“Lo sentimos... no tiene conexión”: las otras nueve cárceles donde se instalarán inhibidores de señal de celular en 2024

Chao celulares: las otras nueve cárceles donde se instarán inhibidores de señal durante 2024

Tras un proceso que desde el gobierno fue calificado como exitoso y que incluyó el bloqueo de señal en tres recintos de la RM, el Ministerio de Justicia avanza en las bases de licitación para disponer el mismo sistema en otros penales del país. La apuesta es que a fin de año estén cubiertas dependencias que albergan, en suma, al 50% de la población penal.


Fue la semana del 8 de abril que tras herméticas jornadas de trabajo entraron totalmente en operación las antenas con que se inhibe la señal de teléfonos celulares en tres recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. En Santiago 1, en la ex-Penitenciaria y en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

El proceso ha sido calificado como exitoso por parte del oficialismo, aunque no estuvo exento de polémicas. La puesta en marcha fue posterior a lo inicialmente comprometido por las autoridades, ya que en un principio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que estarían operativos durante marzo. Eso finalmente no ocurrió y, además, las autoridades penitenciarias debieron hacer frente a una serie de supuestas amenazas que daban cuenta de que internos podrían amotinarse.

Aquello tampoco sucedió y así, como informó en su minuto el ministro de Justicia, Luis Cordero, se materializó la anhelada inhibición de señal en los primeros tres penales del país. Pero pronto el panorama cambiará y se ampliará la utilización de dicha tecnología.

La apuesta del Ejecutivo es que, de acá a fin de año, el modelo se replique en otras nueve cárceles, por lo que profesionales de Justicia y Gendarmería ya se encuentran trabajando en los ajustes de las bases de licitación que subirán a Mercado Público.

De hecho, como pudo conocer La Tercera, el gobierno ya definió cuáles son los recintos donde se instalarán los nuevos inhibidores. Será en las cárceles de Arica, Copiapó, Valparaíso, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y en Colina I, Colina II y Puente Alto.

Con este diseño en régimen, según explican fuentes de Palacio consultadas por este medio, se tendrán intervenidos 12 penales que concentran al 50% del total de la población penal. Hoy, cabe hacer presente, ya está bajo esta disposición el 20% de las personas privadas de libertad.

Pero junto con seleccionar estas dependencias por su densidad, detallan los mismos personeros, también se tuvieron en cuenta las características criminológicas de las personas que albergan. Sobre todo, dicen, su nivel de peligrosidad y los delitos que cometieron.

Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó.

Cifras que no coinciden y un complejo proceso

Si bien a estas alturas en el gobierno sacan cuentan alegres, los cuestionamientos a propósito de la implementación de este nuevo sistema no se han esfumado del todo.

En la interna, funcionarios de Gendarmería reprochan a las autoridades del gobierno central por la falta de información. Aunque destacan que las coordinaciones sí se llevaron a cabo y que se hizo una preparación adecuada para contener la tensión que la instalación de estas antenas generó, insistieron en que La Moneda abordó el tema de manera imprecisa.

Recuerdan, en ese sentido, que el propio Presidente Gabriel Boric hace algunos días, en entrevista con las radios de Archi, sostuvo que en el 40% de las cárceles del país ya estaban operando inhibidores, en circunstancias que estos, como se dijo, solo están funcionando en tres.

Aquello generó dudas entre funcionarios, pues como manifestaron en privado, muestra desprolijidades que no deberían ocurrir ante temas de seguridad considerados fundamentales.

Ante ello, sin embargo, desde el gobierno desdramatizan e insisten en relevar todo el trabajo que se realizó para poner todo en marcha, ya que no solo -dicen- fue prender los aparatos, sino que hubo coordinaciones con el Ministerio Público, con Carabineros e incluso con el Ejército.

Según comentaron fuentes de gobierno, a propósito de las amenazas de motín y de otras situaciones de riesgo, se diseñaron planes con eventuales respuestas. “No se dejó espacio sin respuesta”, resaltaron.

Fue en ese sentido que se coordinó con la policía uniformada el despeje del comercio ambulante que estaba instalado fuera de los penales, se aumentaron los allanamientos masivos, e incluso se realizaron traslados de internos considerados como riesgosos.

Y esto se consideraba relevante, comentan las mismas fuentes, no solo por su efecto práctico, sino que también por la señal que esperaban enviar respecto de que el control de las cárceles lo tienen las autoridades correspondientes y no los internos.

Fue por lo mismo que en los horarios de encierro y desencierro de la población penal se aumentó el contingente de Gendarmería visible, para que los reos supieran que estaban todos los recursos disponibles.

Con esta experiencia, aseveran fuentes de Palacio, se diseñan las licitaciones para el resto de los penales donde ahora se instalará la citada tecnología. Y si bien se adquirió amplio conocimiento, la planificación ahora deberá ajustarse a cada una de las regiones donde operará.

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