El Estado indemniza a asesor del Segundo Piso por prisión política y torturas sufridas en la dictadura
El Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago dictaminó que el Fisco deberá pagarle a Ernesto Águila, militante de Plataforma Socialista, por las torturas que sufrió en diciembre de 1984. Su padre, del mismo nombre, también será indemnizado.
El 7 de febrero pasado el sicólogo Ernesto Águila Zúñiga, actualmente asesor del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, y su padre, Ernesto Ávila Mancilla, fueron informados de que el Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago determinó que el Fisco deberá indemnizarlos por $90 millones de pesos en total por torturas sufridas durante la dictadura.
La noticia fue difundida este martes por el Poder Judicial, donde se explica que Águila Mancilla fue detenido el 29 de septiembre de 1973 y sometido a torturas en el Regimiento Pudeto de Punta Arenas, mientras que Águila Zúñiga fue privado de libertad en Ñuñoa el 13 de diciembre de 1984, y torturado en el cuartel Borgoño de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI). Ambos son parte del listado de víctimas de la Comisión Valech, por lo que están habilitados para hacer la demanda.
“Se ha constatado que los demandantes aparecen incorporados en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech, reconocidos como víctimas de prisión política y tortura; en tal carácter, en lo tocante a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”, dice el fallo.
En el entorno de ambas víctimas aseguran que la demanda fue puesta en 2020, es decir antes de que Águila Zúñiga trabajara en el Segundo Piso de La Moneda como asesor en materias comunicacionales estratégicas de la Presidencia de la República.
El sicólogo es militante de Plataforma Socialista, movimiento que se desprendió del Partido Socialista hace cinco años, mientras que su padre militó en el PS desde los 15 años.
Entre los argumentos para otorgar la indemnización están los tratamientos psicoterapéuticos prolongados producto de los daños causados. En el fallo, además, están descritas las torturas que sufrió el asesor en diciembre de 1984 cuando estuvo cinco días detenido en el cuartel Borgoño.
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