desarrollo y la estabilidad democrática en Perú y la región. Ya se observa cómo afectan proyectos privados, como la extracción minera en el norte del país, y ponen en peligro proyectos de envergadura, como el megapuerto de Chanchay en la costa. Además, estas dinámicas ilegales también influyen en la política, siendo cada vez más notoria su presencia en los espacios de toma de decisiones.

Este problema no se limita a Perú: su alcance es regional. Sin mucha dificultad podríamos extrapolar este análisis a otros países. Por esa razón, es urgente reconocer la naturaleza regional de estas transformaciones antes de que las redes criminales emergentes sumerjan a la región en una crisis irreparable.

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