Entrevista a Gonzalo Blumel: “Esperaba que la centro-izquierda aprendiera de la crisis del 73, pero en el estallido social se sedujo con la idea de derribar al Presidente Piñera”

Tres años parecen suficientes para tomar perspectiva. Al menos lo fueron para el exministro del Interior Gonzalo Blumel, quien demoró ese tiempo en escribir La vuelta larga, su testimonio sobre el estallido social que se produjo durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Con ese nombre, el exsecretario de Estado alude a las negociaciones que le tocó encabezar y que decantaron en el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución en noviembre de 2019, la fórmula que la mayoría de los líderes políticos del entonces oficialismo y la oposición consensuaron para evitar que la crisis se desbordara.

En el libro señala que nunca volvió a La Moneda desde que el 28 de julio de 2020 dejó el cargo de ministro del Interior…

Nunca volví. La excepción fue una actividad por el término del mandato del Presidente Piñera.

¿Qué le pasó cuando volvió?

En ese momento el manuscrito del libro estaba prácticamente terminado. Desde la reflexión personal, la página ya estaba dada vuelta

¿Por qué escribir un libro?

Hubo dos razones. La primera, porque lo que ocurrió el 18 octubre -y los meses siguientes- fue una crisis política muy profunda, donde la democracia tambaleó. Me pareció importante registrar esos hechos, ordenarlos y evitar que el olvido los engullera, como señala Irene Vallejo en El infinito en un junco. En segundo lugar, porque me pareció razonable tomar un tiempo prudente para reflexionar. A pesar de las dificultades, el estallido significó una curva de aprendizaje. Lo que uno observa es que el octubrismo, esa pasión refundacional amparada en la estridencia, incluso en la violencia callejera, está de capa caída. Hay un retorno a la moderación, a los acuerdos, hasta cierto punto una revalorización de la discusión democrática. Esta vuelta larga, que ha sido más extensa de lo que se previó y que ha sido exigente y difícil, con todo fue un mejor camino que la vuelta corta, que haber enfrentado la crisis amparados en el uso de la fuerza militar.

El ambiente previo a la conmemoración de los 50 años del Golpe más bien ha polarizado a la clase política…

Es cierto eso, pero también es cierto que hoy nadie defiende ni promueve por acción o por omisión la violencia para lograr propósitos políticos como ocurrió en octubre del 2019. Con muchos titubeos, pero también con algún grado de reflexión, la centroizquierda empieza a reconocer que en el 18 octubre cometieron errores muy grandes. La expresión de eso es lo que señaló la presidenta del Partido Socialista cuando planteó que la centroizquierda se había equivocado para el estallido social básicamente al ser muy tímida en condenar la violencia y también en desconocer los logros de los últimos 30 años. Si bien esos reconocimientos son muy tardíos, creo que son valiosos.

Cuando se hace cargo del Ministerio del Interior -en octubre de 2019, a 10 días del estallido social- le tocó encabezar las tratativas con la entonces oposición para enfrentar la crisis. ¿Con qué se encontró?

Al momento de asumir me encontré con los puentes de diálogo cortados entre la oposición y el gobierno. El mundo de la izquierda estaba cohibido u obnubilado con las posiciones más duras. El 31 octubre -dos semanas después del estallido- se logró concretar una reunión en La Moneda donde asistieron prácticamente todos los partidos de gobierno y oposición. En esa reunión se empezaron a delinear las primeras ideas, muy preliminares, respecto a cómo ir encauzando la crisis a través de una solución política basada en el diálogo más que en la imposición de la fuerza.

¿Cómo se resuelve que ese camino era una nueva Constitución?

En ese momento era un planteamiento de algunos sectores de la izquierda, pero era muy preliminar. Cuando plantearon la discusión constitucional proponían un camino que era inaceptable para el gobierno, que era convocar una asamblea constituyente con plenos poderes y soberana para redactar una Constitución no sólo desde una hoja en blanco, sino sin ningún tipo de límite, al estilo bolivariano. Con el curso de los días y las semanas fuimos notando que por más que desde el gobierno se fueron tomando una serie de decisiones propias de la caja de herramientas de la política, como, por ejemplo, reconocer el problema o plantear una agenda social muy ambiciosa, que en la práctica significó un nuevo programa de gobierno. Todas esas medidas que se fueron anunciando surtían poco o ningún efecto y la crisis no se lograba encauzar y la violencia parecía ir aumentando. Un hito bien relevante fue la masiva manifestación del 25 de octubre, donde lo que uno vio fue que había una multitud gigantesca, con consignas transversales y ningún dirigente con el cual sentarse a conversar para poder buscar un acuerdo a la crisis. Por lo tanto, y en el libro está relatado, se empezó a producir una reflexión al interior del gobierno, en el gabinete, con algunos ministros y particularmente con el Presidente, que termina haciendo un llamado al acuerdo por la nueva Constitución. Nos fuimos formando la convicción de que no iba a haber medidas parciales para reconducir la crisis. Fue un asunto de realismo y pragmatismo político, porque la discusión constitucional se empezó también a producir de manera autónoma en el Parlamento. Los mismos parlamentarios de oposición y también sectores de Chile Vamos, en particular de RN, se empezaron a abrir al debate constitucional.

¿De no producirse la discusión constitucional se pudo terminar abruptamente el mandato de Piñera?

Tengo la convicción de que si no hubiésemos podido alcanzar un acuerdo el 15 de noviembre, el sistema democrático podría haber terminado colapsando. Probablemente el gobierno podría haber enfrentado dificultades políticas profundas; buena parte de la oposición se estaba tentando con empezar a pedir la renuncia al Presidente… Sin duda, había riesgo de colapso. No tengo ninguna duda de que ese fue el momento de mayor debilidad que ha enfrentado nuestra democracia desde 1990 a la fecha.

¿Cuánta conciencia había en La Monedas sobre la fragilidad del gobierno?

Por supuesto que había conciencia. Había conciencia de que era necesario reconducir la crisis a un curso institucional, ¿no? Y de que la situación de violencia sobre todo no se desbordara, las fuerzas de orden y seguridad estuvieron completamente sobreexigidas para contener el orden público.

¿Fue una posibilidad la renuncia del Mandatario?

Nunca la discutimos en La Moneda. Nunca fue una alternativa que se haya evaluado, porque el mandato que recibí y el objetivo que tenía era construir un acuerdo político amplio para poder encauzar la crisis.

¿Qué convenció a la izquierda de sentarse a conversar y buscar una salida institucional?

Creo que fue el temor de que la crisis alcanzara niveles que la volvieran irreversible. Que se entrara en una espiral de caos y anarquía democrática. En estos procesos, cuando uno mira la historia de Chile y también de la región, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cómo termina. En los sectores más moderados de la centroizquierda primó, al final, aunque hubo muchos titubeos, la conciencia de que estábamos jugando con fuego desde el punto de vista de la estabilidad democrática.

¿No se ha arrepentido de lo que significó el acuerdo del 15 de noviembre?

Me sigue pareciendo que fue la mejor respuesta posible que se podía construir dadas las circunstancias. Obviamente no era parte de nuestro programa de gobierno, no era parte de nuestro plan abrir una discusión que pudiera significar una nueva Constitución. Pero creo que el acuerdo del 15 de noviembre mostró que Chile todavía tiene suficiente resistencia institucional.

Me imagino que no será la primera vez que lo escuche: la apertura a esa discusión constitucional generó resentimiento en un sector de la derecha donde se piensa que el Presidente Piñera entregó la Constitución a cambio de salvar su gobierno…

Pero no fue a cambio de salvar el gobierno, fue a cambio de reguardar la estabilidad democrática. Si hay una cosa que es fundamental en Chile es preservar la estabilidad de los mandatos democráticos, que es una regla de oro de nuestro sistema democrático, al menos desde el 90 a la fecha: que los presidentes entran caminando por sus propios pies el día uno de su mandato y salen caminando por sus propios pies al término de este y que no hay argumento ni justificación que valga para interrumpir un mandato democrático. Ese es un mínimo democrático que uno esperaría que fuera un consenso ampliamente extendido. Lamentablemente, durante el estallido social hubo algunos sectores que lo pusieron en duda.

¿Cuánto se entusiasmó la izquierda con botar a Piñera?

Mucho. Distinguiría dos etapas desde el estallido a la fecha. La primera que fue desde el 18 de octubre hasta el acuerdo de noviembre, donde la izquierda ultra coqueteó con el violentismo y por acción u omisión no solo no condenó la violencia, sino que en muchos casos la celebró para lograr derribar al gobierno. Y después del acuerdo del 15 de noviembre, cuando desde la izquierda más dura se opta por un camino distinto, que es usar de forma espuria las herramientas institucionales para derribar al gobierno y ahí viene toda una nueva etapa de acusaciones constitucionales, al Presidente lo acusaron en dos ocasiones, a muchos ministros, en particular a los ministros del Interior…

¿Eso rompía el espíritu que generó el acuerdo del 15 de noviembre?

Absolutamente. En buena parte en la centroizquierda falta una reflexión de reconocer el error que aquello significó, que fue dejarse llevar por estas tentaciones más ultra de la izquierda; el espíritu octubrista cuyo propósito final era derribar al gobierno y realizar un asalto no democrático del poder, o sea lograr de facto lo que no lograron por los votos en las elecciones generales.

¿Parte de las conversaciones del acuerdo del 15 de noviembre incluían no acusar constitucionalmente al Presidente o se daba por entendido?

Se entendía que el objetivo principal del acuerdo era preservar la estabilidad de nuestro sistema democrático y darle un cauce institucional a la crisis. Obviamente eso implicaba no usar en forma espuria las herramientas de la institucionalidad para debilitar al gobierno e impedirle gobernar. Desde el 15 de noviembre en adelante si bien ya no fue fundamentalmente la violencia el método escogido por la izquierda para derribar al gobierno, sí lo fueron una serie de herramientas institucionales, como las acusaciones, las querellas, incluso hubo parlamentarios de izquierda que presentaron un recurso para declarar la incapacidad de gobernar del Presidente por razón mental -que no solo es un hecho abusivo, sino que es una infamia el solo hecho de plantearlo-, algo que nunca se ha hecho en democracia, y luego vino una tercera etapa, diría que posterior a marzo de 2020, cuando ya la izquierda asume que no puede derribar al gobierno y que no puede sacar a Piñera de La Moneda, comienza esta etapa del parlamentarismo de facto. Así lo planteó explícitamente el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, quien mientras fue presidente del Senado cumplió un buen papel, pero después planteó esta idea que no solo fue una irresponsabilidad, sino que, en el fondo, es la semilla de buena parte de las distorsiones institucionales que hay en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que perduran hasta hoy.

¿Le sorprendió esa actitud de la izquierda?

Para mí fue muy decepcionante, porque uno esperaba que la centroizquierda se identificara con una mayor madurez democrática, que aprendiera de la crisis del 73 y el quiebre de nuestra democracia, pero por acción o por omisión en el estallido social coqueteó, se dejó llevar y se sedujo con esta idea más rupturista de terminar derribando al gobierno del Presidente Piñera, un gobierno democrático y legítimamente electo.

¿Extraña un mea culpa de ese sector por su actuación durante el estallido social?

Hay una cuenta pendiente por saldar. Para los 50 años del Golpe, si el gobierno y la izquierda quieren plantear un compromiso con la democracia debe tener por lo menos cuatro elementos: respeto irrestricto por los derechos humanos; respeto irrestricto por los mandatos democráticos, al Presidente del signo que sea se le respeta su mandato democrático por más diferencias que uno pueda tener; que no existe razón alguna que permita justificar la violencia en democracia, y cuatro, que los países no se refundan y que en democracia lo único que corresponde son las reformas y no las revoluciones.

El Presidente terminó su mandato y la ciudadanía eligió a esos sectores más de izquierda que se entusiasmaron con el estallido social…

La ciudadanía lo que está buscando es respuestas, y en la última elección ante dos alternativas considero que una respuesta respondía mejor a esos anhelos, pero rápidamente al parecer comprendió que lo que proponía el gobierno del Presidente Boric no era lo que Chile necesitaba. Hoy lo que uno ve es bajo apoyo en las encuestas, mucha desafección a lo que está proponiendo el gobierno, reformas con bajísimo apoyo y -de hecho- en dos elecciones con voto obligatorio, como las del 4 de septiembre y del 7 de mayo, la ciudadanía masivamente votó en contra de las propuestas que estaba impulsando este gobierno y esta idea octubrista refundacional. La gente comprendió que el camino del octubrismo era un camino equivocado, pero hay que reflexionar por qué buena parte de la ciudadanía vio en dicha respuesta una solución a sus principales problemas. No sólo buena parte de la ciudadanía, de los académicos, intelectuales, periodistas, se dejó tentar por estas vías más rupturistas.

No se la juega en su libro por una tesis de qué fue lo que provocó el estallido social o quiénes fueron sus instigadores…

En general, este tipo de procesos históricos cuando se miran otras experiencias en el mundo no tienen una causa, motivo o liderazgo único. Creo que lo que ocurrió es que hubo sectores de izquierda que prácticamente desde el primer momento del estallido, y en particular desde la mañana del 19 de octubre, cuando el Partido Comunista pide la renuncia del Presidente Piñera, se aprovecharon con un oportunismo brutal de la ola de violencia que se desató para profundizar la crisis y lograr sus propósitos que eran primero derribar al gobierno y luego poder cambiar de raíz nuestras principales instituciones políticas, económicas y sociales.

Una crisis como la que se vivió en octubre del 2019, ¿le habría pasado a un gobierno de izquierda?

Al menos creo que la centroderecha nunca hubiera actuado con ese nivel de deslealtad democrática para intentar derribar al gobierno frente a una crisis. Todo lo contrario: si uno mira desde el 90 a la fecha, en 2002-2003 fue la centroderecha la que le prestó una mano al gobierno de Ricardo Lagos para poder superar la crisis del MOP-Gate, y cuando se produce la crisis de los “pingüinos” en 2006 fue la centroderecha la que estuvo dispuesta a sumarse a un acuerdo por la educación durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet. Cuando gobernó la centroderecha algo ocurrió en el mundo de la izquierda y en particular de la centroizquierda, que en vez de buscar caminos de solución frente a las crisis que enfrentaron los dos mandatos del Presidente Piñera -en 2011 con la movilización estudiantil y en 2019 con la movilización social-, en vez de calmar la situación y generar diálogo hicieron todo lo posible por exacerbar la crisis y eso tiene que ver con que buena parte de la izquierda no le atribuye legitimidad a la derecha para gobernar. Esa es una actitud profundamente antidemocrática.

¿A la izquierda todavía le cuesta ver un gobierno de derecha en el poder?

El peso de la prueba está en la izquierda, por lo tanto, cuando tengamos un próximo gobierno de derecha, que creo que es muy probable que ocurra, vamos a ver qué actitud adopta esa izquierda. Porque hay una izquierda radical ultracavernaria que tiene la cabeza más puesta en los 60 y los 70, y una que tiene una mirada socialdemócrata, que si bien había sufrido una profunda evolución modernizadora en particular en la segunda mitad de los 80, 90 y los 2000 con los gobiernos de la Concertación, durante el estallido mostró un retroceso. Esos mínimos democráticos que ellos le exigen a la derecha también tienen que ser capaces de demostrar que los tienen.

En el libro, además, señala que su paso por Interior estuvo también marcado por su ruptura con la UDI. Y pone fecha a ese deterioro: la acusación constitucional contra Andrés Chadwick cuando desde el gremialismo se le acusó de no defenderlo.

Hablé de desconfianza de cierta dirigencia del gremialismo. Tenía muy buena relación con muchísimos dirigentes UDI, a los cuales les tengo mucho respeto y cariño. Pero a partir de ese momento se instaló una desconfianza muy grande a partir de una premisa muy injusta: que el gobierno no había hecho lo suficiente por defender a Chadwick, lo que no fue cierto. Ese fue un hecho político no solo injusto, sino que muy doloroso, pero también imparable.

El uso de las acusaciones constitucionales contra personeros de gobierno también ha sido la tónica frente a esta administración…

Sin entrar al mérito de cada acusación, que no viene al caso, me parece profundamente dañino impulsar acusaciones constitucionales al voleo y sin mayor fundamento, y eso es algo que debe ser terminado.

¿Cómo vivió el proceso de la Convención Constitucional? Usted quiso ser convencional…

Perder una elección siempre es duro, aunque todo el mundo me dice que al final fue positivo. Yo quería contribuir y me dolió mucho perder esa elección, además por las travesuras del sistema electoral. Claro que me frustró mucho más el resultado del proceso, que finalmente fue capturado por facciones radicalizadas con convicciones muy poco democráticas, que desfondaron un proceso que pudo ser un ejemplo de cómo solucionar conflictos de manera institucional y democrática. Pero habla bien de nuestro acervo democrático que a los pocos meses se alcanzó un nuevo acuerdo y se reinició el proceso constituyente. Espero que ahora resulte que podamos cerrar de buena forma el debate constitucional.

¿Y cómo lo ve encaminado?

Es preocupante, pero todavía pienso que estamos a tiempo de que se pueda construir en el Consejo Constitucional un acuerdo amplio, porque el Consejo no puede repetir el mismo error de la Convención Constitucional, que es dejarse conducir por un cierto ánimo de imponer mayoría y no buscar acuerdos amplios. Fracasar por segunda vez sería un error de proporciones inconmensurables y la vuelta puede ser larga, pero tampoco puede ser eterna. Lo que uno esperaría es que quienes tienen la responsabilidad de los liderazgos principales, en particular quienes lideran el Partido Republicano y también desde el gobierno, sean capaces de dialogar y construir un acuerdo constitucional para los próximos 30 o 40 años. Si no lo hacen, están renunciando a la tremenda responsabilidad histórica que les correspondió asumir en este momento.

En cierta época, medio en broma, por cierto, se hablaba de san pandemia para aludir al coronavirus y cuya llegada contribuyó a bajar la polarización. ¿Fue así?

La pandemia fue algo tremendamente difícil y doloroso no solo para Chile, sino para todo el mundo. Fue un momento de mucha incertidumbre, de mucha dificultad, pero indiscutiblemente sirvió para apaciguar los espíritus. Pero no hubo absoluta colaboración para enfrentar la crisis que significaba el coronavirus, hubo una izquierda más dura que no dudó en intentar causarle todos los problemas posibles al gobierno y, de hecho, acusaron constitucionalmente a varios ministros de educación, de salud, interpusieron querellas contra el Presidente y los equipos sanitarios, incluso la expresidenta del Colegio Médico tildó en su momento de “infelices” al gobierno por la forma en que se conducía la pandemia, conducción que fue reconocida no solo por la ciudadanía, sino también a nivel internacional.

Una suerte de revancha para el gobierno…

Es una revancha, pero es cierto que en los momentos de mayor dificultad emerge la mejor faceta del Presidente Piñera: así fue en el terremoto del 2010, el rescate de los mineros y la pandemia. Su capacidad de trabajo, su búsqueda de incansables soluciones, sin duda, es su faceta más luminosa.

Ha mantenido un perfil más bien bajo. ¿Le interesa volver a la primera línea política?

No tengo idea. No tengo ni un plan para el futuro y pienso que este es más un paréntesis que otra cosa. Pero hoy junto con escribir este libro intento aportar desde Horizontal, centro de estudios donde formo parte del directorio, ese es el espacio donde trato de contribuir a la discusión pública.