Los tres diputados que podrían salvar a Montes de un juicio crítico por el lío de platas con fundaciones

Raúl Soto, Andrés Joaunnet y Rubén Oyarzo

A diferencia de otras figuras que podrían ser señaladas en el informe de la comisión investigadora de la Cámara, el caso del ministro de Vivienda es delicado. Él es el único de los aludidos que podría ser acusado constitucionalmente. Por lo tanto, la opinión de Raúl Soto (PPD), Andrés Jouannet (Amarillos) y Rubén Oyarzo (PDG) es vital para el futuro del titular del Minvu.


Un riesgo cierto existía esta mañana de que fracase el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por los traspasos irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones ligadas a grupos políticos

La oposición estaba a un voto de distancia de la mayoría necesaria para poder aprobar su propuesta de informe, que hace un severo reproche al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); a la exsubsecretaria de la misma cartera Tatiana Rojas (RD); a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), y al jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD), quien se negó inicialmente a comparecer ante esta comisión fiscalizadora.

En caso de que ninguna propuesta de informe logre la mayoría (al menos 7 de los 13 integrantes de la instancia investigadora), esta comisión culminaría su mandato sin ninguna conclusión, por lo tanto, la sala de la Cámara ni siquiera tendría que pronunciarse.

La semana pasada se habían presentado cinco borradores con conclusiones de las audiencias y de los antecedentes recogidos por los diputados investigadores. Si bien tres de las propuestas, surgidas de legisladores opositores, convergían con leves matices, las otras dos presentaciones dialogaban poco entre sí.

Uno de estos escritos alternativos fue planteado por los diputados Rubén Oyarzo (PDG), Raúl Soto (PPD) y Andrés Jouannet, quienes estaban de acuerdo en hacer un reproche al rol que tuvieron Crispi, Martínez y Rojas, pero discrepaban de la derecha respecto del juicio crítico a Montes.

El ministro Carlos Montes en punto de prensa después de asistir a la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en Valparaíso.
El ministro Carlos Montes en punto de prensa, después de asistir a la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en Valparaíso. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

De hecho, el documento de Oyarzo, Soto y Jouannet no hace ninguna mención individual al titular del Ministerio de Vivienda (Minvu) y solo incluye referencias generales a la falta de control de esta cartera.

El escrito de estos diputados no alineados con el oficialismo concentra su mirada crítica en Revolución Democrática (RD), una de las colectividades del Frente Amplio. Incluso, le dedica algunas palabras al exministro Giorgio Jackson (RD) y a la diputada Catalina Pérez (RD), cuya expareja (Daniel Andrade) y su exjefe de gabinete (Carlos Contreras) suscribieron los contratos entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que dieron inicio a la crisis política. “Fue este grupo de militantes de Revolución Democrática los que generaron, en el aspecto institucional y político, una serie de crisis y daños”, dice el borrador de Oyarzo, Soto y Jouannet.

La negativa de estos tres legisladores a no señalar la responsabilidad de Montes tendría una implicancia más allá del trabajo de esta misma comisión investigadora.

“No entiendo la obsesión que tiene la derecha contra el ministro Montes, quien ha tomado todas las decisiones administrativas para resolver un problema que venía de antes. Lo más importante acá es no hacer una caza de brujas y responsabilizar a quienes corresponde”, dijo, por ejemplo, Jouannet a La Tercera.

Por su parte, Oyarzo sostuvo este fin de semana que “creemos que aquí existe un mecanismo de aprovechamiento... Pero en eso no participó Montes, él fue como la mujer engañada que se enteró al último”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Tanto Jouannet como Oyarzo son representantes de fuerzas políticas no alineadas (es decir, no son parte de la alianza gubernamental ni tampoco se declaran opositores), cuyos votos son decisivos a la hora de inclinar la balanza en definiciones trascendentes de la Cámara, por ejemplo, en acusaciones constitucionales. Por lo tanto, la opinión de estos grupos es vital para el ministro de Vivienda.

A diferencia de otros funcionarios y excolaboradores de gobierno que podrían ser aludidos en el informe de la comisión investigadora, el caso de Montes es delicado. Él es el único de los aludidos que podría ser acusado por los parlamentarios, que podrían llegar aplicarle una inhabilidad de ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

De hecho, sobre el titular del Minvu ya pesa una amenaza de una acusación, que fue anunciada por diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Cocha, en compañía de algunas legisladoras independientes como Yovana Ahumada y Gloria Naveillán. Según las promotoras de este libelo, el informe de la comisión será crucial para proceder a su presentación.

No obstante, hasta la fecha aún no se lograban las 10 firmas necesarias para iniciar el proceso constitucional

Particularmente, la diputada Ahumada, quien representa a Antofagasta e integró la comisión fiscalizadora, presentó la propuesta de informe más severa contra Montes. “Es impresentable que el ministro fuese el único que no tuviese conocimiento de los graves actos de corrupción”, dice su borrador.

Por su parte, la presentación de los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Fuenzalida (UDI) y José Miguel Castro (RN) sostiene que Montes incurrió en una “negligencia inexcusable”, concepto jurídico que se usa en normas laborales y el Derecho Penal.

En el pasado, la “negligencia” propiamente tal, a veces acompañada con adjetivos de “inexcusable” o “grave”, fue usada para sostener los libelos en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior).

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi (republicana), en un tono más suave, solo señala que Montes es responsable político.

Con Barchiesi, Ahumada, Coloma, Fuenzalida, Beltrán y Castro llegarían a seis los diputados dispuestos a fijar un reproche al ministro.

En tanto, en una posición de minoría quedaría el borrador de parlamentarias de izquierda, Ericka Ñanco (RD), Mercedes Bulnes (Frente Amplio independiente) y Carolina Tello (PC), que sostienen que existe una debilidad institucional frente a los traspasos, que viene desde 2019. No obstante, las legisladoras dicen que no se logra constatar un “mecanismo de defraudación” y valoran la rápida respuesta de Minvu.

El socialista Marcos Ilabaca fue el único que no hizo llegar un planteamiento con conclusiones, pero dada su militancia difícilmente apoyaría un texto que perjudique a Montes.

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