Mauricio Alarcón, analista ecuatoriano: “Lasso disolvió la Asamblea Nacional producto de la inestabilidad política que se ha vivido en los últimos meses”

Un terremoto político se desató en Ecuador, luego de que el Presidente de dicho país, el derechista Guillermo Lasso, disolviera este miércoles la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, al amparo de la herramienta constitucional de la “muerte cruzada” bajo el argumento de una grave crisis política y conmoción interna. La medida se puso en marcha luego de que se cumpliera la primera jornada del juicio político en contra del Jefe de Estado, que cerró con el debate en el pleno del Parlamento la noche del martes.

En concreto, la decisión de Lasso -que está dentro de los márgenes constitucionales aprobados por la Constituyente de 2007, impulsada por la actual oposición liderada por el expresidente Rafael Correa- permite gobernar a través de decretos de ley en ciertas materias, y obliga a realizar unas elecciones de emergencia en un plazo de 90 días. Este gobierno interino dirigirá a la nación hasta las próximas elecciones de mayo de 2025, fecha en que correspondía que se cambiara el gobierno según el calendario electoral original.

La virtual caída de Lasso y de todo el Congreso no solo tiene un evidente impacto al interior de Ecuador, sino que también habla de un fenómeno en toda la región, considerando el antecedente de Pedro Castillo en Perú, quien fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras ordenar la disolución del Parlamento.

Y para Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador, esto es síntoma de que la región atraviesa por una “crisis” en materia democrática, donde “hay una enorme responsabilidad de los políticos y de sus partidos y movimientos en ella”, dijo en entrevista con La Tercera.

¿Cuáles son las implicancias internas de la decisión de activar una “muerte cruzada” por parte del Presidente Lasso, considerando la agitación que produce en el escenario político?

El Presidente ha tomado la decisión de disolver la Asamblea Nacional producto de la inestabilidad política que se ha vivido en los últimos meses. El hecho de tener, a su juicio, una grave crisis política en marcha lo habilita, de acuerdo con la Constitución, a disolver la Asamblea Nacional. Debemos tener en cuenta que esta figura fue introducida en la Constituyente de 2007, precisamente impulsada por el correísmo, para blindar el hiperpresidencialismo que ha caracterizado a este último período, y que, en ese sentido, no hay mayor requisito de acuerdo al texto constitucional más que el criterio del Presidente de la República. Las consecuencias no son ideales en el sentido de que jamás en una democracia resultará bueno el no tener un órgano legislativo, aunque sea de manera temporal, considerando que este es el primer poder del Estado y que representa a los ecuatorianos.

¿Cómo se materializarán estos seis meses de gobierno a través de decretos de ley?

En este punto hay mitos y verdades. El tiempo no está establecido en la Constitución, pero al haber una convocatoria a elecciones, es decir, mientras el Presidente es reemplazado y se cuenta con una Asamblea Nacional para lo que resta del período, el Presidente puede emitir decretos ley únicamente en materia económica urgente, y siempre con autorización previa de la Corte Constitucional. No es cualquier ley por vía de decreto ejecutivo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lideró las protestas de junio de 2022, calificó de “dictadura” la aplicación de la “muerte cruzada”, porque podría afectar a su sector.

Es probable.

¿Y se podría hablar de dictadura?

Los movimientos sociales han tenido pronunciamientos desde hace varias semanas al respecto. Lo cierto es que la figura es constitucional. Claro, nos puede chocar o hacer ruido, pero la figura está en la Constitución, con lo cual no hay, bajo ningún concepto, una dictadura o una acción dictatorial, entendiendo esta como una posible ruptura del orden constitucional o el Estado de Derecho. Insisto, aunque nos choque la figura, está en la Constitución.

De cara a las próximas elecciones extraordinarias, ¿podría la derecha mantenerse en el poder o, como ha ocurrido en el continente con este aparente movimiento pendular, podría ser la izquierda la que regrese al gobierno en Ecuador?

Creo que la aplicación de la ley del péndulo es un hecho en Ecuador, pues precisamente la situación crítica que atraviesa el país en este momento es producto de la inacción o la incapacidad de un gobierno identificado en la derecha de resolver las necesidades más básicas de los ecuatorianos en materia de seguridad, de falta de empleo o de lucha frontal contra la corrupción. En ese sentido, el escenario se abre incluso para un posible retorno del correísmo a la Presidencia de la República, sin olvidar nunca que no estamos hablando de un adelanto de elecciones, sino simplemente de una elección extraordinaria intermedia durante lo que resta del período. En 2025 deberemos de elegir gobierno para un período de cuatro años, pero claro, hay organizaciones políticas que le pueden sacar mucho provecho a esta situación coyuntural, incluso después del éxito que han tenido en las últimas elecciones seccionales del mes de febrero.

En Chile la delincuencia y la seguridad se han convertido en un tópico central de la discusión política, y Ecuador no ha sido ajeno a este problema, considerando el gran aumento en el número de homicidios en el último año. ¿Cree que ese factor podría tener un efecto, ya sea en esta elección o en la de 2025?

Por supuesto que sí, y es más, ha tenido un efecto en la decisión del propio Presidente Lasso. En el juicio político que avanzaba hasta la noche de ayer, varios legisladores recriminaban al mandatario, no sobre el juicio en sí y las causas de este, sino sobre su incapacidad de atender efectivamente los problemas de inseguridad de los ecuatorianos. El país, en ese aspecto, se ha salido de control y, por supuesto, los ciudadanos esperamos soluciones no solo de quien resulte electo en estas elecciones intermedias y extraordinarias, sino también de quien efectivamente termine asumiendo el poder en el año 2025.

Las Fuerzas Armadas dijeron que respetarían la Constitución. ¿En la práctica qué implica esto? ¿Qué rol podrían jugar en el escenario político?

Es triste para nuestra región que en un gobierno civil, sea Ecuador, Chile o cualquier país, baste con que el Presidente hable respecto del texto constitucional vigente y se requiera que las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad se pronuncien al respecto. Vemos que la democracia y la estabilidad democrática siguen dependiendo de cuestiones militares, lo cual debería ser condenado más allá de si consideramos que el mensaje es positivo o negativo, esas consideraciones sobran. Efectivamente, en nuestro caso, las Fuerzas Armadas se han pronunciado por el mantenimiento de la democracia y del orden constitucional, algo que, por supuesto, debería ser más bien visto como algo ciudadano que como algo vinculado a una fuerza militar.

A raíz del proceso de destitución contra Lasso, muchos recordaron que hace menos de seis meses Pedro Castillo intentó fallidamente disolver el Congreso en Perú. ¿Qué dice eso del estado actual de la región?

Indudablemente, la democracia en Latinoamérica atraviesa una crisis y hay una enorme responsabilidad de los políticos y de sus partidos y movimientos en ella. Es momento de plantearnos una alternativa, es momento de discutir sobre la necesidad de reforzar este sistema de principios y valores democráticos, pensando sobre todo en la ciudadanía. No hay que dar por sentada la democracia en ningún lugar del mundo y hay que tener claro, además, que ese retroceso que se ha venido registrando a lo largo y ancho de nuestra región no ha tocado fondo, no se encuentra en su punto más crítico. Así es que no solo hay que reaccionar frente a lo que ya ha sucedido o está sucediendo en algunos países, sino también buscar prevenir en aquellos en los que podría suceder algo parecido para evitar consecuencias mayores.