El nombramiento de Héctor Valer como nuevo primer ministro peruano ha desatado una nueva polémica en ese país debido a que acumula una serie de denuncias, tanto por violencia intrafamiliar como contra vecinos y agentes de seguridad. Además, tiene una investigación por cómplice de colusión en el departamento de Ucayali. A todo lo anterior se suman cuestionamientos políticos, porque el abogado habría llamado a no votar por el actual Presidente Pedro Castillo en las elecciones del año pasado.

Según dio cuenta el diario El Comercio, que tuvo acceso a la resolución judicial, Valer fue acusado en 2016 de violencia familiar por su esposa, Ana Montoya Leo, y su hija, Catherine Valer Montoya. La jueza Roxana Palacios indicó en su resolución que existe un certificado médico legal de Montoya, del día siguiente a la denuncia, del cual “fluye que existen indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto”.

En tanto, el diario La República detalla que en la denuncia se señala que Catherine Valer fue agredida por su padre, “quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones en el cabello”.

Ana Montoya agrega que su esposo “le propinó un puñete en el rostro y un empujón contra el suelo”. El 8 de febrero de 2017, el 9º Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección a favor de la mujer y prohibió a Valer realizar cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio de su esposa, indicó La República. Montoya falleció en octubre del año pasado.

El periódico peruano también recuerda un incidente con los vecinos de Valer en la calle Heinrich Hertz, en el distrito limeño de San Borja. “Hubo un pleito grande, se tiraron cosas, rompieron todo y yo dije que están destrozando mi departamento. Lo que había pasado, según contó la señora Ana (Montoya), es que la hija (le) faltó el respeto al papá, él se fue contra ella y la mamá salió afectada al defenderla. La hija salió cargando su maleta”, contó a La República la dueña del departamento donde vivía la familia Valer Montoya.

“Él era muy agresivo, decía mentadas de madre y un rosario de lisuras. Hacían mucha bulla, parecía que se tiraban cosas. No sabía qué pasaba arriba. Llamé muchas veces a serenazgo y no abrían la puerta”, recordó la arrendadora.

En una de esas ocasiones, Valer habría agredido al personal de seguridad de la municipalidad alegando que invadían su domicilio. La dueña del departamento de San Borja dice que al final tuvo que hacerles un juicio de desalojo y se fueron sin pagarle 40 mil soles (US$ 10.370).

La Asociación de Propietarios y Residentes también registra una denuncia por violencia física que presentó el vigilante del estacionamiento Augusto Francesqui, el 7 de diciembre del 2009, por demorarse en atenderlo y permitirle retirar su vehículo.

Como si ello no fuera suficiente, Valer afrontó, asimismo, dos investigaciones de la fiscalía del departamento de Ucayali por contaminación ambiental y por cómplice de colusión. Según la información obtenida por el Centro Libre, y consignada por La República, el 16 de septiembre de 2020, el primer despacho de la fiscalía anticorrupción de Coronel Portillo formalizó una investigación contra Valer como cómplice del delito de colusión que se atribuía al alcalde Antonio Marino Panduro.

La fiscalía encontró indicios de una probable colusión entre el alcalde y Valer en 2016 para que el hoy presidente del Consejo de Ministros fuera beneficiario de un contrato de administración temporal del camal (matadero) municipal por cinco años. De acuerdo con los documentos, el alcalde Marino Panduro supuestamente invitó a diversas empresas ganaderas a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la administración del camal, pero sin ningún marco de referencia.

“Que se vaya hoy mismo. Maltratador de mujeres no puede gobernarnos”, dijo el exministro de Interior del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Basombrío, en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, agregando que “ojalá ocurran cacerolazos” y “sean masivos”. “¿Dónde reclutan a los ministros? ¿En las comisarías y los juzgados?”, se preguntó.

Sin embargo, Valer descartó que vaya a renunciar al cargo luego de que se conocieran acusaciones en su contra por presunta violencia familiar, y señaló que dependerá del mandatario Pedro Castillo si es que se convierte en la “primera bala de plata” que gastará el Congreso. “Si se prueban y si todo esto fuera cierto, desde luego, mi integridad moral me obligaría a (renunciar ya), pero como esto no es cierto y como acá hay un trasfondo político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré, tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso gastará”, dijo hoy en una entrevista al programa político A pensar más.

De esta forma, Valer hacía referencia a la posibilidad de que el pleno del Congreso no le otorgue la confianza al pedir el voto de investidura que le corresponde en los primeros 30 días de su gestión. Si el Legislativo le niega la confianza a dos gabinetes de un solo jefe del Estado, este último estará en la capacidad de disolver el Parlamento y convocar a elecciones, tal y como ocurrió en septiembre de 2019 durante el mandato de Martín Vizcarra.

Durante la entrevista, Valer negó haber sido responsable de agresiones contra su esposa y su hija. “Mi hija me ha explicado que había ido a la comisaría aquella vez que la había reprendido y le había llamado la atención. Ella pensaba que era igual que la policía de Francia, porque ellas han vivido ahí. En Francia la policía intermedia en estos casos, pero lo que pasó fue que la policía le hizo firmar un papel, pero eso es todo”, dijo, tras negar haberla agredido y manifestar que no hay un informe de medicina legal que lo corrobore.

“La permanencia de Héctor Valer en la presidencia del Consejo de Ministros es una afrenta al país”, escribió el diario El Comercio en su editorial. “Las imputaciones que arrastra el ministro Héctor Valer son execrables y no puede permanecer un minuto más en el cargo”, agregó.

Héctor Valer Pinto es un abogado y político peruano de 62 años. Actualmente es congresista por el partido Perú Democrático. Es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Garcilaso de la Vega Asociación Civil.

Las declaraciones previas del recién nombrado premier, que incluso lo llevaron hasta la Comisión de Ética del Congreso, sumadas a sus consideraciones en torno a la política de género, lo han puesto en el punto de mira de los colectivos feministas.

La Defensoría del Pueblo se ha sumado a los ataques contra el primer ministro, incluso solicitó a Castillo que reconsidere su decisión “por la violencia contra las mujeres y el núcleo familiar”.

También su expartido, Renovación Popular, viralizó por redes sociales los argumentos de Valer para apoyar en las últimas presidenciales a Keiko Fujimori en lugar de Castillo: “Mi familia y yo hemos decidido no votar por el comunismo, no votar por Castillo. El comunismo trae miseria, trae pobreza”.

Pero no es solo el premier quien tiene denuncias en su contra, también el ministro de Defensa, José Gavidia Arrascue, quien fue denunciado ante la Policía Nacional (PNP) por violencia familiar por su esposa, en septiembre de 2021, según reveló Latina Noticias.

El diario Correo explica que Gavidia Arrascue acusó de infidelidad a su esposa y la hostigó dentro de la vivienda que ambos compartían. El hecho fue denunciado en la comisaría del distrito de San Borja. Al ser consultado sobre el caso, el titular del Ministerio de Defensa dijo que era un “tema muy personal”.