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Hombre, de nacionalidad haitiana, fue aprehendido en la vía pública por carabineros luego de que sujeto se comunicara con la policía uniformada debido a la actitud sospechosa del individuo. Caso quedó en manos de la BH.

Carabineros encontró en las afueras de domicilio un vehículo con impactos balísticos y que contaba con encargo por robo con intimidación. Al interior de la residencia, fueron hallados los otros cuatro automóviles.

Carabineros de la 31 Comisaría de San Ramón incautó 7 revólveres, 6 pistolas, 42 municiones de distintos calibres, 5 cargadores, entre otros implementos. La policía no descarta que el –hasta ahora- único aprehendido pueda estar vinculado con bandas criminales que hayan solicitado de sus servicios.

Por causas que aún son motivo de investigación, el detenido habría disparado contra ambos la madrugada del 11 de septiembre al exterior de una botillería de esta comuna.

Abogado defensor Mauro Figueroa, que no es titular en la causa, señaló que su colega a cargo del caso debió ausentarse "por una contingencia" y que él no tenía conocimiento de la carpeta. Jueza, al ver que no se acordaron los delitos que se imputarán, no fijó una nueva audiencia de juicio abreviado.

La persona fallecida recibió impactos balísticos.

El sujeto saltó una pandereta y destruyó una mampara de vidrio y una puerta para acceder a oficina de la autoridad municipal.

La exautoridad comunal, quien es acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado, se encuentra en prisión preventiva, en Santiago Uno, hace casi un año.

La jueza Marcela Dattas fijo el lunes 18 de julio a las 9.00 para realizar la nueva audiencia, donde se discutiría, además, la posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado. La fiscalía pide que acepte su responsabilidad en los dos casos de sobornos imputados. Con ello, el exjefe comunal de San Ramón podría dejar la cárcel y quedar con otra medida cautelar.

Eduardo Bermúdez trabajó en el puesto de confianza de Miguel Ángel Aguilera entre 2018 y 2020, y antes se había desempeñado en la Segegob en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en la época en que estaba como ministro el extimonel del partido y hoy presidente del Senado, Álvaro Elizalde.

El edil DC del municipio de la zona sur de la Región Metropolitana levanta una voz de alerta ante la crisis que el país vive en términos de delincuencia. Afirma, en cuanto a la gestión del nuevo gobierno, que “hay una desconexión de Interior con la realidad de los barrios más vulnerables” y que “están más preocupados de las señales que de ejecutar”.

A pesar de llevar casi nueve meses en prisión preventiva en una causa asociada a delitos de corrupción, el ex alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera cuenta con una máquina de apoyo que intenta salvarlo de una condena en el Tribunal Electoral, que organiza funas diarias a las actividades en terreno del nuevo alcalde de la comuna, Gustavo Toro, y que ha pasado por posiciones estratégicas en otros municipios del sector.

El siniestro afectó a una empresa de mote emplazada en la caletera de Américo Vespucio con calle Independencia. Voluntarios de bomberos evitaron que el fuego se propagara a las casas aledañas.

El fiscal jefe de Delitos Generales de la Fiscalía Sur, Víctor Núñez, acusó que el exjefe comunal Miguel Ángel Aguilera presentó documentos falsos para avalar el incremento en sus ingresos. Se trataba de un contrato de compraventa que -según el investigador- es falso. Esto último en base a que los propios notarios no habrían reconocido los documentos como fidedignos. Mientras, la defensa del exalcalde de San Ramón sostuvo que "no es prudente que el Ministerio Público afirme que los documentos son falsos, cuando estamos en medio de una investigación y aún faltan diligencias importantes para acreditar si estos documentos privados son o no verdaderos".

Por tercera vez la defensa del ex jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera imputado por diversos delitos de corrupción intentó revocar su prisión preventiva en la que se mantiene desde el 26 de julio de 2021. En su resolución, la magistrada Marcela Dattas del 15° Juzgado de Garantía sostuvo que “acá se ve afectado un bien jurídico que es demasiado importante que es la fe pública”.