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El exfuncionario del Departamento de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) dice que el fallo que absolvió al general (r) Fuente-Alba también pone de manifiesto "una falencia en el sistema antilavado. Nadie lo ha dicho y hay que hacerse cargo".

"Esto, insisto, es un proceso todavía pendiente, todavía quedan recursos por interponerse", aseguró.

Francisco Bravo, presidente de la asociación de persecutores, descartó falta de rigurosidad del Ministerio Público en el caso. El fiscal jefe anticorrupción Eugenio Campos, en tanto, dijo que se tiene que esperar la lectura del fallo "para ver todo el razonamiento de la prueba que hizo el tribunal".

Han pasado 24 horas desde el veredicto absolutorio dado a conocer este lunes 13 a favor del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente Alba y su esposa, declarados inocentes de los cargos por lavado de dinero en los que la Fiscalía pedía 15 años de cárcel. Los acusadores, en los que está incluido el CDE, aún no salen del asombro de la batería de críticas que hubo respecto a la dirección de la indagatoria por parte del Ministerio Público y la deficiente calidad del peritaje contable desarrollado por la PDI. La resaca judicial aún resuena por los pasillos de tribunales, y no pocos buscan en qué punto falló la persecución penal de un caso que se inició hace una década.

El retirado general aseguró que no volverá a emitir declaraciones puesto que “la causa de sede militar está abierta”.

La jueza Carolina Escandón apuntó directamente al trabajo investigativo, el cual fue llevado a cabo por el fiscal José Morales y la Brigada de Lavado de Activos de la policía. "Si bien la detección de patrones sospechosos es el punto de partida, una acusación de lavado de activos debe ir mucho más allá, donde la solidez probatoria es fundamental", señaló la magistrada. Se trata del mayor fracaso del Ministerio Público desde el caso Bombas I.

El Ministerio Público estaba solicitando 15 años de presidio para el retirado general. Se le acusó a él y a su esposa, Anita María Pinochet, de un presunto delito que tenía como base la malversación de caudales públicos por el uso de dineros de gastos reservados de la institución uniformada.

El Ministerio Público pide 15 años de prisión para el excomandante en jefe del Ejército. El persecutor, José Morales, inició hoy su alegato de clausura, donde detalló que los acusados hicieron 635 movimientos de depósitos en efectivo y pago de tarjeta en dinero en efectivo en 1.265 días bancarios. El juicio oral comenzó su etapa final.

El Ministerio Público pide 15 años de presidio para el excomandante en Jefe del Ejército y 10 años de presidio para su esposa.

El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado alude a “reportes ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de los agentes del orden”. Asimismo, aborda los casos que involucran a los exalcaldes Miguel Ángel Aguilera y Karen Rojo, así como al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

El fiscal José Morales solicitó 15 años de cárcel para el comandante en jefe del Ejército, además de 10 años para su esposa, Anita Pinochet. El matrimonio es acusado del delito de lavado de dineros provenientes de gastos reservados, para lo cual utilizaban diferentes formas formales para blanquear el dinero, entre los que se encontraban compra de acciones, inmuebles, autos, viajes, entre otros.

Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.

El general en retiro está siendo indagado por la jueza por malversación de caudales públicos en el marco del caso “Fraude en el Ejército”.

La jueza Romy Rutherford derribó a los máximos representantes de la entidad castrense: procesó a Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018). Esta semana aceleró la salida del general (R) Ricardo Martínez tras citarlo a declarar como inculpado por el uso irregular de pasajes para viajes oficiales. Esta ha sido la estrategia de la ministra para cercar a los militares y descabezar a gran parte del alto mando.

En una estrategia similar a la que se llevó a cabo en el caso Riggs contra el fallecido dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, la consejera del CDE María Inés Horvitz presentó la acusación del Fisco con el que se llevará a juicio oral al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa por los miles de millones de pesos que, según la investigación de la Fiscalía Centro Norte y la justicia militar, habrían malversado desde gastos reservados de la institución a sus cuentas.