El 17 de enero del 2018, el Servicio de Impuestos Internos liberó al empresario de una millonaria sanción, tomando en cuenta los descargos por prescripción a los que apeló la abogada del dueño de Factop. Las observaciones eran por diferencias al impuesto Global Complementario, entre los años 2009 y 2012; sin embargo, luego de acoger los descargos del "contribuyente" se le liberó de toda multa. Según ya ha declarado Leonarda Villalobos ante la Fiscalía, no hubo sobornos a funcionarios público e, incluso, se refirió a los "$ 140 palos" que se hacen mención en el audio para el supuesto pago de coimas, algo que, dijo, correspondía a sus honorarios firmados por los Sauer y también por Rodrigo Topelberg. Todo, ya fue adjuntado a la investigación.
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A casi una semana de cumplir su medida cautelar en la cárcel, la defensa del representante legal de Democracia Viva pidió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta modificar su condición. Dice que la medida es "desproporcionada" y que no recibió “ningún peso proveniente de los $ 426 millones de pesos transferidos por la Seremi de Vivienda a la fundación". Carlos Contreras también apeló.
El exrepresentante de la fundación, que dio origen al denominado caso líos de platas, fue formalizado el viernes pasado por tres delitos de fraude al Fisco.
Ambos imputados fueron formalizados por el fiscal Cristián Aguilar por tres delitos de fraude al Fisco en medio de la suscripción de convenios entre la ONG ligada a RD y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y como determinó la magistrada, se expusieron elementos suficientes para acreditar su participación en los hechos.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta estimó que hay “antecedentes fundados de participación” de los imputados en los ilícitos indagados. Se fijó un plazo de investigación de seis meses.
A través de WhatsApp, el entonces presidente de Democracia Viva le ofreció a la concejala de Antofagasta la iniciativa que desencadenaría en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la ONG. Además de eso, la también exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez compartió a Andrade una serie de contactos de militantes de Revolución Democrática para que trabajaran en los convenios. En los mensajes incluso se lee la celebración de Fuica por la posibilidad de acceder a trabajar en el Minvu. "Eh, eh, eh eh", festeja.
Desde que se inició el caso, a mediados de junio, desde el círculo de la diputada insistían en que no era sospechosa de ilegalidades y que su figura estaba sólo radicada en calidad de testigo. Sin embargo, a casi cinco meses del escándalo, a través de una petición al tribunal para acceder a sus teléfonos, los persecutores definieron su rótulo. Ahora, van por sus comunicaciones y contactos telefónicos.
Durante la primera jornada, el tribunal declaró legal su detención. "Ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”, expresó el fiscal Cristian Aguilar sobre los exmilitantes RD. Persecutor no descartó nuevas formalizaciones en el caso.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
Diputada explicó trazabilidad de los depósitos y dio su versión. "Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios", aseguró.
El documento tributario emitido por la ONG al partido oficialista evidenció que la organización no contaba con experiencia en trabajos realizados en campamentos, ya que era la primera factura que emitía Democracia Viva. Pese a que tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras le habían asegurado a su partido que la fundación era idónea para la realización de focos group que luego serían rendidos ante el Servel, la propia directiva -al estallar el caso- se dio cuenta de que los militantes le habían mentido.
Tras conocerse la declaración de Tatiana Rojas, volvió a quedar en entredicho las explicaciones que ha brindado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien recalca que no tuvo antecedentes hasta antes del 16 de junio, momento en que estalló el escándalo que involucra a organismos públicos y fundaciones.
La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que los arrestos de los dos implicados en el denominado caso líos de platas “son una señal de que la justicia avanza” y destacó que la Fiscalía “habla con resultados”.
La diputada -suspendida de su militancia en RD- insistió en que no ha "recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva”, la fundación de su expareja que dio origen al denominado caso líos de platas.
La detención del fundador de la fundación y del exseremi de Vivienda de Antofagasta remeció a la alianza de gobierno en la antesala del referéndum constitucional. La situación deja en un pie complejo a los adherentes del "En contra", en consideración de que la derecha se ha encargado de establecer un vínculo entre los comicios y el devenir del gobierno de Boric. Tampoco han ayudado las declaraciones de algunos personeros oficialistas, como las del diputado Diego Ibáñez, quien dijo que "un triunfo del ‘A Favor’ es un retroceso para la agenda del gobierno".