Columna de Óscar Contardo: Cronología de una caída

La Corte Suprema recalificó esta semana la condena en contra del general Juan Emilio Cheyre quien en 2018 había sido condenado por el juez Mario Carroza por encubrir los 15 homicidios perpetrados por la llamada Caravana de la muerte en su paso por La Serena en octubre de 1973. El máximo tribunal condenó a Cheyre a cinco años de presidio menor en su grado máximo por su rol, ya no como encubridor, sino como cómplice en la ejecución ilegal de 15 personas. En ese entonces el teniente Cheyre tenía 25 años y ejercía como ayudante del primer comandante del regimiento, Ariosto Lapostol fallecido en 2021.

En diciembre de 1973, dos meses más tarde del paso de la Caravana de la muerte por La Serena y de la ejecución de 15 personas, un grupo de militares bajo las órdenes del comandante Lapostol acribilló al ciudadano argentino Bernardo Lejderman, que trabajaba como asesor de la gobernación de Coquimbo, y a su señora, la ciudadana mexicana María del Rosario Ávalos. La pareja había llegado a Chile para apoyar al gobierno de la Unidad Popular. Luego del Golpe de Estado decidieron eludir la represión ocultándose en la precordillera de la región de Coquimbo junto a Ernesto, el hijo de ambos, quien aún no cumplía dos años. Hasta el lugar en donde se refugiaban llegó un grupo de soldados desde el regimiento comandado por Lapostol, quienes les dieron muerte dejando vivo al niño. Los militares llevaron al hijo de Lejderman y Ávalos al regimiento en donde el teniente Cheyre lo recibió para luego entregarlo a un convento de monjas. En adelante la versión brindada por los militares fue que Lejderman y Ávalos habían usado explosivos para auto eliminarse. En 1992 la justicia militar encargada de indagar la muerte de la pareja dictó el sobreseimiento del caso, que luego fue llevado a un tribunal civil, en donde el juez a cargo lo consideró “cosa juzgada”, sepultando así la posibilidad de avanzar en la investigación.

En 2002 el general Juan Emilio Cheyre asumió como comandante en jefe del ejército bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Por su edad, formación y antecedentes académicos su figura prometía darle un nuevo aire a la institución. En julio de 2003, el año en que se conmemoraban las tres décadas del Golpe de Estado, el general Cheyre leyó el discurso conocido como el “nunca más” durante una visita a Calama. Eligió precisamente esa ciudad porque fue uno de los lugares por donde pasó la Caravana de la muerte: “Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida”, dijo Cheyre. Aquel “nunca más” fue un hito que le aseguraba a Cheyre un lugar luminoso en la historia de Chile. En septiembre de ese mismo año el presidente Lagos concedió una entrevista al diario El País. Una de las preguntas que le formularon fue sobre el rol que estaban teniendo las Fuerzas Armadas. Lagos respondió que “claramente” existía una “subordinación del poder militar al poder civil”.

En 2013, el año en que se conmemoraron los 40 años del Golpe de Estado, un programa de televisión reunió a Juan Emilio Cheyre, quien ya había pasado a retiro y presidía el Servel, con Ernesto Lejderman, el hijo de la pareja ejecutada en diciembre de 1973 que había sido entregado a las monjas. En ese programa Lejderman le preguntó a Cheyre por qué el Ejército no daba toda la información que tenía sobre las personas ejecutadas y desaparecidas durante los años de la dictadura, él respondió con la siguiente frase: “Todo lo que pudimos saber, todo lo que el Ejército sabe, ha sido entregado”. Lejderman le retrucó preguntándole la razón que tuvo para guardar silencio durante décadas permitiendo que en los documentos de defunción de sus padres quedara registrado que se habían suicidado dinamitándose, lo que era falso. El general contestó que él también fue “víctima de esa mentira” y que creyó en esa versión porque no tenía antecedentes para dudar de ella. Cuando le recordaron que el caso estaba registrado en el Informe Rettig desde 1991, Cheyre admitió no haberlo leído en su momento. El día después de aquella entrevista Juan Emilio Cheyre renunció a la presidencia del Servel.

Fue en 2016 cuando el ministro Mario Carroza instruyó la detención y procesamiento del excomandante en jefe, iniciando una investigación que terminó en 2018 con una condena por el encubrimiento de la muerte de las 15 personas ejecutadas en La Serena. En noviembre de ese mismo año en una entrevista concedida a CNN Chile, el senador José Miguel Insulza aseguró, a propósito de otro asunto, que desde el retorno a la democracia “las Fuerzas Armadas y carabineros se han mandado solos”. Insulza era el ministro del Interior cuando Ricardo Lagos concedió la entrevista a El País en donde aseguraba la total subordinación de los uniformados al poder civil.

En 2022 la ministra Romy Rutherford sometió a proceso a Juan Emilio Cheyre por malversación de caudales públicos mientras fue comandante en jefe entre 2004 y 2006, por fondos que ascienden a los 2.400 millones. La investigación sigue en curso.

La condena de la Corte Suprema en contra de Juan Emilio Cheyre cierra el año en el que se cumplió medio siglo del Golpe de Estado y del inicio de la dictadura. Aquel régimen ha vuelto a ser reivindicado por un sector político que desde hace un tiempo a esta parte no tiene problemas en justificar públicamente las atrocidades cometidas.

La de 2023, asimismo, fue una conmemoración amarga no sólo por el fortalecimiento del negacionismo de la ultraderecha, o por la debilidad de los actos organizados por el gobierno, sino también por la frustración que provoca constatar que una justicia tan tardía finalmente se parece demasiado a la impunidad.