Pablo Vidal, presidente de Anatel: la Comisión contra la Desinformación “va a ser un gran aporte”

“Gravísimo”, “preocupante” y un “límite a la libertad de expresión”. Esas son parte de las críticas que provocó la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación impulsada por el gobierno y que el pasado martes 20 de junio se oficializó luego de su publicación en el Diario Oficial.

Pese a que el Ejecutivo informó que esta será una instancia liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que estará integrada por representantes de universidades públicas y privadas, de la sociedad civil y expertos en fact-checking que asesorarán a la Secretaría General de la República para enfrentar la desinformación, miembros de la oposición han emplazado al gobierno debido al escaso diálogo que hubo antes de su puesta en marcha, a las restricciones que supondría la comisión y los posibles riesgos de instrumentalización política del gobierno de turno.

Ante dichos emplazamientos, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió la instancia y argumentó que “va a ser un gran aporte que en Chile exista una comisión contra la desinformación en plataformas digitales. Son iniciativas que se han recomendado por parte de organismos internacionales, han hecho otros países lo mismo, porque se requiere de avanzar, no solamente en diagnóstico, sino que en propuestas para abordar este fenómeno”.

En ese mismo sentido se muestra la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel). Su presidente, Pablo Vidal, brinda su apoyo a la iniciativa argumentando que “tiene por objetivo conocer la experiencia internacional respecto de cómo se regula un fenómeno nuevo en el mundo y que afecta a millones de personas al utilizar sus datos personales”.

Para el exdiputado y exmilitante RD, la creación de tal comisión se sustenta en la actualidad debido al fenómeno de la desinformación que hoy ha comenzado a amenazar a las democracias: “Cuando las falsedades, mentiras o discursos de odio se distribuyen entre la sociedad, van dañando las confianzas, las credibilidades de las instituciones y eso sin duda es un fenómeno nocivo”, señala.

Pese a que para el geógrafo las críticas presentadas por miembros de la oposición pueden ser “atendibles”, para él éstas se basan más en temores o en desconfianzas que en lo que oficialmente el decreto establece. “Cuando se dice que acá podría haber censuras a los medios o la intención de pautearlos, o que se establezca una comisión de verdad, comprendo a la gente que tiene ese temor, pero leyendo el decreto no veo en ninguna parte que se sugiera que esa comisión tenga esas atribuciones”, afirma.

Y añade: “Han existido montones de comisiones asesoras ministeriales y presidenciales en el pasado, para pensiones, educación, y salud; y esta como comisión asesora ministerial para dar recomendaciones técnicas expertas y académicas para que luego el Congreso y el gobierno puedan tomar decisiones me parece que está bien. Desde Anatel la vemos con buenos ojos”.

Vidal hace referencia especialmente al artículo 12 del decreto, que establece que la comisión deberá entregar dos informes de actividades: uno en agosto, que corresponde a un diagnóstico respecto del fenómeno de la desinformación, y otro en noviembre, que deberá entregar recomendaciones para la alfabetización digital y regularización de plataformas digitales.

“Con lo que nosotros estamos de acuerdo es que se regule el uso de datos personales, que se regule la posición dominante de mercado de algunas plataformas, que se establezcan responsabilidades a discursos que afectan el bien público y que son financiadas con plataformas que no se regulan a tiempo”, sentencia.

La medida del gobierno fue cuestionada por la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien advirtió que es algo “gravísimo”, dado que “cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa la libertad de expresión, deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso”.

“Seleccionar un grupo de personas al gusto del gobierno de turno, para decidir cómo ejercer esas libertades, es abiertamente restrictivo”, afirmó la parlamentaria, quien señaló también que “la regulación de las libertades y derechos civiles y políticos fundamentales son materia de ley”.

Una crítica que también fue utilizada por la diputada RN, Camila Flores, quien aseguró lo “preocupante” que es que el gobierno busque mecanismos institucionales para tratar de decir cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es la información correcta y cuál es la desinformación”. Es más, la autoridad solicitó que el Ejecutivo “eche pie atrás en esta situación, porque es sumamente grave, incluso, es absolutamente inconstitucional”.

Ante tales comentarios, en conversación con La Tercera PM este jueves, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, reafirmó el compromiso del nuevo organismo al señalar que esta “no es una comisión que va a definir qué es y qué no es verdad, no va a hacer un análisis ni va a emitir opinión respecto de contenidos. Tampoco se espera que reciba denuncias de fake news ni nada por el estilo, y tampoco se espera que genere una regulación, no es ninguna de esas tres cosas. Esta comisión se crea para comprender un fenómeno social que es la desinformación”.