El proceso de paz vuelve a dividir a Colombia

La polarización en torno a la paz con la antigua guerrilla de las FARC, que se formalizó en 2016, se ha vuelto a instalar en Colombia. Si bien nunca ha desaparecido, solo ha adquirido gran visibilidad  en algunas ocasiones: como cuando se votó el plebiscito sobre el acuerdo de paz, el 2 de octubre de 2016, en el que resultó vencedor el "No"; y para la campaña presidencial del año pasado, en la que resultó ganador Iván Duque.

Hoy el Presidente colombiano Iván Duque encabeza un tercer momento en que esta polarización se ha tomado la escena política y social de Colombia. El domingo 10 de marzo, Duque anunció la objeción de seis de los 159 artículos que componen la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, por considerarlos inconvenientes.

El Congreso colombiano debatirá hoy durante la tarde si acepta o rechaza estas objeciones, y todo indica que el Presidente colombiano no cuenta con el apoyo parlamentario y que estas serán rechazadas: de un total de 170 representantes, 109 estarían en contra. De todos modos, el alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia, Francisco Barbosa, ya adelantó que si el Congreso rechaza las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, Duque cumplirá con su mandato constitucional y le dará validez a la ley, probablemente con las modificaciones que presentó.

"Todos los partidos hemos coincidido con que esto es un ataque frontal a los acuerdos de paz. Queremos que no siga pasando esa incertidumbre entre los hombres y mujeres que dejaron las armas", afirmó el parlamentario Mauricio Toro, del partido de oposición Alianza Verde.

Las modificaciones que busca el gobierno de Duque, que comenzaron a ser estudiadas por el un comité en el Congreso colombiano hace algunas semanas, tocan delicadas fibras relativas a la extradición de excombatienes -que no está considerada en el reglamento si es que el acusado colabora con la justicia- y a los delitos cometidos posterior a la firma de los acuerdos. Además, anunció una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, que le da vida jurídica a la JEP, para que se incluya, entre otros puntos, la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Transicional, "porque no hay ideología alguna que justifique las agresiones a la niñez", señaló el mandatario.

"No es una polarización mayor a la de las elecciones de 2018 o el plebiscito de 2016, por lo menos no tiene la misma intensidad, pero sí ha vuelto la tensión en torno al tema de las FARC que no estaba en el primer lugar del debate nacional", asegura a La Tercera PM el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Cristian Rojas.

Sin embargo, el experto sostiene que lo que hoy ocurre en torno a la JEP era previsible "porque la promesa de campaña era la modificación de las condiciones derivadas del acuerdo y los promotores del 'No' ganaron las elecciones para hacer cambios". El expresidente Álvaro Uribe fue el gran promotor de la campaña del "No" y es el líder del partido Centro Democrático que llevó a Duque a la Presidencia.

La decisión del mandatario provocó el inmediato descontento de la oposición y las organizaciones sociales, las cuales convocaron a una manifestación el 18 de marzo. En la movilización que tuvo lugar en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y otras ciudades, se leyeron pancartas con frases como "La paz es necesaria" y "Abrazamos la JEP". Entre los críticos a las objeciones figuran personajes como el exjefe negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, el exvicepresidente de Colombia Óscar Naranjo, además de senadores del partido FARC.

Más de 100 personalidades de la vida pública colombiana le enviaron una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a la Corte Penal Internacional. La misiva expone una preocupación por la decisión de Duque, ya que la consideran como un golpe a la implementación de los acuerdos de paz. De hecho, Michelle Bachelet, en el cargo de alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, instó al gobierno colombiano a resolver el tema de la JEP de manera rápida e integral. "Aliento al gobierno implementar la Justicia Especial para la Paz de una manera integral y, en cuanto a la decisión presidencial de objetar seis artículos de la ley estatutaria, animo al Gobierno y al legislativo, así como a todas las partes interesadas, a discutir y revisar estos artículos de forma rápida", afirmó Bachelet.

Así, la posible modificación de los acuerdos de paz, que Duque ya había adelantado en campaña y que ahora está en manos del Congreso, se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el mandatario. Sin embargo, también sería parte de una estrategia para recobrar confianza. "El gobierno Duque está muy debilitado en las encuestas. Tras un semestre de debilidad y dubitación ha buscado volver a sus raíces mostrándose firme ante la izquierda en este asunto de la justicia transicional", señala a La Tercera PM el analista político colombiano Vicente Torrijos. La activista política y fundadora de El País Primero, Mafe Carrascal, señala que "las objeciones a la JEP han agudecido el escenario de polarización en Colombia, han replicado lo que vivimos en el año 2016, en definitiva es un escenario que le conviene mucho al uribismo y que es una estrategia de ese sector para sacar provecho electoral para los comicios locales de octubre de este año".