Hace un año, los hijos mayores del poeta chileno Nicanor Parra Sandoval -fallecido a la edad de 103 años el 22 de enero de 2018-, Alberto y Catalina Parra Troncoso presentaron una demanda en tribunales para exigir la designación de un administrador pro indiviso de los bienes de su sucesión avaluada en más de $3.400 millones. Esto luego que finalizara el periodo como albacea de su hermana menor Colombina Parra Tuca.

El pasado martes ambos hermanos solicitaron la remoción del interventor José Alfredo Rojas, acusando una serie de irregularidades en el proceso abriendo así una nueva arista en la saga por la disputa hereditaria. El 15 de octubre de 2019, el 17º Juzgado Civil de Santiago designó al abogado Rojas como interventor del proceso y éste debía rendir cuenta de su gestión cada cuatro meses. Sin embargo, el primer informe fue presentado el 20 de febrero de 2020, y, el segundo, el 8 de marzo de 2021, es decir más de un año después.

“Desde que fuera nombrado el Sr. Rojas en octubre del año 2019 hasta la fecha, ha sido incapaz de administrar los bienes de la sucesión, al punto que reconoce que a la fecha la ex albacea, Sra. Colombina Parra, es quien ha continuado efectuando los pagos de los gastos a través de su cuenta corriente personal”, advirtió la demanda presentada al tribunal por los hermanos Alberto y Catalina Parra, representados por el estudio Grasty, Quintana y Majlis.

En la acción civil los hermanos Alberto y Catalina explicaron que en el informe contable “se indica que la ex albacea, señora Colombina Parra, adeuda a la sucesión a lo menos la suma de $21.528.456 como saldo de ingresos menos gastos incurridos en su gestión”.

La Tercera accedió al estudio financiero elaborado por el contador auditor Lorenzo Tapia Leiva, denominado “Informe Sucesión Nicanor Parra Sandoval. Control de los Ingresos y Egresos de los años 2018 y 2019”. El documento, que cuenta con 18 hojas y que fue entregado a las partes el 13 de enero de 2021, detalla una serie de cuestionamientos a la gestión en gastos de Colombina Parra durante el tiempo en que ejerció como albacea.

El estudio concluye que “no es posible validar con una certeza razonable” los ingresos y egresos de la sucesión, ya que a la fecha aún los dineros de la herencia son administrados por una cuenta corriente en particular y no una comunitaria.

En esa línea, el análisis sostiene que “el manejo de los recursos de la sucesión, vía cuenta corriente particular, genera confusiones al momento de generar y pagar los gastos, tal es el caso, que se registran en dos ocasiones, reembolsos por gastos de la Fundación Parra por $5.346.177 y reembolso de Colombina Parra por $10.000.000, estos dos reembolsos, también dan a cuestionar, si existe o no, otros montos que deben ser reembolsados y que no han sido informados”.

Entre los pagos objetados por el auditor figura la mensualidad a Juan de Dios Parra que suma $6.710.000, consignando que “llama mucho la atención, que se le pague a dos de los herederos, tal es el caso Juan de Dios Parra y la Fundación Nicanor Parra, en desmedro de los otros, que no reciben suma de dinero alguno, no existe en los documentos revisados, un acuerdo del resto de los herederos que esto se haya autorizado”, consignó el documento de carácter reservado.

Asimismo, el informe consignó que “existen consumos de servicios básicos, en casas de la sucesión del poeta, que no son proporcionales, toda vez que estas propiedades están cerradas judicialmente, por lo cual su consumo debiera ser el mínimo, cosa que no ocurre, esta situación deberá ser evaluada y revisada”. Los pagos del agua en la casa de La Reina y Las Cruces suman $1.676.300 y $201.655, respectivamente. Otro de los pagos objetados es el de internet que en dichos inmuebles sumó: $447.156 y $287.393.

Otra situación que debe ser auditada -sostiene el informe- es el proceso de restauración que se desarrolló en la casa de La Reina, y apunta a que “no queda claro en los registros si esta restauración fue realizada a la casa perteneciente a la sucesión o de terceros”. Los trabajos de remodelación de la casa de La Reina, posterior al cierre, tuvo un costo de $4.123.079.

El informe también cuestiona el pago de un parte policial pagado con dineros de la sucesión a la Municipalidad de Renca por una suma de $210.320. “La sucesión no es dueña de ningún vehículo, por lo cual con mayor razón este gasto no debe ser cargado a la sucesión y lo debe asumir el dueño del vehículo (PF4150)”, consignó el informe.

Frente a esta nueva arremetida de Alberto y Catalina Parra Troncoso, Luis Valentín Ferrada, abogado de Colombina Parra y los otros hermanos, aseguró que el informe contable “incurre en graves imprecisiones que dan cuenta de una insalvable falta de rigurosidad en su análisis”.

La principal imprecisión radica en los ingresos percibidos, ya que “se identifican como reembolsos lo que en realidad fueron aportes de doña Colombina Parra por $10.000.000 y la Fundación Nicanor Parra por $5.346.177 para cubrir gastos necesarios de conservación de los bienes de la sucesión”, explicó en un escrito que presentó un día antes de la demanda en contra del administrador.

A su parecer en su informe el auditor infiere erróneamente que el “reembolso de dineros utilizados por Colombina Parra, es decir, que se trataría de dineros extraídos de la sucesión y luego reintegrados. Este mismo razonamiento expone respecto de la Fundación Nicanor Parra”.

“No advertir que la situación era complemente la inversa -es decir, que fueron doña Colombina Parra y la Fundación Nicanor Parra quienes hicieron aportes de su propio patrimonio, en benecios de la sucesión- revela el preocupante grado de desconocimiento con el que el informe contable fue redactado. Un error de esa magnitud compromete totalmente la integridad del documento”, agregó Ferrada.

Para el abogado Luis Valentín Ferrada el auditor “formula apreciaciones que exceden lo que se le ha encargado”.

“El informe formula juicios respecto de aquello a lo que tienen o no derecho los herederos, evalúa las funciones de la administración y expone apreciaciones especulativas y generales sobre la pertinencia de ciertos gastos. En base a todas esas apreciaciones el informe llega inclusive a sugerir objetar gastos. Pero al mismo tiempo -y de manera contradictoria- sus conclusiones se limitan a indicar que estas circunstancias deben ser evaluadas y revisadas”, concluyó.