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La fiscalía pide penas de cárcel efectiva que suman 28 años para León Marcelo Lefort Hernández, principal accionista y gerente general de las empresas. Además de los delitos de soborno y cohecho, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, imputó a los acusados violación de secretos y lavado de activos, entre otros.

La Fiscalía alista formalización por corrupción luego de que exejecutivos de Itelecom develaran el mecanismo para sobornar al estrecho colaborador del alcalde RN Christian Gore, quien recibió $ 203 millones. Estos son los testimonios que llevaron al CDE a querellarse y exigir que se persiga a “todos los responsables”, incluido el operador UDI Álvaro Lavín, a quien se le pagaron $ 160 millones.

El organismo dirigido por el abogado Raúl Letelier resolvió hacerse parte en la arista de Puente Alto, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en contra de la empresa Itelecom, que bajo la dirección de Marcelo Lefort habría pagado una seria de coimas a distintos municipios para adjudicarse contratos públicos.

En la acción admitida a tramitación el 26 de septiembre, la sociedad extranjera declaró ser acreedor de ltelecom Holding Chile SpA, quien para garantizar la deuda que mantiene, otorgó -entre otras garantías– una prenda sin desplazamiento sobre el crédito que mantiene en contra de dicho municipio por el denominado “Contrato de Suministro y Prestación de Servicios de Recambios Masivos de Luminarias Públicas a Tecnología LED en la Comuna de Las Condes”.

El cambio en el plan de reorganización de la compañía proveedora de luminarias consiste en un aumento en el plazo de los pagos para sus principales acreedores: Banco ItaúCorpbanca, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A (CIFI) y Trilinc Global Impact Fund Cayman Ltda (TGIF). Este último ha pedido en dos ocasiones, sin éxito, declarar la liquidación forzosa de la compañía.

El fondo Trilinc, con sede en el protectorado británico del Caribe, solicitó al 26º Juzgado Civil de Santiago declarar la liquidación de la empresa investigada por casos de corrupción en el marco de licitaciones de luminarias led en vías públicas. En paralelo, la comisión de acreedores aprobó una prórroga en el plan de protección concursal que expira el día 31 de enero de 2022.

La semana pasada, BancoEstado informó a la empresa dedicada a luminarias led que le permitiría abrir una cuenta corriente. Se trata de un hito para la compañía, que desde hace un año y medio, cuando en mayo de 2020 estalló el escándalo de corrupción en que se vio involucrado su dueño, mantenía bloqueado el acceso a este tipo de instrumentos financieros. Mientras, con el mismo propósito de control de gastos y de focalización y maximización de recursos, Itelecom ha disminuido su dotación de personal a alrededor de un tercio de la que existía antes de que se iniciase la reorganización, habiendo hoy sólo cerca de 40 trabajadores.

El jueves y viernes de la semana pasada, Marcelo Lefort, dueño de la empresa de luminarias investigada por millonarias coimas a empleados municipales y del Ministerio de Energía, entregó una nueva declaración ante la fiscalía. Lo hizo luego de entregar al tribunal una serie de minutas con hechos que quería detallar en relación a alcaldes y funcionarios públicos que estarían involucrados en actos de corrupción, entre ellos los jefes comunales de Coyhaique, Alejandro Huala (PS), y de Puerto Natales, Fernando Paredes (UDI). Sin embargo, el empresario se quita responsabilidad y apunta que eran sus exejecutivos quienes hacían estas actividades ilegales.

Los ingenieros que trabajaban en la empresa de luminarias led dijeron que se reunieron varias veces con el expresidente del PPD y un gestor de Itelecom, en el Hotel Solace durante 2019. Según declararon, el exedil les comentó que tenía contactos en el municipio de Lo Prado, entre ellos, su esposa era la secretaria de planificación. Sin embargo, al final la licitación se declaró desierta. Anteriormente, en 2018, Navarrete -según declaró el directivo de Itelecom, Pedro Guerra- intentó favorecer a la empresa hablando con el alcalde de Iquique. El exjefe comunal explicó a La Tercera que se reunió dos veces con un gestor de la empresa, porque le había pedido información sobre el proyecto de recambio de luminarias y descartó irregularidades.

La junta de acreedores de Itelecom aprobó su plan de reorganización concursal. Entre los acreedores que votaron a favor están Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (CIFI) e Itaú Corpbanca. Ambas representan poco más de la mitad de los pasivos que suman $17.523 millones. Se trata de uno de los procesos más complejos desde la puesta en marcha de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, ya que se logró apartar a sus dueños investigados por casos de corrupción y el futuro de la empresa. "La empresa sobrevivió porque pudo demostrar que pagará a sus acreedores", dice Nicolás Mena, el interventor.

El pasado 9 de abril, los ingenieros que dirigían Itelecom, Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones, y Ricardo Rodríguez, director comercial, declararon nuevamente ante la fiscalía en calidad de imputados, en el denominado "caso led" en que se indaga una millonaria red de coimas a funcionarios públicos. Ambos explicaron cuáles eran las presuntas gestiones ilegales que hacía el exfuncionario del Ministerio de Energía Paul Pacheco a favor de la empresa, y el papel que habría jugado el exasesor de la alcaldesa Evelyn Matthei.

El plan de reorganización definitivo será presentado a fines de abril al 26º Juzgado Civil de Santiago. Itelecom, para poder concitar el apoyo de la banca, debió disminuir fuertemente su plana de trabajadores. Asimismo, la compañía vinculada a casos de corrupción ganó el primer round al fondo de Islas Caimán. Esto, luego de que el tribunal declarara como activo esencial un millonario préstamo que efectuó el fondo a la compañía.

En septiembre pasado, el exadministrador municipal de Chillán, formalizado por la fiscalía por presunto cohecho en el caso en que se investiga una serie de coimas de la empresa Itelecom a diversos municipios, presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. En el texto, objetó el secreto de la investigación a la que estuvo sujeto y dice que es inconstitucional que se aplique esa reserva, ya que no pudo conocer los antecedentes que se le imputan. El tribunal rechazó su requerimiento, pero con ciertos alcances para la persecución fiscal.

El 23 de febrero pasado, Marcelo Lefort declaró por segunda vez en el caso. Esta vez apuntó a los sobornos en el gobierno que le permitieron adjudicarse millonarias licitaciones. Reveló que, en total, a Paul Pacheco, quien trabajaba directamente en la la División de Proyectos de Alumbrado Público y era presidente de la comisión evaluadora de algunas de esas licitaciones, se le pagaron $140 millones desde 2017 y que, incluso, le quedaron debiendo parte de las coimas pactadas cuando era funcionario público.

Marcelo Lefort, el principal imputado por millonarios sobornos a funcionarios públicos en el negocio de las luminarias led, ha presentado dos informes periciales al tribunal para intentar acreditar su arraigo social y familiar, además de lo mucho que le ha afectado su estadía en la cárcel, y así poder sustituir la medida cautelar que lo ha tenido casi un año privado de libertad. Según los documentos, hoy destina su tiempo a "diseñar proyectos y a replantearse temas vitales" en medio del encierro en el anexo Capitán Yáber. En febrero fue la sexta y última vez que intentó -sin éxito- cambiar su medida cautelar.