Bitácora molotov: el itinerario judicial de los adolescentes capucha

“Abre la puerta conchetum... y que se baje todo el mundo”, le dijo la voz de un adolescente con el rostro cubierto y vestido con un overol negro al conductor de un bus del recorrido 204 del sistema RED que estaba detenido afuera de la Universidad Católica Silva Henríquez, en la intersección de las calles Carmen con Curicó, en la comuna de Santiago.

Eran las 15.15 horas del pasado viernes 8 de septiembre, y como ha sido costumbre en fechas de conmemoración, como los aniversarios del Golpe de Estado de 1973, el chofer y los pasajeros tuvieron que bajarse del vehículo corriendo y atemorizados.

Al mismo tiempo, cinco jóvenes encapuchados arrojaron una decena de bombas molotov e, incluso, tiraron combustible desde una botella para hacer arder el bus, mientras un sexto sujeto grababa pausadamente toda la escena. Tras ello, todos buscaron rápidamente refugio al interior de la universidad.

“Los imputados permanecen unos minutos en el referido lugar, para más tarde salir, lo que motivó a eso de las 15.40 su detención por funcionarios de la 4° Comisaría de Santiago”, se lee en la querella presentada por el Ministerio del Interior. En presencia de sus padres, Matías y Luis, de 15 años, y Benjamín y Marco, de 16, fueron formalizados por incendio y lanzamiento de artefactos incendiarios contra medios de transporte público.

Uno de ellos es un adolescente que abandonó los estudios y los otros son alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño y del Liceo de Aplicación, este último, el lugar donde se han concentrado las acciones violentas y quemas de buses en los últimos años. Así ocurrió también la mañana del pasado viernes, cuando dos vehículos fueron incendiados y donde, pese a que Carabineros ingresó al Aplicación, no hubo detenidos.

Por ello, causó impacto en la comunidad del establecimiento que en el caso del 8 de septiembre, el magistrado Jorge Abollado, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ordenara la internación provisoria de los cuatro adolescentes en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) durante 60 días.

“Tengan en cuenta que sabemos cómo operan estos bastardos y que la supuesta ‘justicia’ no es más que una forma de intentar detener la lucha”, dijo a través de un comunicado por medio de Instagram el Centro de Alumnos del Aplicación.

Se trata de una medida que contrasta con los resultados que, hasta ahora, ha tenido la justicia en este tipo de casos. Por medio de registros del Poder Judicial, La Tercera Domingo pudo comprobar que entre 2019 y lo que va de 2023 al menos 28 menores de edad han sido condenados por portar o lanzar artefactos incendiarios en Santiago.

De ellos, 20 han sido detenidos en las inmediaciones de “liceos emblemáticos” de la capital. Debido a que las condenas resguardan el anonimato de los adolescentes, en la mayoría de los casos no es posible establecer si son alumnos de los establecimientos o si se trata de “infiltrados”, como han acusado desde algunos de los liceos.

Lo único cierto es que, por tratarse en su mayoría de adolescentes sin antecedentes penales, ninguno de ellos ha debido cumplir la sanción privado de libertad. No sólo eso: 18 de los 28 menores han recibido beneficios como la suspensión condicional de la pena, lo que ha evitado que ingresen a algún tipo de programa de intervención o acompañamiento especializado del Estado.

Hace justamente un año, el 20 de septiembre de 2022, se produjo un “cortacalle” o bloqueo con barricadas de las vías aledañas al Liceo de Aplicación, en las esquinas de Cumming con Romero, en Santiago. Entre los adolescentes que participaban de la manifestación estaban Luis, Claudio y Raúl.

Se trató de una más de las decenas de violentos disturbios que durante el 2022 ocurrieron en los alrededores del recinto. Tan sólo ese año se tuvieron que interrumpir o suspender las clases por hechos de violencia al menos 32 días del año escolar y ocho jóvenes de ese colegio resultaron detenidos, tanto afuera como dentro del establecimiento, y fueron condenados por la justicia.

Se trata del número más alto entre los liceos emblemáticos de Santiago, seguido del Instituto Nacional, con seis casos, y del Confederación Suiza, con tres condenados. Del total de 28 adolescentes condenados entre 2019 y 2023, 21 casos ocurrieron en el año 2022.

Y así sucedió en la manifestación del 20 de septiembre en el Aplicación, donde los tres estudiantes, vestidos de overoles blancos, y con sus zapatillas y rostro cubiertos para evitar cualquier identificación, arrojaron una serie de molotovs a los vehículos policiales que estaban en el sector y luego fueron detenidos.

Para el tribunal, el criterio fue uniforme. Por tratarse de menores de edad, se los condenó a cada uno a una pena de 250 días de “libertad asistida”: una modalidad de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en que el menor debe someterse al control de un delegado del Sename “conforme a un plan de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social”.

Sin embargo, se les otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la pena por un plazo de seis meses, periodo tras el cual se elimina la condena y cualquier registro de los hechos. Por ello, y pese a la violencia del hecho, no tuvieron que asistir a algún programa o intervención especializada, lo que ocurrió en 18 de los 28 casos revisados por La Tercera Domingo.

Para Alejandra Mera, directora de la Unidad de Responsabilidad Adolescente de la Fiscalía Nacional, “esto se puede explicar por las rebajas de penalidad que se aplican en el sistema especializado de responsabilidad adolescente, en base a que quienes cometen los delitos son adolescentes que están en una etapa de desarrollo”.

La profesional agrega que a eso se suma que se les otorgan beneficios porque “muchos de los adolescentes tienen irreprochable conducta anterior, por tanto, se llega a una penalidad que no es alta. Eso, en general, no permite imponer medidas cautelares graves, como la internación provisoria”.

Desde la Defensoría de la Niñez, Giannina Mondino asegura que pese a la violencia de estos delitos “debemos situarnos en los estándares internacionales, porque la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece que el motivo de la sanción, o de la medida, tiene que ver con promover la reintegración de los niños, niñas y adolescentes, y que asuman una función constructiva en la sociedad. Eso es una obligación de parte del Estado”.

Al mismo tiempo, la Defensora (S) afirma que existe una brecha en los programas especializados para abordar este tipo de conductas. “La sanción no es solamente responsabilizar al adolescente, tiene que ir acompañado de un tratamiento integral, acompañamiento psicológico. Hoy día tenemos muchos menos adolescentes cometiendo delitos, pero los delitos que están cometiendo son más graves y son más reiterados”, asegura.

A pesar de esta situación, sigue habiendo una pregunta importante sin respuesta: ¿Cuántos estudiantes del Aplicación, o de otros liceos emblemáticos dependientes de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago, han sido expulsados tras ser detenidos o condenados por este tipo de hechos violentos?

Desde la DEM explican que, en general, “cualquier estudiante que haya cometido una falta grave o gravísima en el establecimiento o sus inmediaciones, o bien respecto de integrantes de la comunidad educativa, debe ser objeto de un debido proceso”, un mecanismo para sancionar faltas al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) de cada comunidad educativa.

Por ello, aseguran que en los 44 establecimientos educacionales que están a su cargo, entre marzo y septiembre de este año se han iniciado 570 “debidos procesos”. De todos ellos, en 390 casos se han establecido sanciones, de las cuales 280 corresponden a “medidas formativas”, como compromisos, mediación o ayuda psicosocial y de salud mental.

Para los casos más graves, señalan que durante este año ya se ha expulsado a 30 alumnos y que a otros 24 se les ha cancelado la matrícula, pero sin especificar a qué liceo corresponden ni el motivo de la sanción.

“Los resultados hacia los que trabajamos y orientamos nuestro quehacer no se reflejan en esas cifras, aunque comparativamente estas puedan parecer mayores que las expuestas en años anteriores, donde no se llevaban a cabo debidos procesos, sino que muchas veces se actuaba en el límite de lo arbitrario”, dijeron desde la DEM de Santiago.

Claudio Vargas, quien hasta el mes pasado era apoderado del Liceo de Aplicación, y quien -ahora como militante del PDG- se autoerigió como vocero de los apoderados “a favor de las clases”, asegura que “dentro de la comunidad esa información la manejan de manera muy hermética, no la traspasan a la comunidad. Somos nosotros los que tenemos que buscar la información y decir esto está pasando”.

Uno de esos hechos, asegura Vargas, es el hallazgo en abril pasado de una bomba molotov en la oficina de Claudio Pérez, inspector de los primeros y segundos medios. Recién en junio se abrió un sumario en contra del docente, investigación que se encuentra en curso, según informó la DEM de Santiago.

Otro de los hechos ocurrió el 18 de julio pasado, cuando en medio de manifestaciones otro de los inspectores del liceo hizo entrar al recinto a un grupo de adolescentes que se manifestaban por calle Romero, entre los que había decenas de encapuchados. Entrevistado en vivo por Chilevisión, Vargas aseguró que “es el inspector Claudio Peralta quien deja entrar y salir a los estudiantes del liceo en contexto de “cortacalle”.

Su rol como “vocero” y su aparición en distintos medios de comunicación ha molestado al interior del liceo. Por ello, el 24 de agosto Vargas fue notificado de que se le quitaría su calidad de apoderado por cometer “actos de difamación, hostigamiento, ofensas u cualquier tipo de agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa”.

“¿Cómo dejas entrar a personas encapuchadas a un establecimiento educacional sin saber si son o no son alumnos del liceo? No hay otro apoderado del Liceo de Aplicación que saque la voz por temor a funas, por temor a la intimidación interna. Están coartando la libertad de informar a la gente que sacamos la voz, buscan la forma de silenciarnos”, reitera Vargas, quien presentará un recurso de protección por su caso.

Consultado el Centro de Madres, Padres y Apoderados del liceo para este reportaje, declinaron participar por tratarse “de información sensible”. Hoy, la organización de apoderados enfrenta una investigación penal por un presunto fraude en las elecciones y asignación de cargos realizada en agosto de 2022.

Uno de los hechos de mayor gravedad que han ocurrido este año en el Liceo de Aplicación sucedió el 16 de julio pasado. Fue mientras se desarrollaba una toma del establecimiento en la que se pedía, entre varios puntos, el reemplazo de profesores con licencia médica, que se controlaran las plagas existentes en los edificios y que se instalaran baños “plurigénericos”, es decir, que puedan ser utilizados por personas de distinto sexo.

Durante la noche de esa jornada, Juan Pablo, un adolescente de 16 años que participaba de la toma, manipuló algún tipo de acelerante que rápidamente prendió fuego y lo dejó con el 25% de su cuerpo quemado, entre lo que se cuentan sus vías respiratorias.

En los días siguientes, mientras el adolescente era sometido a reiteradas operaciones, se realizaron una serie de velatones para el “Zukato”, como es denominado el joven entre los círculos anarquistas que se manifestaban afuera de la Posta Central. “Fuerza, Zukato, salud y larga vida a los jóvenes combatientes”, se podía leer en lienzos que eran colgados en las rejas del centro asistencial.

“En la investigación personal que yo he hecho de este tema, aquí está pasando lo mismo que pasa para el 11 de septiembre, por ejemplo. Están internalizados dentro del liceo grupos radicalizados, anarquistas y otros grupos de izquierda. Si tú ves los pasillos del liceo hoy son murales iguales a Villa Francia”, asegura Claudio Vargas, exapoderado del Aplicación.

Entre esos murales hay mensajes como “fuego en las manos contra la autoridad, sakea (sic), roba e incendia”, y mensajes de Emma Goldman, reconocida escritora anarquista. También retratos y citas de María Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, a quienes se les recuerda cada 29 de marzo en el Día del Joven Combatiente y cursaron su enseñanza media en el liceo. De hecho, el padre de ambos estuvo el pasado 12 de septiembre en el establecimiento, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Los hechos de violencia, como el lanzamiento de bombas molotov, asegura Vargas, también han impactado a los integrantes del Centro de Madres, Padres y Apoderados del establecimiento.

“Algunos de los apoderados que hoy componen el centro de padres son mamás de niños que han sido detenidos y condenados por estos hechos. Las mismas mamás de los encapuchados se tomaron el centro de padres. Entonces, siempre hay una justificación y la culpa es del Estado que los maltrata y miente”, afirma Vargas.

Consultados por si esta denuncia era efectiva o no, desde la DEM de Santiago señalaron que “en el sistema escolar chileno los estudiantes menores de edad que cometen faltas o delitos también tienen apoderados”. Además, explicaron que “mientras un estudiante mantenga la condición de alumno regular de un establecimiento educacional, su apoderado tiene la posibilidad de integrar el o los centros de padres, madres y apoderados que existan en ese establecimiento”.

Junto con ello, expresaron que “siempre hemos sido enfáticos en indicar que si alguien tiene antecedentes sobre la comisión de faltas o delitos por parte de alguien, debe utilizar los canales correspondientes para denunciar y lograr que dichas faltas o delitos sean sancionados”.

Finalmente, desde la DEM consignaron que “la posibilidad de identificar a una persona encapuchada y con overol, pudiendo, además, establecer que esa persona fabricó y/o lanzó una bomba molotov es muy baja. En ese sentido, lo realmente efectivo es la acción de la policía en detener ante la comisión de un delito”, tal como ocurrió con los cuatro jóvenes que quemaron una micro en calle Carmen, el pasado viernes 8 de septiembre, y que quedaron en internación provisoria.