Las investigaciones contra el exgobernante entran a su última etapa, y podría recibir una condena de hasta 35 años. Otros dos exmandatarios peruanos están presos.
2 ene 2024 08:30 PM
Las investigaciones contra el exgobernante entran a su última etapa, y podría recibir una condena de hasta 35 años. Otros dos exmandatarios peruanos están presos.
Jorge Barata admitió el jueves en un juicio que la compañía financió las campañas de Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, a cambio de obtener licitaciones públicas. Dijo que la firma también aportó dineros a la campaña de Keiko Fujimori en 2011.
El exmandatario está acusado de recibir unos US$ 35 millones a cambio de licitar a favor de la empresa brasileña Odebrecht el proyecto de construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.
Con la llegada del exmandatario a Lima durante la mañana del domingo, solo un destino estaba previsto para su reclusión luego de que Estados Unidos lo extraditara: la cárcel de Barbadillo. Pero no estará solo. El mismo penal es habitado por el recientemente destituido Pedro Castillo y Alberto Fujimori, rival de Toledo en las históricas elecciones de 2000. Ollanta Humala también cumplió prisión preventiva en ese recinto entre 2017 y 2018.
El expresidente peruano arribó al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, escoltado por la policía local.
El exmandatario peruano se entregó ayer a las autoridades de Estados Unidos a la espera que comience su proceso de extradición a su país, por un caso de colusión y lavado de activos por más de US$ 30 millones.
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) es reclamado por la justicia peruana desde finales de 2017, está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a la empresa Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El juez Thomas S. Hixson de San Francisco ordenó al expresidente peruano, que ha estado bajo arresto domiciliario, que se entregue el viernes a los agentes del Servicio Federal de Alguaciles en San José.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California desestimó el pedido de la defensa del exmandatario, por lo que el juez Thomas Hixson ordenó a Alejandro Toledo entregarse este viernes. Sin embargo, habría presentado dos nuevos recursos para evitar su repatriación.
El expresidente está acusado de aceptar unos US$ 35 millones en sobornos vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Los fiscales peruanos lo demandaron por confabulación y lavado de dinero y su país busca extraditarlo desde 2018.
El Departamento de Justicia estadounidense dijo que fiscales del organismo detectaron que 1,2 millones de dólares de los sobornos que la constructora Odebrecht le pagó al exmandatario peruano fueron transferidos a dicho país. Toledo es procesado en Perú por recibir sobornos de la empresa brasileña por más de 30 millones de dólares.
El exmandatario es requerido por la justicia de su país por acusaciones de corrupción relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht. “Toledo ahora busca volver a litigar tres argumentos que la corte de extradición ya consideró cuidadosamente y rechazó”, expresó la fiscal estadounidense Stephanie Hinds en un documento de 50 páginas que firmó junto a otros colegas. “Estos argumentos tienen menos mérito aún que antes”, señaló. Odebrecht admitió a fines de diciembre de 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un país con un historial de cinco mandatarios en cinco años, el actual Ejecutivo izquierdista intenta calmar los ánimos a una semana de su primer cambio de ministros. Expertos apuntan a la unicameralidad del Congreso, la corrupción y la carencia de partidos consolidados como razones de la profunda crisis política de Perú.
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el estudio jurídico panameño estableció compañías opacas "para 160 políticos y funcionarios".
El exmandatario fue detenido en 2019 en Estados Unidos por una solicitud de extradición ligada a sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó en su país.