Juez advierte grave crisis en cárceles: 100 imputados con enajenación mental esperan traslado a siquiátricos y están mezclados con peligrosos delincuentes

Dos internos que padecían distintas enfermedades que afectaban su salud mental fallecieron en las últimas semanas al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno. Aún no habían sido condenados, tenían calidad de imputados, y aun así su destino fue fatal. ¿El motivo?: no pudieron ser diagnosticados y trasladados a tiempo al Hospital Psiquiátrico José Horvitz Barak. Esto debido a que existe un atraso de casi un año en atención y una lista de espera de 100 personas privadas de libertad en Chile que -según constató el juez de garantía Fernando Guzmán- están mezcladas con la población penal común y, lo que es más grave en estos casos, perdieron la vida tras recibir brutales golpizas por parte de reos de alta peligrosidad.

En la reciente visita del titular del Primer Juzgado de Garantía al recinto penal que está a un costado del Centro de Justicia se levantó un acta en la que se detalla uno de estos decesos. Se trataba de un imputado del Cuarto Juzgado de Garantía que “no obstante se suspendió el procedimiento decretándose su internación provisional y estableciendo que debería mantenerse en el Hospital ASA hasta que fuera admitido en el Hospital Horvitz, falleció (colgado de barrotes de celda) el 1 de febrero de 2024 en otra dependencia penitenciaria (Módulo D del CDP Santiago Sur), habiendo sido sometido previamente a agresiones físicas en la cabeza por otros internos”.

Esto se suma a otra situación similar que sufrió un interno con esquizofrenia y cuyo caso inspiró un recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública. El juez Guzmán apuntó a la responsabilidad del gobierno en no incorporar los recursos suficientes para tener los apoyos necesarios para enajenados mentales. “No obstante en general los juzgados de garantía de Santiago (también la Corte Suprema vía recurso de amparo) ordenan la internación provisional de los imputados en el Hospital Psiquiátrico José Horvitz Barak, este se niega a recibirlos por falta de espacio en la UEPI, razón por la que son reingresados a distintos recintos penales de la Región Metropolitana, siendo el principal receptor el Complejo Penitenciario Santiago I”, se lee en el acta.

Asimismo, el magistrado en su visita el 1 de marzo sostuvo la magnitud de esta crisis de salud mental en los penales del país. “Se informa por el Hospital Horvitz que actualmente hay 100 personas (hombres y mujeres) en lista de espera para ser evaluados e ingresados a dicho centro hospitalario psiquiátrico. Gendarmería comunica que 41 de ellos se encuentran actualmente privados de libertad en el Complejo Penitenciario Santiago I”.

Junto con esto, se lee en el documento que “puede pasar un año antes que sean evaluados por el Hospital Horvitz y dos años antes que lo haga el Servicio Médico Legal. Frente a ello la mayoría de los juzgados de garantía ordenan a Gendarmería de Chile que los imputados permanezcan internados en el Hospital ASA, con los debidos cuidados médicos, o al menos en el anexo de ASA (Módulo 2) para asegurar la supervisión profesional y el tratamiento farmacológico requerido, sin perjuicio de prevenir posibles atentados contra su integridad física en otros módulos dada su extrema vulnerabilidad por su condición de salud mental”.

Es ahí cuando el titular del Primer Juzgado de Garantía esboza un cuestionamiento también a la entidad penitenciaria. “Al no tener capacidad logística el Hospital ASA (administrado independientemente por la concesionaria), se observa que las 41 personas con problemas serios de salud mental se encuentran separadas y repartidas entre todos los módulos del recinto carcelario, dependiendo de las recomendaciones entregadas por (la siquiatra del recinto), quien evalúa a dichos imputados al ingresar al penal, estableciendo un diagnóstico inicial con la prescripción farmacológica del caso, lo que es suministrado diariamente por personal de enfermería, lo que el tribunal verificó en su recorrido”.

Consultado por los antecedentes, el magistrado Guzmán sostuvo a La Tercera que “en general los jueces de garantía, encargados de controlar la ejecución de las privaciones de libertad, están conscientes de la escasez de recursos. Claramente no hay falta de voluntad de las jefaturas del CDP Santiago I ni del Hospital Horvitz. Este es un problema que recae en los que diseñan, aprueban y ejecutan el presupuesto de la nación. Lo que llama la atención es la indolencia frente a una prohibición quebrantada y advertida hace décadas: los enajenados mentales vulnerables no pueden permanecer durante meses encarcelados sin el tratamiento adecuado junto al resto de la población penal. Se debe ampliar la oferta sanitaria”.

Finalmente, el juez aclaró que “por cierto, el castigo es necesario para neutralizar al delincuente. Pero esa sola política pública es cortoplacista, temporal, limitada e insuficiente. Tarde o temprano recuperará su libertad, y será más violento y organizado. De allí la necesidad de ampliar la visión en prevención y rehabilitación. Invertir en los centros de salud mental cerrados y ambulatorios y en los recintos penitenciarios finalmente es una inversión de alta rentabilidad en seguridad pública de largo aliento. No es exclusivamente una cuestión de dignidad ni protección de la vida e integridad física”.

A esta acta se suma un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública. Ahí se expone en profundidad cómo estas personas, “ante la falta de camas, están abandonadas al destino de las condiciones carcelarias. Estando su dignidad humana inherente diariamente vulnerada, al no estar garantizadas sus condiciones de vida mínimas, afectando gravemente su salud y su integridad física y psíquica. Asimismo, la desigualdad impregna cada caso de manera grave, generando una atmósfera de solitud y extrema indefensión de nuestros representados, su entorno y el sistema que debería protegerlos”.