"El que usa (la escopeta) no controla la trayectoria de los perdigones": Las explicaciones de Carabineros a Human Rights Watch

Una reforma policial urgente sugirió hoy Human Rights Watch, a través de director del organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, debido al uso excesivo de fuerza contra los manifestantes en el marco de las movilizaciones sociales que se iniciaron el 18 de octubre.

Si bien el informe no alude a una conducta sistemática de violaciones a los derechos humanos, sí afirma que "Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".

El informe da cuenta de que los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre y contabiliza en 220 las lesiones oculares documentadas por disparos de escopetas antidisturbios.

Además de recoger el testimonio de las víctimas, el organismo internacional expone los argumentos del alto mando y del personal de Carabineros a quien apunta el informe como principales responsables del uso desproporcionado de la fuerza. 

En sus entrevistas con personal de la policía uniformada, los cinco funcionarios de Human Rights Watch se detuvieron especialmente en el uso de las escopetas antidisturbios, cuyo uso carabineros  se vio obligado a suspender de forma provisoria el 19 de noviembre debido al aumento de heridos graves y al informe de la Universidad de Chile que estableció que los perdigones contendrían plomo.

"Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto", indicó Human Rights Watch en su informe.

El informe consigna la versión del general Mario Rozas, Director General de Carabineros, quien señaló el 13 de noviembre que los carabineros usan escopetas antidisturbios de 12 mm que disparan cartuchos con 12 perdigones de 8 mm y que se les permite abrir fuego cuando se encuentre "en peligro de su vida o cuando hay un civil en peligro".

La versión de Carabineros es que las escopetas se han usado en respuesta a agresiones de manifestantes que arrojaron piedras u otros proyectiles a su personal. Y que para acceder a este armamento, los carabineros deben completar un curso de dos semanas y renovar su certificación cada año.

"Al momento del disparo los perdigones están concentrados, se van separando unos de otros y pueden alcanzar un radio de varios decímetros a pocos metros de haber sido disparados", añade el texto que se conoció hoy. Lo anterior dificulta prever cuál será el blanco tras un disparo.

El informe lo plantea así: "Las autoridades de Carabineros admiten que el uso de un arma con tan poca precisión conlleva un "alto riesgo". "No es un arma para hacer puntería", expresó el general Rozas".

El texto conocido y entregado hoy en La Moneda incluye las declaraciones del general Jorge Ávila, jefe de las Fuerzas Especiales, que indicó que "el que la usa no controla la trayectoria de los perdigones".

El protocolo de uso de la fuerza de la policía uniformada indica que en caso de ser necesario el uso de escopetas antidisturbios, estas deben apuntar entre la rodilla y los tobillos para evitar lesiones mayores.

"Debido a los diversos factores que afectan la trayectoria de los perdigones, incluso cuando los carabineros disparan hacia las extremidades inferiores, es casi imposible cerciorarse de que los perdigones no impacten en la parte superior del cuerpo, lo cual eleva el riesgo de lesiones graves o posiblemente letales", dice el informe.

Human Rights Watch denuncia que el alto mando de carabineros no ha instruido al personal de menor rango del riesgo en el uso de las escopetas. A eso atribuye que tres carabineros entrevistados por el organismo niegan la posibilidad de daño que esas armas provocan.

"Un capitán expresó que es "muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si [se dispara] de muy cerca", y un cabo señaló que era "imposible [que los perdigones causen] daño ocular grave"", consigna el informe.

El organismo sugiere la suspensión indefinida y en todas las circunstancias, hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan.

El informe consigna que desde el estallido social el personal de la policía uniformada ha sido sometido a condiciones "de trabajo extenuantes".

"Las manifestaciones han obligado a muchos carabineros a trabajar turnos mucho más prolongados de lo normal —jornadas de hasta 16 horas, en vez de 8— sin tomar días de descanso ni remuneración por horas extra, explicaron comandantes de carabineros", dice también Human Rights Watch.