“Vulcon S.P.A.”: la empresa del extenista Paul Capdeville tras la denuncia de fraude en construcción de Cesfam en Las Condes

El 22 de marzo pasado, cuatro concejales de la comuna de Las Condes presentaron ante la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia por los delitos de fraude al Fisco, estafa y falsificación de instrumento público. A raíz de aquello este jueves la PDI allanó el edificio comunal para incautar computadores de la administración de Daniela Peñaloza. En la acusación de los ediles, hay un nombre que se repite: “Vulcon Asset Management Spa”, compañía que se encargó de la compra de parte del terreno donde se espera construir un nuevo Cesfam en la comuna del sector oriente, y por el cual se habría pagado un millonario sobre precio.

El requerimiento ante el Ministerio Público, así como también ante Contraloría, fue presentado por los concejales Catalina San Martín, Catalina Ugarte, Patricio Bopp, Leonardo Prat y Sergio Melnick, luego de que en diciembre del año pasado la Municipalidad pagara $ 852 millones por la compra de una casa que formaría parte del espacio donde se espera construir un nuevo recinto de salud comunal.

Las críticas de los ediles surgen luego de que Las Condes gestionara con Vulcon y Engel & Völkers la compra de las propiedades. Y es que, según la denuncia ante la Fiscalía, la primera empresa, aparte de intermediar entre los propietarios de las casas, también era dueña de una de las propiedades y por la cual se habrían pagado $ 430 millones más de lo que la misma pagó al comprarla tiempo antes.

Para concretar la construcción del recinto, la administración de Peñaloza planeaba adquirir 5.000 m². Por eso, el municipio adquirió 10 casas contiguas al lado de un terreno vacío en el sector sur de la comuna. La compra de esos inmuebles estaba a cargo de los gestores Vulcon, mientras que la del terreno vecino de Engel & Völkers.

Lo que los concejales denuncian, como explicaron en conversación con La Tercera PM, es que por las primeras nueve casas, Las Condes pagó entre 50 y 70 UF por cada metro cuadrado. Sin embargo, la “casa 10″, ubicada en Nueva Delhi 1775, tuvo un precio bastante más elevado: 112 UF por m².

Al respecto, el concejal Patricio Bopp (Ind.-ex UDI) asegura que han pedido información “para conocer cómo la municipalidad llegó a esta empresa, de qué manera se presentan las ofertas y bajo qué respaldos. El gerente general en una entrevista indicó que la operación comercial fue “guiada” por la municipalidad, mientras la administración indica que esto fue una operación entre privados y se recibió una oferta por el paño en su conjunto. Aquí hay mucho que explicar y nos parece bien que se investigue, con las herramientas que el fiscal determine necesarias”.

La concejala Isidora Alcalde (RD), quien evalúa presentar acciones paralelas a las ya estampadas por sus pares, apunta además que la empresa “trabaja como gestora de activos y no es una empresa de corretaje de propiedades. Lo grave, también, es que nunca se les avisó a los vecinos del sector, a muchos se les mintió y terminaron enterándose por la prensa de todo lo que ha pasado. Esto tiene muchas aristas irregulares, incluso se dejó dos casas como islas en medio de este proyecto”.

El 10 de marzo de 2022, la Municipalidad de Las Condes citó a una comisión para tratar la construcción del nuevo Cesfam. Con el fin de evitar la especulación de precios inmobiliarios, la cita fue reservada. Y al día siguiente, el Concejo Municipal aprobó la voluntad de compra de los lotes donde se levantaría el nuevo edificio de salud.

En diciembre de ese año, la concejala Catalina San Martín asumió la presidencia de la comisión de Hacienda del concejo, y según sostienen los ediles, como un mes después que estallara el caso Sierra Bella en Santiago, ellos comenzaron a revisar los propios proyectos.

Así, en los antecedentes recabados por los concejales y que fueron expuestos ante el Concejo Municipal del 9 de marzo pasado, se detalló cómo se gestó la compra de los inmuebles, lo que incrementó las sospechas respecto de la “casa 10″. De hecho, en ese momento alertaron respecto de que el acta de lo aprobado por ellos había sido adulterada posteriormente y que en el texto modificado se incluía a las empresas que en ningún momento habían sido mencionadas, así como también las comisiones que estas recibirían y una promesa de compraventa por parte de la municipalidad.

Por lo mismo, Bopp califica como “muy engorroso” todo el proceso de compra de los inmuebles, ya que como concejales creen que no se “respetó la institucionalidad y son las presuntas irregularidades que denunciamos en Contraloría. Un proceso administrativo que se llevó a cabo por parte de la municipalidad, que a nuestro juicio fue poco transparente, no se resguardaron los intereses municipales y se realizó a espaldas del concejo”.

En su sitio web, la empresa se describe como “una administradora de capital privado conformada por un equipo de ejecutivos de reconocida experiencia. Enfocada en el desarrollo inmobiliario habitacional, bodegas industriales, bodegaje de terreno y renta inmobiliaria comercial, y habitacional. Contamos con un equipo de más de 25 años de experiencia en la industria inmobiliaria e industria financiera”.

Pese a eso, en los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), la compañía de la cual es socio el extenista Paul Capdeville y Nello Travisany, inició sus actividades tributarias en septiembre de 2020, sin embargo, en julio del año siguiente la empresa denominó sus actividades como “fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares”.

Al rubro inmobiliario, sin embargo, ingresó el 29 de diciembre de 2022 cuando inició actividades de “otros servicios de corretaje de valores y commodities”. Según sus registros tributarios, la compañía está denominada como una empresa de menor tamaño.

En la causa judicial por este caso, ambos socios están calificados como denunciados por el delito de falsificación o uso de instrumento público.

Ante las denuncias y cuestionamientos de los concejales, la alcaldesa Daniela Peñaloza, en primer punto, fue enfática en sostener que no hará defensa de ningún gestor inmobiliario y descartó de forma tajante que los ediles no conocieran la totalidad de los antecedentes. Además, indicó que no habría ilegalidades, pero reconoció que existirían “errores administrativos”.

“Yo no voy a ser la defensa de ningún gestor inmobiliario. Los hechos son que nosotros queremos construir un Cesfam de cinco mil metros cuadrados -que son las indicaciones que nos dio el Minsal-, y fue en esa lógica que la municipalidad salió a buscar paños y a recibir ofertas de gestores inmobiliarios. Una de ellas la hizo Vulcon, que nos ofertó un paño compuesto por 10 casas, a 68 UF el m². Esa oferta fue aprobada por mí y los concejales presentes de forma unánime y, por lo tanto, compramos”, manifestó en conversación con La Tercera PM, agregando, además, que un estudio elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción da cuenta de que, en promedio, el metro cuadrado en Las Condes cuesta 107 UF.

Respecto del supuesto ocultamiento de antecedentes, la jefa comunal aseguró que dos o tres meses después de haber asumido, en 2021, “almorcé con todos los concejales y les presenté la cartera de proyectos para el primer periodo, a octubre de 2024, y uno de ellos era la construcción de este Cesfam. Y se les indicó el lugar de la comuna donde queríamos construirlo, porque los antecedentes indican que en el eje escogido hay mayor población adulta mayor y la saturación es justamente en este paño. Ellos sabían los antecedentes técnicos y siempre supieron que estábamos buscando esa cantidad de metros cuadrados. Recibimos dos ofertas, la de Vulcon y la de la gestora Engel & Völkers, y ambas ofertas sumaban cinco mil metros cuadrados a un valor de 353 mil UF. Eso fue lo que autorizó el concejo y eso quedó en el acta, por eso compramos. Y entendimos que los valores eran acordes al mercado”.

Recalcó, en el mismo sentido, que ante la denuncia en Fiscalía -que dijo haber conocido por la prensa-, siempre han tomado un rol proactivo, instruyendo sumarios y encargando una auditoría externa.

Fruto de eso, complementó, es que descarta la existencia de delitos. “Los antecedentes que yo manejo hasta el día de hoy no me dan cuenta de ilegalidades, pero sí dan cuenta de errores administrativos importantes. Yo no actúo por la prensa y no tomo palco de lo que pasa, por eso inmediatamente tomamos medidas concretas”, subrayó.