El largo camino de las denunciantes del doctor Álvarez

A pesar de todo, al final M.G. muere. Tenía cáncer al recto con metástasis en fase cuatro, pero no quería irse así, de esa forma: a los 66 años, en una cama clínica, muchos meses antes de poder subir al estrado para contar lo que, según su declaración judicial su médico tratante, el doctor Manuel Álvarez, le había hecho reiteradamente en la Clínica Las Condes. La denuncia era de 2017 y ni siquiera había partido por ella. Fue Daniela Farías, una enfermera que coordinaba la Unidad de Oncología, la que ese 28 de noviembre entró a la pieza donde estaba internada M.G. y vio lo que la paciente más tarde relataría a la PDI:

“Me hacía abrir las piernas y él se acercaba por atrás. Se refregaba moviendo mis caderas y él pegaba su miembro, o sus genitales, diciendo que yo tenía muy poca movilidad. Que estaba muy rígida. Me tocaba la espalda, la columna, como haciendo presión en la columna, como una típica cosa sexual. Después él se abría el pantalón, se escuchaba la sensación que se abría algo. Era casi siempre, muchas veces, y se sentía su pene entre medio de las piernas. Yo me corría para adelante y le decía no, no, eso no doctor”.

Sólo entonces, después de la denuncia y el despido de Álvarez, sus dos hijos y su marido entendieron ciertas cosas. El temor constante a estar sola, las pesadillas antes de internarse, el rechazo a cualquier muestra de cariño.

M.G. nunca quiso hacer público su nombre. Decía que no quería definirse como una víctima y tampoco quería que su mundo la viera como una mujer enferma.

–Sentía que la gente la “mataba” de antemano cuando decía que tenía cáncer –dice Magdalena, su hija, fumando un cigarro en su departamento. Pasaba, como dice ella, que su madre realmente quería vivir.

Esos dos miedos, morir y volver a ser víctima, reaparecieron cuando Manuel Álvarez fue reincorporado a la Clínica Las Condes en octubre de 2022.

–Mi mamá me llamó y me dijo ‘estoy en quimioterapia y acabo de saber que el doctor está por los pasillos de la clínica. Estoy aterrada’ –dice Magdalena–. Ella se hacía quimios cada 15 días, pero pasaba en la clínica porque siempre tenía problemas: una infección, un alza de fiebre, algún tema intestinal. Mi mamá era muy fuerte, pero eso la desmoralizó.

Fue como sentirse atrapada. Si se iba a otra clínica, no podría hacer uso del seguro catastrófico que tenía en la CLC. Si se quedaba, tenía que aceptar que el oncólogo al que había acusado diera vueltas por ese mismo edificio.

El equipo de la Unidad de Oncología que la trataba tampoco era el mismo de hace cinco años. Daniela Farías, por ejemplo, fue despedida en octubre de 2020 cuando aún estaba en su posnatal. No fue la única: todos los funcionarios del Centro del Cáncer que habían declarado contra Álvarez fueron desvinculados en los meses y años anteriores a su regreso.

Los miedos, entonces, volvieron.

–El médico que la trataba le respondía a este tipo, por eso ya la entendía. ¿Cómo reaccionarías si tu vida estuviera en las manos del abusador que acabas de denunciar?

Manuel Álvarez contaba otra historia. No tenía totalmente claro por qué, pero alguien quería derrumbar su prestigio. El oncólogo, formado en Chile, especializado en Estados Unidos y profesor universitario, además del nombre detrás de la creación de varios centros del cáncer en el país, era sin duda el profesional que alguien quería tener a su lado si un examen encontraba un tumor en el cuerpo. Por eso, desde 2012 mantenía la jefatura del Centro del Cáncer de la CLC.

Conoció a M.G. en la clínica, durante 2016. Ahí supo de su cáncer y lo agresivo que era. Por lo mismo, era difícil que tuviera una sobrevida mayor a cinco años. Según esos cálculos, sólo tenía hasta 2021.

“El cáncer con que ella llegó es incurable”, declaró el doctor. Ni él ni su abogado quisieron participar de este reportaje.

Durante ese mismo testimonio, de agosto de 2018, Álvarez negó haber abusado de ella o de cualquier paciente. Un informe psiquiátrico de esa misma época lo identifica como un hombre de 57 años con “angustia persistente, desconcentración, fatigabilidad fácil, indecisión, labilidad emocional, alteración del ciclo del sueño-vigilia, con insomnio mixto, pensamiento perseverante centrado en las situaciones ocurridas, aislamiento y retraimiento social (no sale de día, sino en las tardes y cerca de la noche para no ser visto)”.

Las esquirlas de la acusación, explica el peritaje, también cayeron sobre su familia. Su esposa tuvo que hacerse cargo de él, llevarlo a todas partes, tomar decisiones por él. Se sentía, dice el informe, como una “viuda con el marido al lado”.

“Lo más brutal –sostuvo ella– es la sensación de pérdida que tiene… una pérdida de lo que es su papel de protector de la familia, siente que le ha fallado a su familia, porque no nos puede proteger. Porque somos nosotros quienes lo estamos protegiendo”.

Álvarez también habló sobre lo que sentía. Describió una “sensación de humillación, angustia, de ser mirado por otros, sensación de inseguridad” y la “sensación de sentirte castigado, de sentirte aislado, sentirte con lepra, sentirte solo”.

Ese 2018, Manuel Álvarez tomó un cargo a contrata en el Hospital de Magallanes. Ahí le tocó tratar a Gloria Montiel. La mujer tenía 49 años, dos hijas y un cáncer terminal a la vesícula. En junio, desde la cama de su casa donde el oncólogo la examinó, Montiel denunció al doctor por “actos impropios”: eran idénticos a los que antes había descrito M.G. La fiscalía abrió una investigación en Punta Arenas, distinta a la de Santiago, pero la paciente no alcanzó a saber mucho más. Falleció de una insuficiencia hepática el 18 de julio.

Como consecuencia, Álvarez no siguió trabajando en Magallanes.

En su entrevista psiquiátrica contó esto:

“Cuando estaba recién empezándome a rearmar, cuando el psiquiatra me había dado el alta y me estaba ilusionando con este nuevo proyecto, se cayó muy duro. Se cayó de la misma manera”.

C.R. apareció el 5 de agosto de 2019. Ese día se reunió con el fiscal Felipe Cembrano y le contó el secreto que tenía guardado.

La mujer, una economista de 46 años entonces, y que no quiso participar de este reportaje, había sido diagnosticada con cáncer de mamas. Tuvo controles con el doctor Álvarez en la CLC y la Clínica La Parva entre 2010 y 2018. En una oficina de la Fiscalía Oriente, recordó las examinaciones del oncólogo.

“Me hace ponerme de pie, con la bata y solo calzones, y me decía que íbamos a ver la flexibilidad o la rigidez. Me hacía pararme de frente a la camilla y bajar con los brazos para tocarme la punta de los pies. Él se colocaba de pie, detrás de mí. Al principio a cierta distancia y con sus manos me agarraba las caderas, para ver flexibilidad, y me hacía mover ese músculo. No es un movimiento fácil de hacer y, después de un rato, él ya se pone más cerca y luego lo sientes pegado. Los últimos movimientos eran desagradables porque al “bombear”, que es la palabra que él utilizaba, sentías que le estaba haciendo una especie de roce en el pantalón. Se sentían los genitales en los glúteos y cadera, y eso era lo que encontraba incómodo: sentir sus genitales en mi trasero mientras me hacía mover mi trasero (...). Este “ejercicio” duraba lo suficiente para que fuera muy desagradable y fue in crescendo. Al principio era poco, después ya cada vez más. Lo que más duró debe haber sido unos 30 segundos, lo que se hace una eternidad”.

Felipe Cembrano todavía lo recuerda.

–Hacía mucho sentido todo lo que contaba, pero lo que era muy importante a nivel investigativo es que el periodo en el que ocurrieron los hechos se encontraba dentro de lo que se podía llevar a juicio, porque no estaban prescritos.

El camino de C.R. hacia esa oficina no había sido fácil. Parte de eso tenía que ver con no saber cómo contar lo que le había pasado y cuánto necesitaba decir sobre ese trauma. Lo otra era la imagen que Álvarez tenía en su familia política. El oncólogo había tratado exitosamente el cáncer a las mamas de su suegra y su cuñada.

Esta última, una doctora de 57 años, también declaró para la investigación.

“Parto diciendo que yo me siento bien complicada, porque la parte de él que yo conocí, era una parte a la que uno le tenía respeto”, dijo.

En la Fiscalía Oriente la cuñada dijo que C.R. le había contado hace poco, por teléfono, que era la segunda denunciante de Álvarez en Santiago.

“Yo le creo –declaró la doctora–. Me parece que no tiene ninguna razón para estar mintiendo en algo así. El daño que se le puede causar a Manuel Álvarez con algo sí es gigante y ella lo sabe. Es el médico que le salvó la vida”.

Además de M.G. y C.R., los relatos de otras ocho denuncias llegaron al escritorio de Cembrano. A veces eran las mismas pacientes contando, más de cinco años después, lo que habían sufrido con el médico. A veces, en cambio, eran sus viudos y sus hijas. En tres de los diez casos, hasta ese momento, el cáncer las había matado antes de que pudieran hablar.

Un informe reservado de la PDI analizó esos testimonios: cubrían los últimos veintiún años de la práctica médica de Álvarez. Eran mujeres de entre 22 y 69 años, todas con enfermedades oncológicas graves y que posicionaban al doctor como “su salvador”.

Al final del documento, se analizan las posibles motivaciones de las denunciantes.

Dice: “No observándose en sus resultados, elementos derivados de ganancias secundarias”.

M.G. vivió mucho más de lo que su cáncer le había augurado. Pero para el último trimestre de 2022, con Manuel Álvarez de regreso en la CLC, aún no tenía fecha para el juicio. El problema, dice el fiscal Felipe Cembrano, es que estas investigaciones son así: lentas, porque las denunciantes aparecen de a poco; largas, porque cada relato hay que corroborarlo con otros testigos que hay que buscar y documentación, a veces de hace muchos años, que hay que pedir y encontrar; y finalmente técnicas, porque la prescripción es la que delimita la cancha.

Y claro, también hay una parte que es estrategia.

–Una vez ya cerrada la investigación, en septiembre de 2022, la defensa solicitó la reapertura. Esto hace que se tengan que hacer nuevas diligencias, o más bien hacer las diligencias que se encontraban pendientes, que yo consideraba en su minuto que no eran conducentes, pero efectivamente habían sido solicitadas. Entonces hubo que reabrir. Y luego de presentada una segunda acusación, en diciembre de ese año, se presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional en febrero de 2023. Eso detuvo el procedimiento hasta el 2 de agosto –explica Cembrano.

La causa, entonces, llevaba 68 meses: casi seis años.

–Uno de los logros más importantes durante los primeros años de funcionamiento de la reforma procesal penal fue disminuir, en promedio, de tres a un año la duración de los casos. Lamentablemente, hoy todos los datos están mostrando que poco a poco el sistema de justicia penal empezó a aumentar sus tiempos –dice el académico de Derecho UDP, Mauricio Duce.

El abogado que, además, fue secretario del equipo técnico que redactó los proyectos de ley que conforman esa reforma, dice que esa tardanza presenta varios problemas.

–Por de pronto, que una persona esté imputada durante mucho tiempo, sin que se esclarezca su caso, genera muchos perjuicios. También afecta a las víctimas. Pero más allá de eso, hay también un parámetro de legitimidad en los sistemas de justicia penal. Existe un dicho famoso sobre el tema: justicia retardada, justicia negada.

Cuando la causa se reanudó, con solicitudes para excluir ciertas pruebas, la salud de M.G. no era la misma. Frente a la posibilidad de que siguiera empeorando Cembrano y Susana Borzutzky, su abogada querellante, decidieron que diera una grabación anticipada. Fue el 27 de octubre de 2022 a través de un teléfono, por Zoom, mientras estaba internada en la CLC, conectada a un estanque de oxígeno.

–Ella había entrado a la UTI. Mientras declaraba, le estaban pasando el tratamiento de quimioterapia. Habló desde lo más profundo de ella, pensando que quizás iban a ser sus últimos dichos, pidiendo justicia –recuerda la abogada.

En ese estado, durante más de dos horas de videollamada, M.G. respondió las preguntas de todas las partes.

–Le costó muchísimo –cuenta la hija–. Tenía vómitos, diarreas. Se sentía muy mal. Básicamente la forzamos. Le dijimos ‘mamá, tienes que declarar porque esto tiene que quedar grabado póstumo’. Pero ella quería llegar viva al juicio. Me lo dijo. Entonces tuve que decirle que esto era preventivo.

Magdalena, admite ahora, sabía que su madre no iba a llegar.

M.G. terminó yéndose de la CLC en noviembre. Comenzó a tratarse en la Clínica Meds, donde no tenía seguro. Para pagar las quimioterapias quincenales, que costaban unos $ 20 millones, su familia se vio obligada a vender propiedades. Eso, dice su hija, le pesaba. Sabía que cada uno de esos ciclos era una deuda que sus hijos y su marido tendrían que acumular.

El 15 de septiembre, Magdalena trató de levantarle el ánimo a su madre. Le conversó sobre el futuro y los temas que tenían pendientes. El juego de loza que tenían que renovar y, claro, el juicio.

–Me dijo ‘no, me da la fuerza. Vas a tener que hacerlo tú’.

Cinco días después, M.G. murió en la Clínica Meds de una isquemia intestinal.

La sepultaron en el Parque del Recuerdo. Sus hijos, incluso entonces, despidiendo a su madre, no dijeron que era la mujer que había denunciado al doctor Álvarez. Tampoco sentían que podían: M.G. siempre quiso proteger su identidad.

–Yo creo que mi mamá se fue frustrada, porque la justicia nos falló. Es que seis años es mucho tiempo.

C.R. se enteró de su muerte por la prensa. Dicen sus cercanos que lo que más le dolió fue saber que nunca podría conocerla, que ahora queda sola.

Aun así, incluso con víctimas muertas, los casos avanzan. Este jueves Manuel Álvarez fue encontrado culpable en el juicio por abuso sexual contra Gloria Montiel, en Punta Arenas. La sentencia se dará a conocer el 12 de octubre. En cuanto salió el veredicto, la CLC sacó un comunicado informado que lo suspendía de sus funciones.

–No teníamos esperanzas de nada –admite la hija de la víctima, Karla Bórquez–, pero la fe y la verdad siempre salen a la luz.

Magdalena quiere creer eso, pero a veces le cuesta.

A 70 meses de la denuncia, aún no hay fecha para el juicio de su madre.