“Presenta actitud y orientación procriminal”: Comisión rechaza otorgar libertad condicional a Jaime Orpis y defensa recurrirá de amparo

Malas noticias para el exsenador de la UDI Jaime Orpis. Pese a que su defensa realizó varias gestiones para que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago accediera a entregarle el beneficio que le permitiría regresar a su hogar, la instancia encabezada por la ministra Ana María Osorio Astorga declinó, en fallo dividido, visar su solicitud. Esto, como se argumentó, porque existiría “riesgo de reincidencia en cohecho”.

La determinación, de acuerdo con antecedentes que pudo recabar La Tercera PM, se da pese a que sus abogados insisten en que el exparlamentario condenado por fraude al Fisco reiterado y cohecho en el marco del denominado caso Corpesca, contaba con informes favorables de parte de Gendarmería. Además, fue el único interno de la Unidad Especial de Alta Seguridad que postuló.

Por lo mismo, al ser consultados por la determinación de la comisión ad hoc, uno de los abogados de Orpis, Alejandro Espinoza, fue tajante en sostener que no habría fundamentos válidos para rechazar la solicitud de su representado. Por lo mismo, como adelantó a este medio, una vez que sean notificados formalmente del dictamen, recurrirán de amparo.

“Creemos que carece de fundamento racional y que es absolutamente contradictorio. Se sustenta en el riesgo de reincidencia en el delito de cohecho. Sin embargo, dicho delito sólo puede ser cometido por funcionarios públicos, en circunstancias que la condena impuesta a Jaime Orpis lo inhabilita a ejercer dichos cargos”, comentó el profesional.

Y agregó: “Atendido lo anterior, cumpliendo don Jaime Orpis los requisitos legales para obtener el beneficio de libertad condicional, recurriremos de amparo para impugnar esta injusta resolución”.

Por lo demás, desde el entorno de exparlamentario dan cuenta que, durante el cumplimiento de la condena ha mostrado buen comportamiento, lo que, dicen, le permitió ser beneficiado con salida dominical la Navidad pasada. Además, recalcan, no habría razones para rechazar su petición y aceptar la de internos como José Pérez -condenado a 10 años por el crimen de Viviana Haeger-, quien la semana pasada salió en libertad condicional.

El caso de Orpis, de todas maneras, siempre se ha posicionado como un caso mediático, pues luego de un juicio que se extendió por siete años, se transformó en el único político en quedar en prisión tras las investigaciones de los casos de financiamiento irregular de campañas.

Conforme al acta de la sesión en que la comisión analizó la solicitud de libertad condicional -a la que tuvo acceso La Tercera PM- si bien Orpis cumplía con parte de los requisitos exigidos, porque había permanecido privado de libertad por el tiempo mínimo que se pide y tenía conducta intachable, la documentación que revisaron dio cuenta de “la existencia de factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan, por ahora, otorgarle el beneficio solicitado”.

“Se advierte como indicador de relevancia la actitud y orientación procriminal, en tanto es posible identificar distorsiones cognitivas y elementos asociados como el super optimismo e indolencia cognitiva en la comisión delictual, en tanto el privado de libertad no sólo mantenía conocimiento de la ley de financiamiento electoral, sino que además participó en su votación, utilizando como mecanismo de comisión del ilícito, el uso y manipulación del sistema, de sus pares y de sus colaboradores, con baja integración ideo-afectiva de la responsabilidad, respecto de los últimos”, se lee en el documento de cinco carillas.

Además, los jueces que estuvieron por rechazar, agregaron que si bien Orpis reconoce el fraude al Fisco, no lo hace en el caso de los delitos de cohecho por los cuales fue condenado.

Asimismo, hacen patente que presenta “un riesgo/necesidad Alto, implicando con ello que las necesidades deben focalizarse en trabajar las distorsiones cognitivas que lo llevan a hacer uso de prerrogativas propias de su cargo como servidor público en beneficio personal”.

De esta forma, concluyeron que: “Los aspectos antes mencionados demuestran, por ahora, escasas posibilidades del postulante para reinsertarse adecuadamente en la sociedad e impiden tener por probado avances en su proceso de reinserción social, como lo exige el Decreto Ley N° 321″.

La comisión de jueces que debía analizar la petición de Orpis tuvo que revisar, junto con su requerimiento, un total de 1.890 solicitudes presentadas por personas que se encuentran privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de la jurisdicción, pero de ellas, sólo accedieron al 2%.

El grupo de comisionados, presidido por la ministra Osorio, está integrado por los jueces de garantía Rodrigo Carrasco Meza, Francis Fell Franco, Carlos Gutiérrez Moya, Hugo Salgado Morales y Sebastián Zülch Barrios; además de los magistrados de tribunales de juicio oral en lo penal Claudio Henríquez Alarcón, María José García Ramírez, Jessica Beltrand Montenegro, Patricia Marcela Erazo Rivera y José Santos Pérez Anker.

De acuerdo con el detalle entregado por la la misma, las solicitudes provinieron de internos de los penales de Santiago Sur (1.125), Colina 1 (474), Colina 2 (251), Punta Peuco (3), Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez (9), Unidad Especial de Alta Seguridad (1) y Centro de Estudio y Trabajo Metropolitano (27).