El “gabinete inclusivo” de Petro: Presidente colombiano designa a tres líderes indígenas en altos cargos de gobierno

Gustavo Petro y Francia Márquez se dan la mano mientras asisten a un evento para recibir sus credenciales como presidente electo y vicepresidenta de parte del Consejo Nacional Electoral de Colombia, en Bogotá, el 23 de junio de 2022. Foto: Reuters

Entre los nombramientos destaca el de la lideresa social arhuaca Leonor Zalabata como nueva embajadora ante la ONU, en Nueva York.


Durante la campaña que lo llevó a convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro tuvo en las comunidades indígenas del país un importante apoyo, un respaldo que el entonces candidato de Pacto Histórico se comprometió a retribuir con una serie de tratados que deberá cumplirles una vez que llegue al Palacio de Nariño el próximo 7 de agosto.

En un nuevo gesto hacia este sector, Petro anunció hoy la designación de tres líderes indígenas en importantes cargos de gobierno, en lo que el diario colombiano El Tiempo calificó como un “gabinete inclusivo”.

Así, el mandatario designó a la lideresa social arhuaca Leonor Zalabata como nueva embajadora ante la ONU, en Nueva York; a Patricia Tobón, una abogada emberá, para dirigir la Unidad de Víctimas y a Giovani Yule, un sociólogo nasa para dirigir la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

“Se pueden considerar que son nombramientos novedosos en la medida en que en esos cargos no habían estado indígenas, y menos, líderes y lideresas de estas comunidades”, apuntó el periódico colombiano.

Zalabata pertenece al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y tiene una larga historia como defensora de los derechos de los pueblos indígenas de su país. También se le reconoce por sus luchas por los derechos de las mujeres y la naturaleza y su trabajo como comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tayrona. Asimismo, participó como delegada en las mesas de trabajo nacional para los Derechos Indígenas de la Asamblea Constituyente de 1991.

Guneywya, su nombre tradicional arhuaco, ha apoyado abiertamente el Acuerdo de Escazú, que ha generado polémica en algunos sectores por temores que hay con relación a ese tratado internacional ambiental. Por su activismo, recibió en 2007 el premio Anna Lindh otorgado por el Partido Socialdemócrata sueco. Zalabata reemplazará en el cargo ante la ONU al actual embajador Guillermo Fernández De Soto, nombrado por el saliente gobierno del conservador Iván Duque.

“Creo que por primera vez Colombia ha hecho una designación de un miembro de pueblos indígenas en estas esferas. Somos un país multicultural y esta designación tiene mucho que ver con el cumplimiento de la Constitución”, dijo Zalabata a The Associated Press.

“En Colombia necesitamos terminar con el conflicto armado y continuar con la construcción de la paz. Creemos que esa justicia debe ser para todos y tenemos que lograr una pacificación duradera para que sea lo que dejemos como herencia”, aseguró la nueva embajadora con respecto a los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Según la revista Semana, uno de los nombres que más ha generado polémica hasta el momento es el de Giovani Yule, el sociólogo de la comunidad nasa que dirigirá la Unidad de Restitución de Tierras. Se trata de uno de los principales promotores de minga indígena que se registró hace unos meses en el país y que generó interrogantes en varios sectores porque se presentaron bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. Cali fue una de las ciudades más afectadas. Hubo en especial un hecho violento con tiroteos, en el que hubo heridos. Los vecinos denunciaron amenazas y agresiones de algunos miembros de esa minga que era liderada, entre otros, por Yule.

El nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras también ha hecho parte del equipo de transición de Petro en el Palacio de Nariño. Pertenece al CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, donde es mayor. Yule recibió un premio que le otorgó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) por liderar la minga, apunta la revista.

El nombramiento de Yule se conoce justo cuando en Colombia se habla de que, dentro de los principales poseedores de las tierras a nivel nacional, están los indígenas, pero también han sido víctimas del despojo y desplazamiento forzado, destaca El Tiempo.

Es más, la URT reporta que desde el 2011 hasta el 31 de mayo de 2022 se ha avanzado en la restitución étnica en el país con 47.992 personas y 16.483 familias beneficiarias a nivel nacional. Este será un proceso que tendrá que impulsar el sociólogo nasa. Además, en el Cauca, de donde es Yule, miembros de las comunidades étnicas continúan reclamando que sus tierras han sido arrebatadas por grupos subversivos y se han apoderado de su territorio ancestral.

El líder nasa es miembro del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que celebró el nombramiento como un “ejemplo para todas las comunidades indígenas”. En cambio, su designación fue criticada desde la oposición. La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) comentó un posible conflicto de intereses y cuestionó si el nuevo funcionario “participó de manera activa en hechos que condujeron al despojo de las armas y secuestro de militares en el Cauca”.

“Preocupa nombramientos en entidades como restitución de tierras, ¿Cuáles serán los intereses? Habrá motivaciones ideológicas que vulneran derechos de propietarios y poseedores de buena fe”, dijo por su parte el representante Hernán Cadavid, también del Centro Democrático.

Mientras tanto, la abogada emberá Patricia Tobón, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad, donde estuvo involucrada en procesos organizativos indígenas, afro y de derechos humano, va a dirigir la Unidad para las Víctimas. De lejos es una mujer que conoce el tema, a lo que se suma a que las minorías representan una cifra grande dentro del conflicto armado en el país, destaca El Tiempo.

Hablante de los dos dialectos de la comunidad emberá, Tobón es abogada con formación en derechos étnicos territoriales y con especialización en Derecho Constitucional. Desde el 2006 ha sido consultora y asesora de procesos indígenas y afrodescendientes. También se ha enfocado en la promoción de derechos de las mujeres de estas comunidades en el país y en orientar políticas de No Repetición en las acciones de diálogo con pueblos étnicos.

Durante la campaña, Petro dijo que si, llegaba al poder, garantizaría que las poblaciones indígenas vivan en paz y se les garanticen los derechos que, por años, habrían sido violentados por el Estado colombiano. “Queremos gobernar con los pueblos indígenas, queremos que nos enseñen en sabiduría. El presidente de Colombia estará atento a que sus autoridades, sus taitas, su gente sabia, pueda acompañarlo en ese Palacio triste y frío. Y que me puedan llevar sus mensajes y la energía, toda esa espiritualidad de la vida que se necesita para poder gobernar bien y con sabiduría”, añadió el entonces postulante a la Presidencia.

En concreto, entre los compromisos que Petro suscribió con las comunidades indígenas se cuenta el respetar y fortalecer la autonomía e independencia política, jurídica, administrativa y demás del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), el respeto a la Madre Tierra como sujeto de derecho (que incluye el respeto a decir No a los proyectos que afecten el territorio, la cultura y la vida), así como el cuidado del agua y la garantía, para su acceso como un derecho fundamental.

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