A raíz de la no devolución de dineros transferidos para un programa de salud mental, el Gobierno Regional Metropolitano estampó una querella por apropiación indebida en contra de la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez. Adelantan, igualmente, que presentarán acciones civiles para recuperar el dinero, por lo que piden una serie de diligencias respecto al patrimonio de la ONG.
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