A las 11.00 horas de este lunes empezó el responso fúnebre de un reconocido delincuente del sector Lo Valledor Sur en Pedro Aguirre Cerda. Sólo horas antes, el gobierno anunció el inicio del plan “Calles sin Violencia”, iniciativa que no incluye a dicha comuna, que durante las últimas semanas ha sido escenario de una serie de hechos a raíz de la muerte de de Moisés Gallardo (32), lanza internacional más conocido como “El Mota”. De hecho, la exclusión de esta y otras comunas del plan anunciado por el gobierno generó controversia entre varias las autoridades comunales.

Las primeras críticas tras el anuncio del plan llegaron por parte del mismo alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (Ind.), quien aseguró que “la verdad es que esto da rabia, genera frustración. Nosotros no entendemos por qué no hemos sido incluidos, hemos sido claros, hemos llegado con información concreta a La Moneda, le entregué una carta al Presidente para que pudiéramos armar un plan antibalacera...”.

Y no solo eso. El edil confirmó que desde la semana pasada ha intentado concretar reuniones con los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, para conocer las razones de tal decisión y cuáles serían las alternativas que el gobierno propondría para garantizar otros programas proseguridad en las comunas excluidas. Sin embargo, éstas se han visto truncadas por la “contingencia nacional” que se ha visto marcada por otros hechos delictuales, como una balacera en Atacama y el hallazgo de un cuerpo en Maipú la semana pasada.

Pese a que fuentes conocedoras del tema sostienen que la no realización de las reuniones respondería a un factor político y personal entre el alcalde y el subsecretario Monsalve, esto fue descartado por Astudillo a La Tercera PM. “Este no es un tema personal (...), acá lo importante es la comunidad de Pedro Aguirre Cerda que queda totalmente excluida por malas decisiones que se están tomando, pero yo no creo que esto sea una diferencia o disputa entre el subsecretario y yo. Al contrario, esta es una mala decisión, tardía, nosotros ya deberíamos haber tenido un plan para poder intervenir los sectores más complejos, no solamente en nuestra comuna, sino que en todas las comunas de Chile. Fue un error haberlo acotado a algunas comunas”, expresó.

Pese a que algunos alcaldes tuvieron opiniones y proyecciones positivas sobre el inicio del plan, otros jefes comunales de la Región Metropolitana -principalmente de las que no fueron incluidas en la iniciativa- mostraron sus reparos y pidieron que se evalúen algunos aspectos del plan y se aclare cómo será la redistribución de carabineros.

“No se ha hablado de nueva dotación, sino que es la redistribución de carabineros. Este plan para las 42 comunas va a requerir por lo menos 600 carabineros, y ¿de dónde salen todos esos medios, esos carabineros? De las comunas puntualmente que hoy día ya tenemos una escasez”, comentó René de la Vega (Ind.), alcalde de Conchalí, una de las comunas que ha quedado fuera del proyecto de seguridad.

Para el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind. Chile Vamos), el plan responde a un factor “más político” que de seguridad en sí. “El gobierno hace el lanzamiento de este plan a días de una elección, donde incluye un alto porcentaje de municipios del oficialismo. Nos hubiese gustado ver esa misma capacidad de organización en el diseño y planificación de este plan”.

En esa dirección, Alessandri sostiene que hasta la fecha tampoco se conocen mayores detalles de la iniciativa de seguridad: “El gobierno incurre en errores al hablar de comunas y no de sectores. Cada comuna enfrenta distintos tipos de delitos violentos, esto es importante para la destinación de recursos. Hasta ahora no sabemos cómo se van a destinar esos recursos, en base a qué necesidades específicas de seguridad”.

Dicho planteamiento ya había sido destacado por la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), quien en conversación con La Tercera el pasado 17 de abril, sostuvo que a ellos, como ediles, tampoco se les había detallado cómo y cuándo comenzaría a regir el plan de seguridad.

Por otro lado, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, dijo estar “sorprendida” por no haber sido incluida en las comunas priorizadas. “Creemos que esta estrategia está bien, la apoyamos, pero creo que no tiene que ser a dedo, no puede ser a través de un indicador, si hay cinco, por ejemplo”.

La crítica del alcalde Astudillo se da luego que desde el 27 de marzo en la zona sur de la comuna ha ocurrido una serie de desórdenes públicos en el contexto del funeral de Moisés Gallardo Cornejo, quien murió a fines de marzo en Roma, Italia, país en el que residía desde hace siete años. Según informó el diario Las Últimas Noticias, el sujeto estaba con arresto domiciliario en esa ciudad, lo que lo habría llevado a quitarse la vida.

El sujeto de 32 años contaba en Chile con un amplio prontuario policial. Según el coronel Gonzalo Urbina, de la Prefectura Santiago Rinconada, tenía 23 causas, entre las que se encontraban los delitos de robo con violencia e intimidación, receptación y tráfico de drogas.

Desde que fue conocida su muerte, el sector Lo Valledor Sur ha sido escenario de múltiples desórdenes, entre lo que se encuentran disparos, fuegos artificiales y alta música, hechos que se intensificaron desde el viernes, tras el arribo del féretro al país.

Este lunes comenzó el funeral del sujeto, lo que generó un amplio operativo policial en la comuna. Estos hechos llevaron a la Municipalidad a suspender por tercera vez en tres semanas las clases de los colegios en la comuna, y además, a suspender las atenciones médicas en los centros de salud comunal.

Respecto a esto, el alcalde sostiene que “hoy tuvimos que tomar medidas extremas para poder garantizar la seguridad y la integridad física de nuestra comunidad en general, tuvimos que suspender clases, en escuelas, en jardines infantiles, turnos éticos en nuestros consultorios. Deberían ser esos elementos que hagan tomar en cuenta la inclusión de nuestra comuna, pero no reaccionar a críticas ni lo que uno pueda estar diciendo, son hechos reales que están ocurriendo, acá hay una gran afectación de nuestra comunidad”.

“Nosotros estamos viviendo un verdadero toque de queda de facto impuesto por estas bandas del crimen organizado, que lo que han hecho es sembrar terror en nuestra comuna”, asevera Astudillo.

Algo que también ocurrió semanas antes de la muerte de Gallardo, luego de que un joven de 18 años se quitara la vida tras lo que habría sido -presuntamente- el término de una relación amorosa. Aquello generó enfrentamientos armados entre ambas familias, por lo cual también tuvieron que suspenderse las clases.

Durante el lanzamiento del plan “Calles sin Violencia”, el cual incluye a 22 comunas de la Región Metropolitana, el gobierno entregó mayores detalles respecto a la metodología que se siguió para elegir a las 46 comunas a nivel nacional que estarían afectas al plan de tres ejes sobre más patrullaje policial, focalización de infracciones e incivilidades y sobre la persecución penal más afectiva.

Para elegir a las comunas, primero se consideraron las capitales regionales y el índice de frecuencia de ocurrencia de homicidios según el Observatorio de Homicidio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. De esta manera, se eligió a las comunas que registran el 65% de estos hechos.

Respecto a la RM, la delegada presidencial Constanza Martínez, asegura que la iniciativa del gobierno “es un plan quirúrgico y estratégico que contempla cuatro líneas de acción”. Ante las críticas de las autoridades comunales, “en el caso de la RM este aspecto se desarrollará a nivel regional y no hará distinciones entre fronteras comunales”.

Martínez concluye que la decisión de las zonas selecciones fue “en base a criterios objetivos otorgados por el Observatorio de Homicidios y abarcará cerca del 64% de la población de la RM (8.310.984 personas) y es que frente a una criminalidad cada vez más organizada requerimos un Estado organizado, sofisticar y mejorar su forma de reacción es un objetivo que solo podremos lograr trabajando de forma colaborativa entre el gobierno central, las policías, la fiscalía y los municipios”.